En el marco del conflicto del transporte público en la capital cordobesa, que suma hoy el octavo día de paro en repudio a la paritaria nacional del sector y en reclamo de la reincorporación de los despedidos por adherir a la medida de fuerza, la empresa Ersa abrió una convocatoria laboral “urgente” para “conductores profesionales”.
La búsqueda laboral de la compañía indica que se someterán a evaluación a personas “con muy buena presencia, facilidad para las relaciones interpersonales y un alto nivel de compromiso y responsabilidad”, e invitan a los interesados a enviar su Currículum Vitae por correo electrónico. Dentro de los requisitos, señalan que buscan conductores “con fuerte vocación de servicio”, mayores de 21 años, con secundario completo y experiencia de manejo en vehículos de gran porte.
Tras el despido de 77 choferes, represalia que contó con el respaldo del intendente local, el radical Ramón Javier Mestre, otros 40 choferes retomaron sus tareas, custodiados por la Policía provincial y por la Gendarmería Nacional. “Acompaño la protesta pero esto tiene un límite. Pienso en mi familia. ¿Qué hago si pierdo mi trabajo?”, expresó a un diario local uno de los conductor que abandonó el paro.
Mientras tanto, la CGT Nacional y Popular, integrada entre otros gremios locales por el Personal de los Organismos de Previsión Social, la Federación de Sindicatos Municipales Unidos, el Sindicato de Conductores de Remises y el Sindicato de Luz y Fuerza, junto con la GT Regional Córdoba, se concentraron en respaldo de los trabajadores en conflicto y contra la decisión de la Municipalidad de promover la circulación de algunas unidades custodiadas. Los choferes locales reclaman un aumento superior al 21 por ciento acordado por la UTA a nivel nacional, que la suba se realice en una sola cuota -no en cuatro- y que el futuro incremento se incorpore al sueldo básico. Además la normalización de la UTA-Córdoba, que se encuentra intervenida desde hace un año, y la renovación del parque automotor, que padece un estado de deterioro generalizado.
El intendente Mestre, por su parte, puso en práctica el Plan de Contingencia adelantado la semana pasada y reforzó la seguridad de las pocas unidades que circularon durante la jornada con la Policía y la Gendarmería.
Los choferes, a su turno, reivindicaron la justicia y la legalidad de la medida de fuerza y anticiparon que no contemplan levantar el paro. “Nos quieren meter en un plano de ilegalidad y es el propio gobierno de la provincia el que no tiene injerencia en nuestro conflicto. Ya lo dijeron ellos públicamente y, sin embargo, dictaminaron la conciliación obligatoria”, explicó Sonia Beas, la delegada de los trolebuses de la capital mediterránea. Según la dirigente, no es la primera vez que los trabajadores realizan un reclamo de estas características. “Llevamos más de diez años de ataques y la gente dijo basta. No sólo que quieren que negociemos paritarias a la baja sino que desconocen una aplicación que nos traslada el aumento de la paritaria nacional, y eso ha hecho que se pierda el poder adquisitivo”.
Marcelo Marín, delegado al igual que Beas, denunció además que el intendente Mestre en juez y parte en el conflicto, hecho que habría reconocido el ministro de Trabajo provincial, Omar Sereno, quien habría reconocido ante los huelguista que no podía hacer nada porque "hay empresas que son de Mestre; él trajo unidades de Santa Fe y de Corrientes". "Perdonen pero yo no puedo hacer nada", habría admitido Sereno sin saber que estaba siendo grabado.
Según Marín, "las negociaciones siguen abiertas", e inclusive la semana pasada el conflicto estuvo a punto de resolverse "pero vino Roberto Fernandez, de la UTA,
, y dijo 'no voy a avalar cinco mil pesos de futuros aumentos', que no pagaba él sino la empresa, y ahí se truncó la negociación". "A partir de esa fecha, hace tres días, nos ofrecen cosas peores a las que habíamos arreglado antes", agregó el dirigente germial, quien denunció que "lo único que hace Fernández es traer patotas de la UTA para que golpeen a los compañeros". "Lo único que le interesa es estar bien con los empresarios, tratar de conseguir más subsidios para los empresarios, y los empresarios aprovecharon siete mil millones de pesos en subsidios en Córdoba, y no son capaces de invertir en unidades nuevas, de volcar algo de esa parte para los trabajadores", concluyó Marín poco antes de la movilización de la jornada.
