El ministro de Justicia y transparencia institucional de Bolivia, Iván Lima, anunció este miércoles que ampliará la denuncia contra la exmandataria Jeanine Áñez por los casos de las masacres en Senkata y Sacaba para que sea procesada en la vía ordinaria.
El Ministerio de Justicia ya había promovido un proceso por genocidio en contra de Áñez por los casos de Senkata y Sacaba por juicio de responsabilidades. Ese caso se encuentra en la Asamblea Legislativa a la espera de la aprobación. En el juicio de responsabilidades, según la justicia boliviana, se sanciona a altos servidores públicos principalmente por violaciones constitucionales graves.
"Nos han pedido las víctimas presentar ampliaciones a ese proceso, contra la presidenta de facto Áñez y su gabinete ministerial, y esto se va a presentar en los próximos días", dijo Lima. El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima trabaja en la ampliación de la denuncia junto con las víctimas, añadió.
En este mismo sentido, el ministro anunció además que Añez debe ser sometida también a juicio ordinario por “las irregularidades cometidas al interior de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) durante el gobierno de facto de 2019-2020” según la página oficial de la institución. En este caso, Añez fue imputada por designar, presuntamente de manera irregular, a un gerente de la EBA en el año 2020.
El ministro sostuvo que se ampliará la denuncia contra la expresidenta en la vía ordinaria, teniendo en cuenta la resolución de Amparo que emitió una Sala Constitucional. Según Lima, citando la opinión de la Sala Constitucional, el juicio de responsabilidades anteriormente adjudicado a Añez es “contrario al pacto de San José porque se realiza en única instancia” y eso está prohibido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también por el pacto de San José.
Golpe de Estado, masacres y condenas
El 10 de junio, Áñez fue condenada por la Justicia a 10 años de prisión luego de ser acusada de terrorismo, sedición, conspiración y de tomar acciones irregulares para asumir la Presidencia en noviembre de 2019, cuando se dio un golpe de Estado contra Evo Morales. Añez era para ese entonces vicepresidenta del Senado cuando se autoproclamo (fuera de la constitución y sin quorum) presidente de dicha cámara y luego jefa de Estado frente a la renuncia de Morales por un supuesto fraude electoral y la presión policial y de las Fuerzas Armadas para su dimisión.
A partir de la autoproclamación de la presidenta de facto se produjeron manifestaciones en varias zonas del país. En la localidad de Sacaba y en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, las protestas fueron reprimidas por las nuevas autoridades, provocando 37 muertes y decenas de heridos. En ambos casos, la actuación policial y militar del gobierno de turno fueron desmedidas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia -instalado en 2019 por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, calificó lo que sucedió en esos lugares como "masacres" estableciendo que "la policía y las fuerzas armadas usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado". La delegación argentina de Bolivia, por otro lado, declaró “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” durante el gobierno de Añez. Entre los delitos once delitos que remarcaba la delegación se encontraban: las masacres de Senkata y Sacaba; desapariciones de personas; torturas, violaciones y delitos sexuales; ataques contra gobernantes; persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales; represión de manifestaciones públicas; restricción manifiesta de la libertad de prensa y la promoción del racismo y los discursos de odio.
La ex mandataria, de 54 años, se encuentra detenida en la Ciudad de la Paz en la cárcel de Miraflores desde marzo del año pasado y fue condenada hace poco más de un mes a 10 años de prisión dentro del proceso que se denomina “Golpe de Estado I”. La acusada, fiel en su posición estableció en su momento que “se sentía muy orgullosa y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad”. Además, Añez tiene otro proceso abierto denominado “Golpe de Estado II” que incluye los delitos realizados antes de asumir como mandataria transitoria en el 2019.
El actual presidente de Bolivia, Luis Arce, remarcó hace unas semanas a la radio AM750 lo crucial de que se “respete el debido proceso a la señora Añez en el juicio penal” al mismo tiempo que denunció el goce de privilegios por parte de la ex mandataria como el uso ilimitado de medios de comunicación.
