El Consejo de la Magistratura dispuso intervenir el área interna que se ocupa de la guarda y registro de las declaraciones juradas de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. La decisión, tomada en una reunión a puertas cerradas convocada por su presidente, el cortesano Horacio Rosatti, es consecuencia del descubrimiento por parte de una empleada de esa oficina de que 24 sobre lacrados fueron abiertos y otros 9 podrían haber sido manipulados, tema que es objeto de un sumario interno y de una investigación penal. Los consejeros resolvieron también mudar a otro edificio las 11.500 declaraciones juradas de quienes integran el poder estatal más estable, endogámico y acaudalado de la administración pública.
Tal como informó Página/12, la semana pasada Rosatti prefirió no esperar al plenario de este viernes y convocó de urgencia al resto de los consejeros para tratar a puertas cerradas la cuestión de las declaraciones juradas y su custodia, tema de extrema sensibilidad dado que magistrados y magistradas son poco afectos a su exposición pública y menos aún a la de sus patrimonios.
El episodio que alteró los ánimos de sus señorías se inició hace casi un mes, el martes 21 de junio, cuando tras un fin de semana largo (con dos feriados) una empleada de la “Oficina de Declaraciones Juradas” a cargo de María Victoria Pérez Boyonzo advirtió signos llamativos: una puerta entreabierta que debía estar cerrada, una cerradura trabada y un escritorio con algunos cambios. A partir de ese descubrimiento, el secretario general del Consejo, Mariano Pérez Roller, hizo una denuncia penal por violación de secreto que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, en la que interviene el fiscal Ramiro González.
Antes de impulsar la acción, el fiscal le formuló una serie de preguntas al Consejo (si faltaban elementos, si se forzaron cerraduras, si había cámaras de seguridad, etc.), por lo que Rosatti ordenó un primer relevamiento del que surgieron los elementos iniciales de la causa: por un problema informático en todo el Poder Judicial registrado el jueves 16 de junio a las 14.21, los registros fílmicos se interrumpieron todo el fin de semana largo y hasta el miércoles 22 a la mañana; se hallaron “marcas y/o manchas oscuras cercanas a la cerradura, un tornillo salido de una de ellas y la tapa de la caja térmica para la luz de la cocina, abierta y con las llaves térmicas levantadas”. El hallazgo central fue que encontraron 24 sobres de declaraciones juradas de 2021 “abiertos y alterados” y otros nueve cerrados pero “que por su aspecto podrían haber sido manipulados”.
Del análisis de los nombres de magistrados seleccionados por quien husmeó pero a priori no se llevó ningún papel surge una sola coincidencia sugestiva: están los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del Tribunal Oral Federal 2 a cargo del juicio en la causa “Vialidad”, uno de los muchos procesos impulsados por el aparato de inteligencia macrista contra Cristina Fernández de Kirchner, que llega a su etapa final sin pruebas ni menciones siquiera que vinculen a la actual vicepresidenta con supuestos sobreprecios o direccionamiento en la concesión de obras en rutas a favor de Lázaro Báez. Aunque el dato puede interpretarse de distintas maneras, fue aprovechado de inmediato por los medios afines a la oposición para instalar alguna idea de sospecha y embarrar la cancha. Otros jueces y juezas cuyas declaraciones juradas fueron abiertas son Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci, de la Cámara de Casación, el juez federal Ariel Lijo, la jueza civil Agustina Díaz Cordero, que trabajó para el Ministerio de Justicia durante la gestión cambiemita y es actual consejera, y también camaristas laborales y secretarios/as de tribunales como Casación o el Tribunal Oral Federal 1.
Lo concreto es que, mientras se instruye el
sumario interno y el fiscal González avanza con las primeras medidas de prueba,
el Consejo se reunió “en sesión reservada”, según informó en un
comunicado, y tomó una serie de decisiones. Por un lado ratificó lo actuado por
Rosatti y dispuso intervenir el área responsable de custodiar las declaraciones
juradas, tarea que encomendó al secretario general Pérez Roller. En segundo
lugar, determinó “la necesidad de proveer el pronto traslado de las
estructuras de guardado de las declaraciones juradas a otro edificio del Consejo y robustecer los sistemas de
seguridad que las preservan, a la vez que reconducirlos a las tecnologías
vigentes”, tarea para la que fijaron un plazo de 30 días. Al cuerpo
de auditores le pidieron “la pronta tramitación de las actuaciones disciplinarias” y la “emisión
de informes parciales de avance que permitan complementar la intervención
ordenada”. Por último, a fin de “armonizar la recepción de las declaraciones
juradas periodo 2021 con la puesta en marcha de las medidas de gestión y
seguridad a implementarse”, pusieron a consideración del plenario “la
posibilidad de readecuar su cronograma de presentación”.
