Facundo Molares sigue detenido en la cárcel de Ezeiza sometido a una burocracia infinita que retrasa su libertad. Los gobiernos de Colombia y la Argentina provocan lo que Gustavo Franquet – uno de sus abogados – llamó “una ilegalidad”. Eduardo Matyas Camargo, su colega colombiano en la defensa del exguerrillero que iba a ser extraditado, dice: “la interpretación en derecho penal siempre es favorable al procesado. Nosotros como letrados abogamos porque la libertad sea concedida de inmediato ya que la Justicia Penal de Paz resolvió su caso y no hay más recursos”. El envío de un simple correo electrónico con la documentación necesaria despejaría el camino del militante comunista hacia su liberación, pero la salida del penal se demora. De la conversación con los dos defensores se desprende que el gobierno de Iván Duque podría dilatar de modo deliberado o por desidia la resolución administrativa del caso.

“La mitad de la responsabilidad de que Facundo esté detenido la tiene la Cancillería argentina, particularmente por negarle asistencia jurídica”, dice Franquet en diálogo con Página/12. Molares transcurre sus horas en el penal de máxima seguridad del país desde que fue detenido en noviembre del año pasado. Primero en Rawson, Chubut y luego en Ezeiza. Cuando lo entrevistó este periodista el 14 de junio denunció que “había un Plan Cóndor 2.0, ya no con dictaduras y sí con democracias”. Sus días los pasa entre la lectura y la frustración de no haber podido cursar estudios universitarios en prisión, también por cuestiones burocráticas.

Franquet, quien integra La Gremial de Abogados de nuestro país, explica que el proceso de extradición y su captura fueron hechos por “una autoridad que no tenía competencia para hacerlo en Colombia. Nosotros se lo dijimos a todo el mundo. Sin embargo, Argentina acentuó y defendió la competencia de esta gente incompetente hasta que conseguimos los abogados en Colombia, que la JEP (Justicia Especial para la Paz) se pronunciara y pusiera las cosas en su lugar”.

El abogado se refiere a que no deberían actuado en el proceso “el fiscal municipal de la localidad de Florencia, en Caquetá, y una jueza que firmó todo y es de otro departamento que se llama Huila. Dos funcionarios judiciales ordinarios que no tenían ningún tipo de competencia sobre la cuestión. Ellos son los que le negaron la causa a la JEP. No cumplieron con su obligación. Cuando elevaron la causa a juicio se descubrió todo esto”.

Matyas Camargo señaló que la Justicia Especial para la Paz en Colombia “ya ordenó la suspensión de la extradición y la liberación de Facundo. Lo que falta para seguir el trámite es que actúen las Cancillerías de Argentina y Colombia para que él obtenga su libertad. La JEP decidió y no queda ningún tipo de recurso. Es una resolución de cumplimiento inmediato”.

El abogado colombiano también describió el contexto en que podría haberse dado la extradición concedida por el juez federal de Esquel, Guido Otranto: “no hay garantías para que él fuera a mi país, podía correr riesgo su vida si no mejora la situación de orden público. Son más de 330 los excombatientes asesinados después de la firma de la paz, y cerca de mil los líderes sociales eliminados durante el gobierno de Duque que termina el 7 de agosto”.

A la pregunta sobre si a la justicia ordinaria colombiana le quedaba alguna instancia más de intervención en el caso, Franquet respondió:

“Absolutamente no tiene ningún tipo de apelación. Quienes tenían en el foro penal la causa, el fiscal del Juicio oral y el Tribunal, se declararon incompetentes. Ellos dijeron eso hace un mes”.

El abogado denuncia que “lo único que falta es que Argentina y Colombia decidan y cumplan la resolución de la JEP que dice que se suspendió el pedido de extradición. Nosotros como abogados ya fuimos notificados. No es que estamos hablando en el aire, estamos notificados formalmente de esa resolución. Pero, ¿cuál es el problema que surge? el problema es de Argentina, que tanto Otranto como la Cancillería le piden a Colombia aclaraciones y nosotros entendemos que no hay ninguna aclaración que pedir”.

Su colega colombiano también cuestiona al gobierno de Bogotá “porque el presidente Duque no ha sido muy favorable al proceso de paz y entonces no conocemos cuál va a ser su actitud, ya que hasta el momento ni siquiera sabemos si envió la documentación a la Argentina. Facundo quedó al arbitrio del gobierno de mi país”. En medio de toda esta situación, otro de los abogados que colaboró en la defensa de Molares, el jurista colombiano Diego Martínez Castillo, quien integró la comisión de asesoramiento de los Tratados de Paz, fue deportado desde Buenos Aires a Colombia el lunes pasado cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza.

Matyas Camargo que viajó con él en el mismo avión explicó: “al parecer el gobierno de Duque tiene unas listas y no sabemos por qué. A Diego lo retuvieron acá en Migraciones porque le dijeron primero que tenía un homónimo y debían aclarar si era así. Después comentaron que había una lista elaborada, no por el gobierno argentino, sino por el colombiano y que no podía ingresar a determinados territorios. Él ya había tenido un problema similar cuando viajó a Washington y no lo dejaron entrar”. Franquet completó: “Estaban buscando una excusa para echarlo, se comunicaron con nosotros, le volvimos a mandar la invitación de la Gremial de Abogados pero a las siete     de la mañana lo subieron a un avión y lo mandaron de nuevo a Colombia”.

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