El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires apartó al juez Andres Gallardo de la investigación sobre el uso indebido de datos biométricos del Gobierno porteño. También declaró inconstitucional la suspensión de las cámaras de reconocimiento facial que había ordenado el magistrado. Durante la tarde, Gallardo dobló la apuesta. Presentó los papeles de su investigación en la justicia federal de Comodoro Py, ante la cual denunció a las autoridades porteñas por posible violación de la Ley de Inteligencia.
"La información recolectada hasta ahora permite observar el posible uso indebido de los datos biométricos por parte de ciertos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA", sostuvo el juez Gallardo en el oficio que envió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para el sorteo de la denuncia.
En el oficio recordó que "el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos” debía ser empleado únicamente para “tareas requeridas por el Poder Judicial de la Nación, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también para detección de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, registradas en la Base de Datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc)". De acuerdo a la normativa vigente, "salvo orden judicial, se encuentra prohibido incorporar imágenes, datos biométricos y/o registros de personas que no se encuentren registradas en el Conarc".
Sin embargo, el sistema al parecer no funcionó como debía. En los últimos días, Gallardo recibió resultados de un peritaje de Policía de Seguridad Aeroportuaria que asevera que "existen personas que no deberían encontrarse en la base de datos del SRFP". El informe también señaló que "las alertas emitidas por el SRFP a los distintos oficiales de policía para la detención de personas, son remitidos a través del programa de mensajería instantánea Telegram indicando que no es seguro para el tratamiento de datos personales sensibles".
Gallardo apuntó su denuncia contra Marcelo D´Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad de la CABA); Gastón Leopoldo Navarro (subsecretario de Tecnología e Informática del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA); Cecilia Inés Amigo (coordinadora del Plan Integral de Videovigilancia de la CABA, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA); y Mariano Córdoba (Jefe de Sistemas de la Subsecretaría de Tecnología e Informática en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA).
