La diputada provincial Susana González ratificó la denuncia que presentó días atrás contra el procurador provincial Julio Conte Grand por el supuesto funcionamiento de una "Gestapo" dedicada a perseguir en los tribunales a los trabajadores del Astillero Río Santiago y a proteger a los funcionarios que allí designó la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.
González se presentó ante la fiscal Laura Roteta, que tiene delegada la investigación en la que también interviene el juez Alejo Ramos Padilla. Según la diputada, la causa debe tramitar ante la Justicia Federal porque uno de los directivos del Astillero habría reportado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En una nueva presentación, González también pidió que se investigue al exinterventor del Astillero, Daniel Capdevilla, por presunto lavado de activos. Inicialmente, la legisladora había dicho que, en medio de una investigación contra el gremio ATE, un peritaje arrojó que las autoridades del Astillero habían malversado 95 millones de dólares, pero que un fiscal cercano a Conte Grand no quiso poner la lupa en ese delito.
La presentación original de González sostiene que hubo una política en la gestión del Astillero Río Santiago durante la gobernación de Vidal de perseguir a los trabajadores. Para eso, afirma, se designó al frente de dos áreas claves: Seguridad y Recursos Humanos, a Ricardo López, quien habría reportado en la AFI.
El lawfare como “blindaje”
Por AM750, González aseguró este jueves que todo este entramado tiene que ver con el lawfare que “le dio” a los funcionarios del gobierno anterior “una impunidad infinita y un blindaje terrible”. Como ejemplo de esta guerra judicial, denunció que “Conte Grand era el único procurador que tenía un teléfono encriptado de la AFI”.
Frente a esto, la diputada aseguró que presentaron el pedido para el juicio político. Pero aclaró que “no tienen los números necesarios para avanzar ni siquiera en la comisión investigadora”. “No nos dan la posibilidad de investigar si el procurador es inocente o hay prueba de todos los delitos que cometió”, dijo.
Y aclaró que la gravedad de los sucedido trasciende los límites del territorio bonaerense: “Es una situación espejo con Casal a nivel nacional. Es una trama muy trabajada que tiene que ver con una red dispuesta a cometer todo tipo de delitos”.
