A una semana de los allanamientos generalizados contra organizaciones populares en Jujuy, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos inició una nueva visita al feudo de Gerardo Morales, donde se propone continuar con el relevamiento y la denuncia de violaciones a los derechos humanos y, en el corto plazo, evitar las posibles detenciones de los y las militantes que el aparato judicial subordinado al caudillo radical parece haberse fijado como nuevo blanco.
El martes a la noche, seis días después de los 16 allanamientos simultáneos en locales, comedores, merenderos y casas particulares de quienes son estigmatizados y criminalizados por administrar los planes Potenciar Trabajo, las y los allanados –que pese a la brutalidad de los operativos y a la supuesta investigación previa no están imputados por ningún delito– fueron notificados de que debían presentarse este miércoles por la mañana junto con peritos informáticos para proceder a abrir los pendrives, celulares y computadoras que les secuestró la policía provincial.
El Ministerio Público de la Acusación, que Morales controla desde 2016, rechazó los planteos de sus abogados por las irregularidades en los procedimientos (en la mayoría de los casos les impidieron estar presentes) y también el pedido para que suspendieran las audiencias convocadas con pocas horas de anticipación. "Al cumplir cinco horas de audiencia pedí un cuarto intermedio, todos estamos cansados, incluso los propios funcionarios. Me rechazaron el pedido. Ya no podemos ver ni leer las actas”, apuntó el abogado Luis Paz este miércoles por la tarde, cuando ya llevaba ocho horas de audiencias.
“Acá no entiende el que no quiere. Intervención federal al Poder Judicial ya”, reclamó, en línea con el pedido de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que conforman el Frente Milagro Sala.
Solidaridad, episodio 3
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos se gestó tras el golpe de Estado en Bolivia en 2019, cuando un grupo de militantes viajó a relevar y a denunciar las múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno de facto de Jeanine Añez. “Después tuvimos intervenciones ante distintas situaciones que lo ameritaban, con compañeros y compañeras que participaron de actividades en Colombia, Paraguay, Chile, y ese mismo año hicimos dos visitas a Jujuy que derivaron en el informe que presentamos en octubre del año pasado”, repasa el abogado Sergio Job, militante de la Unión de Trabajadores Rurales que forma parte de la UTEP Córdoba y coordinador regional de la zona centro de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
“En aquel momento sistematizábamos 43 situaciones de graves violaciones a los derechos humanos que tenían que ver sobre todo con que el Estado jujeño, en particular su Poder Ejecutivo, manipulaba e intervenía otros poderes con una impunidad impresionante. Los casos que relevamos incluían desde femicidios impunes por su relación con fuerzas policiales y sectores del poder hasta las detenciones de las compañeras de la Túpac, y en medio un montón de situaciones complejas. Nos dividimos en grupos, recorrimos el interior de la provincia y encontramos mucho temor, miedo a hablar, nos mostraban un montón de denuncias que no avanzaban, y terror a hablar sobre todo en la zona de Ledesma que maneja (Carlos) Blaquier”, recuerda.
Luego de aquella visita de cuatro días y de la difusión del informe, “gente de distintas comunidades y organizaciones nos empezaron a contactar para denunciar todo tipo de situaciones, por lo que empezamos a organizar una nueva misión de la Comisión en principio para agosto de este año”, que decidieron adelantar ante la última embestida del gobernador Morales contra las organizaciones sociales.
Estatal y paraestatal
“Ante los 16 allanamientos que entendemos fundados en motivaciones absolutamente políticas contra dirigentes de organizaciones sociales, sus locales, merenderos y comedores, entendimos que había una urgencia que ameritaba adelantar el viaje, y aquí estamos”, apunta Job, que se hace un espacio para hablar con Página/12 en medio de una asamblea.
El objetivo más urgente que se plantea la Comisión de Solidaridad es impedir que las y los militantes que padecieron los allanamientos sean detenidos antes de la feria judicial. “Por las carátulas en principio pareciera que están orientando la investigación hacia los delitos de extorsión y asociación ilícita, lo que implica que, por el monto de las penas y por la arbitrariedad con la que actúa el Poder Judicial jujeño, podrían dictarles la prisión preventiva. En ese marco nos parece fundamental venir al territorio, mostrar solidaridad y evitar el agravamiento de un situación de por sí muy preocupante”, explica.
El segundo objetivo es continuar con la recolección de denuncias de quienes son perseguidos por el aparato paraestatal jujeño. “Recién comenzamos la asamblea y ya se acercaron varias comunidades originarias que están siendo violentadas o desalojadas o que les matan los animales en alianza entre policías, grupos paraestatales, poder judicial y empresas que quieren quedarse con sus tierras. Ya estamos empezando a escuchar situaciones que exceden por mucho a los allanamientos, inclusive de compañeros y compañeras de movimientos sociales que fueron torturados durante sus detenciones”, apunta.
La Comisión está integrada por militantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Para este jueves esperan la llegada de Pablo Pimentel, de la ADPH Matanza, y de la diputada Natalia Zaracho. Entre los presentes, Job apuntó a “compañeros del Encuentro de Organizaciones de Córdoba, del MTE de La Plata, de la CTA-A” y destacó que “por primera vez (la Comisión) cuenta con el acompañamiento de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia”, no sólo por su presencia (es coordinador de la regional zona centro) sino también de los coordinadores del NEA y el NOA. “Estamos acompañando y tratando de aportar herramientas porque entendemos que nuestra función en el Estado es defender las instituciones democráticas y los principios que tienen que ver con el acceso a la justicia”. “Jujuy atraviesa una situación sumamente preocupante en términos de democracia, de respeto a la institucionalidad y los principios republicanos, de garantías constitucionales y penales. Todo eso en Jujuy está en suspenso a partir de la decisión de un Poder Ejecutivo que utiliza al Judicial como grupo de choque y persecución”, destacó.
