En un nuevo capítulo de la campaña del Gobierno contra la Justicia del Trabajo, el presidente Mauricio Macri llamó otra vez a terminar con la supuesta “industria del juicio laboral”. Lo llamativo fue que lo hizo en un acto que no guardaba relación con la cuestión laboral: ocurrió durante la jura del nuevo canciller Jorge Faurie en la Casa Rosada.

Tras agradecer los servicios prestados a la saliente canciller Susana Malcorra y abundar en nuevas apreciaciones sobre la “vuelta al mundo” de la Argentina, el mandatario sorprendió al exhortar una vez más, en su breve discurso, a “enfrentar la mafia de los juicios laborales”. “Es algo que hay que enfrentar y terminar”, insistió y justificó su reclamo en la necesidad de incorporar al país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que "significa un montón de reglas".

Luego le apuntó directamente al titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, con reconocida trayectoria como abogado laboralista. Macri dijo que hay "un grupo de estudios laboralistas, que por suerte son una minoría” y “un grupo de jueces, minoritario, laboralistas, conducido por Recalde” que “le han hecho mucho daño a la Argentina".

El mandatario insistió en llamar “comportamientos mafiosos” a los juicios laborales, al apuntar directamente a los jueces y abogados que trabajan en ese fuero. "Sabemos que cuando ellos convencen a un pibe o a un trabajador de una pyme para que haga ese juicio indebido y se lo hagan ganar, es porque tienen cocinadita la cosa y ellos se llevan la mayor parte del juicio", afirmó.

El ataque de Macri al fuero que defiende a los trabajadores no es nuevo. Hoy Página/12 reveló que los ataques a los miembros del fuero laboral tienen como objetivo eliminar un escollo para una reforma laboral con pérdida de derechos y un sistema jubilatorio devaluado. A ello se suma la búsqueda del Gobierno de colonizar el fuero contencioso bonaerense.

En anteriores discursos ya el Presidente y sus funcionarios habían hablado de una “industria del juicio laboral”, algo que es desmentido por expertos en la problemática laboral. En base a esas premisas, el Ejecutivo impulsó una reforma al régimen de riesgos del trabajo en perjuicio de los trabajadores con la excusa de reducir costos laborales y mejorar la competitividad de las empresas.

La nueva ley de ART fue aprobada en febrero por el Congreso, luego de que Macri intentara apurarla por decreto en diciembre del año pasado. Establece que exista una instancia médico-administrativa obligatoria previa a la acción judicial del trabajador que sufrió un accidente o padece alguna enfermedad vinculada a lo laboral. Además, dispone que la apelación a esa Junta Médica tenga efecto suspensivo, es decir, que el trabajador accidentado o enfermo tiene que optar por cobrar la indemnización ofrecida o aventurarse en el juicio sin cobrar un peso hasta el final del proceso.

Además, en febrero el Gobierno impulsó el juicio político a los camaristas Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino porque fallaron a favor de la paritaria de los bancarios, algo que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quería frenar. La semana pasada el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Mahiques, llegó a solicitar que se analicen las publicaciones en Facebook de Arias Gilbert.