El ingeniero y exempleado de la CIA Joshua Schulte fue declarado culpable por un jurado popular en Estados Unidos por encontrarlo culpable de compilar de forma ilegal información de defensa nacional y de transmitir ilegalmente al sitio Wikileaks. Tras la sentencia del jurado se espera conocer el monto de la condena contra Schulte, pero resulta un antecedente a la espera de que el Poder Judicial de Inglaterra defina la extradición de Julián Assange.   

Schulte, de 33 años, trabajaba para la CIA en el diseño de software malicioso para acceder a computadoras de supuestos terroristas hasta que decidió llevar a cabo la mayor filtración de documentación clasificada de la historia de la agencia al portal creado por Assange. La operación fue conocida como "Vault 7" y se difundió por entregas desde el 7 de marzo de 2018. 

Una semana después de esa primera divulgación, las autoridades registraron el departamento de Schulte en Manhattan, Nueva York, bajo una orden que lo consideraba sospechoso de "distribuir información de defensa nacional", y los agentes dijeron a la Justicia que se habían llevado esos documentos y algunos dispositivos electrónicos.

A principios de julio, Assange entregó al Tribunal Superior de Londres una solicitud para recurrir su extradición a Estados Unidos, que lo requiere para juzgarlo por delitos de espionaje. El activista, de 51 años, continúa en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, mientras se resuelve su apelación contra su entrega a Washington.

El pasado 17 de junio, la ministra británica del Interior, Priti Patel, firmó la orden para extraditar al periodista australiano a Estados Unidos, que lo requiere por cargos de espionaje. Semanas antes, el 20 de abril, un juez de un tribunal británico había emitido una orden de entrega a la Justicia estadounidense para que sea considerada por el Gobierno del Reino Unido. 

Estados Unidos reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal que, según su equipo legal, pueden suponer hasta 175 años de cárcel en ese país.