Integrantes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamaron este jueves al gobierno de Colombia que se tomen medidas para evitar que se sigan asesinando defensores de los derechos humanos, líderes sociales y excombatientes del conflicto armado, ya que esa violencia pone en “jaque” el Acuerdo de Paz en ese país.

Además, la ONU pidió a las autoridades que investiguen una denuncia de posible corrupción en el manejo de los fondos para la implementación del acuerdo.

Estos planteos se realizaron en el marco de la presentación del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ante el Consejo de Seguridad este jueves.

La Comisión de la Verdad fue creada como parte del compromiso establecido por el Acuerdo de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010 -2018) y excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.

En el informe final se plantean cambios que van desde una reforma política y electoral, crear un Ministerio de la Paz y Reconciliación, ir hacia la eliminación de la obligatoriedad del servicio militar, modificar el funcionamiento de las fuerzas militares y policiales, hasta iniciar un camino para terminar con el régimen prohibicionista respecto a las drogas y apuntar a regular el mercado.

El presidente la comisión, Francisco de Roux, dijo en el Consejo de Seguridad, que las “armas mataron a 450.000 personas, entre 1985 y 2018; 80% de las víctimas no fueron soldados ni guerrilleros, fueron civiles sin armas”. “Caminamos lugares donde se perpetraron más de 4000 masacres, terror en nuestra guerra; quisimos entender y caminar con multitudes que en su momento sumaron las 800.000 personas desplazadas durante el conflicto armado; por 50 años dejamos pasar todo eso como si no fuera con nosotros”, afirmó.

“Queremos que Colombia sea un paradigma mundial de la reconciliación [...] No más violencia, perdimos el valor de la mujer y del hombre, la guerra daña todo lo que toca”, agregó de Roux.

Planteos

El informe fue resaltado por varios países en la reunión, pero también hubo planteos. El representante de Francia dijo que la violencia en Colombia “pone en jaque” al acuerdo. Sostuvo que las garantías de “seguridad son insuficientes” y pidió al Estado colombiano que ponga “coto” al asesinato de excombatientes, defensores de derechos humanos y líderes sociales.

La representante de Irlanda pidió que se brinden los recursos suficientes para la “salvaguardia de lideresas y defensoras de derechos humanos”.

Este miércoles, la organización Instituto de estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), presentó un informe en el que señaló que en lo que va de 2022 fueron asesinados en Colombia más de 100 líderes sociales.

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, dijo que hay “obstáculos serios para la paz, por la violencia persistente contra comunidades y líderes en distintos departamentos. Entregamos el informe trimestral hace menos de tres semanas y en este lapso de tiempo fueron asesinados cuatro excombatientes”, agregó.

Investigar denuncia de corrupción

Además, la ONU pidió este jueves a las autoridades colombianas que investiguen la denuncia de presunta corrupción en el manejo de fondos para la implementación del acuerdo.

La Procuraduría General de Colombia investiga conductas presuntamente irregulares de funcionarios que habrían desviado cerca de 250.000 millones de pesos colombianos (más de 57 millones de dólares) del Sistema General de Regalías (SGR) que estaban destinados a proyectos en municipios prioritarios para el posconflicto. El senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático, dijo que denunciará al presidente Iván Duque por esta situación.

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró este jueves que las informaciones que preocupan a su Gobierno, pero dijo que hasta ahora no se ha recibido ninguna denuncia firme relativa a este caso.