"La relación entre poder económico y Fuerzas Armadas tuvo distintas formas, la provisión de cuadros empresarios como funcionarios de la dictadura, también hubo transferencia desde el Estado al capital económico. Nosotros en este libro hablamos de involucramiento directo", señaló Victoria Basualdo sobre el libro "Responsailidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina".
Victoria Basualdo es coordinadora de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos. El trabajo, del que participaron CONICET y Flacso entre 2014 y 2015, intenta despertar interés y repensar la responsabilidad del empresariado en la vulneración de derechos humanos durante el golpe de estado de 1976.
El informe pretende acercar una síntesis de más de 25 casos al público general. Se presentó el 30 de junio junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla e integrantes de la Unidad Especial en el Espacio Memoria Ex Esma.
"Es una simplificación pensar que la Fuerzas Armadas respondían al empresariado. Toda la línea empresarial busca articulaciones entre sujetos distintos y también los militares tenían muchísimas confrontaciones, colisionaban entre ellos", plantéo Basualdo en Aquí, Allá y en Todas Partes por AM750.
En ese sentido, la investigadora explicó que en el informe se detallan casos de persecución y desapoderamiento de empresarios. "El poder económico no era unitario. Hay una gran cantidad de casos dentro de los propios sectores empresariales para favorecer a determinados sectores en detrimento de otros".
Sin embargo, el libro revela una "asociación muy fuerte entre desapariciones y pérdida de derechos laborales" que se habían conquistado en décadas anteriores referidas a las condiciones de trabajo, luchas salariales, convenios colectivos y, también, la instalación de centros clandestinos en los espacios de trabajo. "Lejos de un retiro que se podría pensar en términos de un programa económico liberal, en términos laborales, hubo una intervención estatal fenomenal", reflexionó.
Por último, Basualdo subrayó que la política general del sector empresarial sigue siendo el silencio absoluto respecto de su papel en la dictadura civico militar. A pesar de las sentencias emblemáticas -como en la causa Ford- argumentan desconocimiento. "Hay una negativa absoluta a hablar de esto a pesar de lo que implica".
