El Gobierno de Estados Unidos publicó una carta dirigida a los médicos de todo el país, en la que les recordó que, como profesionales, deben realizar abortos en caso de que haya una emergencia médica para la madre y al margen de lo que digan las leyes de cada estado.

La misiva, que lleva la firma del secretario de Salud y Servicios Humanos de la administración de Joe Biden, Xavier Becerra, fue enviada después de que la Suprema Corte revocara la protección legal al aborto semanas atrás, lo que permite que cada estado controle el acceso a este derecho de manera autónoma.

En esta línea, Becerra señaló que, bajo la ley federal ya existente, si un doctor se niega a efectuar un aborto a la madre que se encuentra en una situación de emergencia médica —es decir, cuando la vida de la mujer se encuentre en peligro—, "se enfrentará a consecuencias penales".

"Bajo la ley no importa dónde vivan, todas las mujeres tienen derecho a servicios sanitarios de emergencia, incluyendo abortos", apuntó el funcionario.

En Estados Unidos, la ley federal está por encima de cualquier legislación que los distintos estados puedan aprobar y que restrinja la interrupción de embarazos, incluso en casos de emergencia médica. Las situaciones contempladas van desde embarazos ectópicos hasta desórdenes de hipertensión, entre otros.

El secretario de Salud responde así a la petición que le hizo la semana pasada el presidente Biden, cuando solicitó a los miembros de su Gobierno que tomaran medidas para proteger el acceso a los servicios de salud reproductiva de las mujeres tras el fallo del Supremo.

La mayoría de las órdenes fueron dirigidas precisamente al departamento que dirige Becerra, al que se instó a ampliar el acceso a pastillas abortivas, garantizar que todos los pacientes tengan acceso a servicios médicos de emergencia amparados por la ley y a proteger el acceso a métodos anticonceptivos.

También le pidió aumentar los esfuerzos de comunicación en materia de acceso a servicios de salud reproductiva y al aborto.

Además, la Casa Blanca y el Fiscal General de EE.UU. se comprometieron a organizar un equipo de abogados, asociaciones legales y entidades cívicas para defender a pacientes, proveedores y terceros que busquen acceder u ofrezcan servicios de salud reproductiva en todo el país.