La defensora general, Jaquelina Balangione, presentó un recurso de hábeas corpus por la escasez y falta de calidad en la comida a personas privadas de la libertad en cárceles santafesinas. La queja fue aceptada por la justicia que le ordenó al gobierno provincial que resuelva el tema en 72 horas. La irregulridad fue generada en la falta de pago a proveedores. Como si fuera poco, Balangione reveló que "con estas bajas temperaturas, los presos utilizaban fuelles (calentadores) para cocinar y se les retiraron. Disminuyeron las raciones y desde hace dos semanas no les dan el pan diario”. Desde el Servicio Penitenciario admitieron que el servicio se vio temporalmente resentido por una suspensión de entrega de mercaderías a causa de demoras en los pagos, pero que la situación se normalizó a principios de este mes.

Funcionarios del Servicio Penitenciario provincial y autoridades del Ministerio Público de la Defensa fueron convocados por la Justicia para participar ayer de una audiencia en la que se discutieron las condiciones y calidad del régimen alimenticio que reciben los internos alojados en las cárceles de Santa Fe, luego de un Hábeas Corpus correctivo y colectivo presentado la semana pasada por la Defensora General a raíz de una "disminución ostensible tanto en la calidad como en la cantidad" de las raciones diarias de los reclusos; y con ello, de un "agravamiento en las condiciones de detención".

La funcionaria había enviado el 5 de julio una nota al secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, reclamando que se fundamentara por qué se había visto afectada la calidad de los alimentos distribuidos en los penales, y por qué tampoco se estaba cumpliendo con la distribución diaria de pan, considerado "sustento de la alimentación de los internos". Balangione advertía en su escrito que la situación descripta implicaba una "vulneración" de los derechos de las personas privadas de su libertad, y exigía una solución de manera "urgente". Dos días después, Balangione presentó el habeas corpus dado que de este modo en los penales se "vulnera el derecho a la vida y a la salud, consagrados constitucionalmente".

La funcionaria explicó que "el jueves pasado presentamos un hábeas corpus por los alimentos que reciben los presos de la provincia. Ahora se pusieron al día con el pago a los proveedores de los alimentos. Pero además pedimos la información nutricional de las comidas que ingieren los presos”.

Al mismo tiempo, indicó que “hace unos 15 días no se les da sandwiches a los presos. La calidad de la comida es mala, los alimentos a veces están crudos, les preparan fideos con carne picada cruda”. En ese sentido, la funcionaria provincial puntualizó: “Le tiran la pelota al Instituto Autárquico de Industrias Penitenciarias (IAPIP). Pedimos un informe acerca de la cantidad y calidad de la comida, si el ente autárquico no cumple, la autoridad de aplicación es el servicio penitenciario”. Y amplió: “La comida se produce dentro de los mismos penales, con la mano de obra de los presos, se depositan muchas expectativas de la comida que las familias proveen. Muchos internos se solidarizan con los presos que no tienen recursos y comparten esas comidas que les llevan las familias”.

Balangione subrayó que “los internos tienen calentadores para cocinar su comida o tomar algo caliente con estas bajas temperaturas. La cárcel de Coronda, por ejemplo, no tiene vidrios, con este frío es necesario que los presos puedan tomar una taza de té o mate cocido caliente”.

A 24 horas de la presentación del habeas corpus el Servicio Penitenciario explicó ante la jueza Sandra Valenti de las condiciones en las que se estaba brindando el servicio de alimentación en las cárceles. Se informó que los menúes son definidos y diagramados por profesionales de la nutrición, en función de un determinado aporte calórico.

Sin embargo, el mismo reporte advirtió que a inicios de julio, los proveedores de los víveres que se utilizan a diario para la elaboración de esas raciones decidieron dejar de entregar mercadería al Servicio Penitenciario "por falta de pago". Según precisa el informe oficial, estaban vencidos los pagos "de abril y mayo"; ante el incumplimiento y frente a una situación incierta por la coyuntura económica, los proveedores plantearon que se les hacía "imposible seguir trabajando". Frente a ello, lo que hizo el Servicio fue "realizar ajustes" sobre el stock de mercaderías que quedaba en las Unidades; se "modificaron" los menúes establecidos y se continuó brindando el servicio pero, claramente, con la afectación denunciada por los internos.

Respecto del pan, las autoridades del Servicio describieron una situación similar; en este caso, se aclaró que su provisión depende del Instituto Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP). Dicho organismo informó que ante la falta de pago, los proveedores se habían negado a seguir entregando materia prima (harina), hasta tanto se regularizara la situación. "Ante la falta de pago (al proveedor de harina), el pan no se entregará en las unidades hasta que se solucione el inconveniente", se advirtió.

En el informe del Servicio, se aclara que a principios de julio, el Poder Ejecutivo firmó los decretos respectivos para liberar los pagos pendientes a los proveedores. A partir de ello, la situación tendería a normalizarse.