Una mujer que fue sometida hace diez años a una inducción prematura del parto y una cesárea sin su consentimiento y con los brazos atados deberá ser indemnizada por el Estado español, anunció este jueves el Comité de derechos de las mujeres de la ONU.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer consideró que la ciudadana española, de 36 años, "fue víctima de violencia obstétrica, un tipo particular de violencia sufrida por las mujeres en los centros de salud durante la atención del parto, un fenómeno generalizado, sistemático y arraigado en los sistemas de salud".

La instancia insta a España a proporcionar a la víctima, cuya identidad no se divulgó, "una reparación adecuada por los daños de salud física y psicológica sufridos".

Según las pruebas recogidas por el Comité, la mujer se vio inducida al parto de forma prematura por el hospital, que "no le proporcionó información sobre las alternativas existentes".  

A continuación, fue "sometida a una cesárea sin justificación médica, operación durante la cual tuvo los brazos atados y a la cual no pudo asistir su esposo".

Cuando el bebé nació, no pudo tomarlo en brazos porque "aún los tenía atados".

"Si los médicos y las enfermeras hubieran seguido todos los estándares y protocolos aplicables, es probable que la víctima hubiera dado a luz de forma natural sin tener que pasar por todos estos procedimientos que la dejaron física y mentalmente traumatizada", aseveró Hiroko Akizuki, uno de los 23 miembros del Comité.

Después de dar a luz, la mujer fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático posparto, subraya el Comité.

Además, el grupo de expertos subrayó que la víctima se enfrentó a "estereotipos de género y discriminación" cuando llevó su caso ante los tribunales españoles.

Pedido a España

El Comité instó a España a respetar "la autonomía y la capacidad de las mujeres para permitirles tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva" y brindarles "información completa en cada etapa del parto".

Además, urgió al Estado español a exigir "que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado para cualquier tratamiento invasivo durante la atención del parto".