En la madrugada del miércoles pasado, la policía de Jujuy comenzó a allanar las casas de por lo menos once dirigentes sociales y cinco domicilios de comedores, merenderos, cooperativas y sedes de organizaciones.
Las órdenes las expidió el fiscal Diego Funes, quien decidió abrir una investigación de oficio, justo después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala. La imputación para los militantes es "Asociación ilícita".
En este sentido, el militante del movimiento popular Nuestra América de la UTEP Jujuy, Gonzalo Maurín, explicó que en la provincia gobernada por Gerardo Morales, las organizaciones sociales están viviendo una "persecución política" y que el mandatario provincial "agudizó su odio y rabia" luego de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala.
Asimismo, señaló que la acusación de "asociación ilícita" y "extorsión" les "preocupa" y es "muy grave".
"Desconocemos el encuadre de la acusación, porque los allanamientos están encuadrados en el orden de investigación, no estamos imputados pero dicen que hay gente denunciando", contó Maurín en AM750.
Y agregó que "en Jujuy hay no solamente una criminalización de la protesta, sino también de la pobreza".
"La persecución, el lawfare a los militantes, comenzó en el macrismo y en Jujuy, que termina siendo un laboratorio para estas medidas neoliberales", remarcó.
"Los que manifestamos y denunciamos el mal gobierno que tiene Gerardo Morales, lo único que tenemos como respuesta es la persecución política, los armados de causas y cárcel", sentenció.
