La suerte de la causa de la llamada “Gestapo” antisindical está en manos de la Cámara Federal de La Plata. Así lo afirmó el camarista porteño Eduardo Farah, que rechazó un planteo del juez Marcelo Martínez de Giorgi para reclamarle a la justicia federal platense la investigación  sobre cómo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), funcionarios provinciales de Cambiemos y empresarios se pusieron de acuerdo para meter preso al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

La estrategia más consecuente del macrismo ha sido buscar llevar todas las investigaciones hacia los tribunales de Comodoro Py. Después de que la Cámara Federal de Casación ordenara el pase hacia Retiro de las causas de espionaje que tramitaban en Dolores y en Lomas de Zamora, la de la “Gestapo” antisindical es la única que resiste lejos de la urbe porteña –el epicentro de influencia de Mauricio Macri y de los exfuncionarios cambiemitas–.

En el caso de la “Gestapo” uno de los que planteó que había que mudar la causa hacia Comodoro Py fue Juan Sebastián De Stefano, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI y uno de los tres espías que participó de la reunión que se hizo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia. Esa reunión fue filmada por decisión del entonces director general Gustavo Arribas y la aparición del video fue la que generó una denuncia que terminó con el procesamiento de De Stefano, sus dos compinches –Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra–, el intendente de La Plata Julio Garro, el senador provincial Juan Pablo Allan, el exsecretario de Justicia Adrián Grassi y el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien –en ese encuentro– se entusiasmó con la conformación de una "Gestapo" para perseguir a los sindicatos.

De Stefano le pidió a Martínez de Giorgi que le reclamara el expediente al juez federal platense Ernesto Kreplak. El argumento del exAFI es que Martínez de Giorgi investiga, desde antes, una trama similar –que orbita alrededor del grupo de espías conocidos como Súper Mario Bros y de las maniobras que se hicieron para espiar a los presos kirchneristas que estaban alojados en la cárcel de Ezeiza--. El fiscal de esa causa, Franco Picardi, se opuso pero Martínez de Giorgi la pidió. Tanto la fiscala Ana Russo como Kreplak rechazaron desprenderse del expediente. Entonces, Martínez de Giorgi trabó una contienda de competencia con el juzgado de La Plata y elevó el tema a la Cámara Federal porteña.

Esa elevación fue incorrecta, replicó este miércoles el camarista Farah. La explicación que dio es que la Cámara que debe intervenir es el tribunal de apelaciones del juzgado que intervino primero –es decir, La Plata–. En la ciudad de las diagonales le dijeron a este diario que es improbable –aunque no imposible– que haya una resolución antes del viernes, cuando arranca la feria de invierno. En todo caso, la discusión terminará llegando a la Cámara Federal de Casación Penal, que ya tiene un estándar de mandar las causas en las que intervinieron altos mandos de la AFI macrista hacia Comodoro Py.

Farah, además, remarcó que De Stefano no es el único que está pidiendo el pase a la tierra prometida de Retiro. Dijo que otros, como el exjefe de gabinete de la AFI Biorci, fueron a colgarse de una denuncia que había presentado el “Pata” Medina en 2019 --en la que denunciaba un armado en su contra-- para reclamar que el expediente de la “Gestapo” se anexe a ése. Allí, Biorci, Allan y Garro contaron con la inestimable ayuda del fiscal Carlos Stornelli –procesado por sus andanzas con el espía Marcelo Sebastián D’Alessio– para reclamar la causa. El juez Daniel Rafecas no les hizo caso, pero el camarista Martín Irurzun anuló su decisión.

Al momento de dictar los procesamientos, Kreplak sostuvo que la embestida contra el “Pata” Medina se tomó en los escalones más altos del gobierno, lo que implicaría que, en una segunda etapa de la investigación, podría enfocarse tanto en Macri como en la exgobernadora María Eugenia Vidal. Todo parecería indicar que Kreplak espera que confirmen esos procesamientos en la Cámara platense para darle nuevo impulso a la pesquisa.

Hasta ahora, Vidal no estuvo involucrada en ninguna de las causas de espionaje, pese a que el propio Arribas y su número dos, Silvia Majdalani, dijeron ante la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) que con ella decidieron dónde se instalarían las bases que la exSIDE desplegó en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Esa trama fue investigada en Dolores por el juez Alejo Ramos Padilla, quien sostuvo que se trató de un claro ejemplo de espionaje político.

Después de la mudanza a Comodoro Py, la Cámara Federal porteña tiene que revisar la veintena de procesamientos que hay en la causa del Proyecto AMBA. Por estas horas, en las vocalías de los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia revisan el procesamiento del propio Macri por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Podría haber definiciones antes de la feria, comentaron fuentes de ese tribunal.

El panorama no es especialmente alentador para las querellas. El fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, pidió anular el procesamiento del expresidente porque dijo que no pudo defenderse correctamente. Es el mismo fiscal que sostuvo que investigar las visitas de distintos camaristas a Macri era esmerilar la dignidad del Poder Judicial. Llorens y Bertuzzi ya dijeron en otro expediente que no creen que haya existido un plan masivo de espionaje durante el macrismo. El final está abierto.