Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto impulsado por el bloque del Frente de Todos y por el cual se establecen las Inhabilidades Constitucionales para el ejercicio de la Función Pública. 

El proyecto fue debatido intensamente debido a que había en la Cámara una iniciativa similar del bloque del PRO. Actualmente Catamarca tiene un intendente condenado y encarcelado por abuso sexual y dos intendentes en funciones imputados por hechos similares sin que hayan renunciando a sus cargos.

A diferencia de los proyectos que se aprobaron en otras provincias en el marco de la campaña denominada “ficha limpia”, el aprobado en Catamarca apunta a garantizar la aptitud y habilidad moral y ética de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Inhabilita a la función pública a quienes hayan sido condenados a pena privativa de la libertad (aunque el cumplimiento sea en suspenso), o por inhabilitación en sentencia primera instancia y, confirmada la sentencia en segunda instancia, hasta tanto sea cumplida la pena o revocada.

El diputado Augusto Barros (FT) como miembro informante, señaló que existen diferentes iniciativas a nivel nacional y que algunas de ellas solo se limitan a la presentación de declaraciones Juradas de precandidatos a cargos electivos “pese a que ello está vigente en la normativa” o, aluden sólo a personas que “hayan sido condenados en primera instancia”. “En otras provincias que aprobaron inhabilidades lo hicieron con el sesgo de entender al Estado solamente como quienes representan a través de las elecciones, candidatos o precandidatos, ninguna incorporó en un régimen a los otros poderes del Estado” diferenció.

Por su parte, el autor del primer proyecto presentado sobre la temática, Tiago Puente (UCR-JPC) celebró el tratamiento del proyecto. “Esta no es una iniciativa en contra de nadie sino a favor de las instituciones, aplaudo que estemos debatiendo y así le pongamos un freno a la erosión de las instituciones” dijo. Por su parte, Natalia Saseta (PRO-JPC) felicitó a Puente por impulsar el proyecto y ponerlo en agenda y valoró que es “una medida que da la enorme posibilidad de fortalecer las bases de la democracia impidiendo el acceso a cargos públicos a quienes fueron condenados por hechos delictivos”. 

En tanto, Luis Fadel (UCR-JPC) consideró que es un momento “histórico institucional de la provincia” y congratuló el proyecto del FT puesto “que fueron más allá incorporando al poder judicial”.

Al debate se sumó la voz de Gustavo Aguirre (FT), quien indicó que “hoy estamos dando un mensaje, todos los partidos políticos aquí representados estamos aprobando un proyecto que se originó como una iniciativa ciudadana y que tras un profundo análisis se lo dotó de profundidad, la amplitud y el alcance que se necesita para dar una respuesta institucional contundente desde esta Cámara”. Alejandro Páez (UCR-JPC) valoró que el proyecto transparente “la política y que los ciudadanos que quieran ocupar un cargo público lleguen cumpliendo con todas las normas legales” mientras que José Sosa (UCR-JPC) destacó que es “bocanada de aire fresco para las instituciones democráticas a la provincia”.

Antecedentes

El 14 de agosto del 2020 y luego de cinco años de dilaciones, Enrique del Carmen Aybar (60), intendente de la localidad catamarqueña de Puerta de Corral Quemado, fue condenado a la pena de 6 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por la guarda. El juez de la Cámara Penal le permitió la libertad y estableció que la pena se cumpliera una vez que la sentencia quedara firme, generando, de esta forma, una disputa política y debate en los demás poderes del Estado.

Las leyes provinciales actuales no permiten apartar de su cargo al condenado, ni inhabilitarlo bajo ninguna causal. Es por esto que en debatió ese mismo año y se llegó a aprobar un proyecto de Ley que modificaba la Ley de Municipalidades e impedía que un condenado en primera instancia ocupe cargos y lo volvía retroactivo a un año atrás, para poder sacar al condenado por abuso de su puesto.

La norma fue vetada por ser considerada inconstitucional. De esta manera, la iniciativa volvió a cero.

Actualmente Catamarca ampara a dos intendentes, Franco Carletta y Elpidio Guaraz, uno imputado por golpear a sus hijas y acusado de abusar sexualmente de la madre de las nenas, el otro imputado por una denuncia por acoso sexual y coacción y también por privación ilegítima de la libertad con fines sexuales.

El proyecto actual, que aún debe ser tratado en el Senado, no impide que estos dos intendentes sigan en sus cargos ya que ninguno fue condenado. Ambos dilatan los procesos judiciales para permanecer mientras siguen ejerciendo sus funciones.