“Antes los espías eran cuentapropistas, ahora los familiares era una amenaza a la seguridad nacional y presidencial”, le dice a Página/12 con amargura la abogada Valeria Carreras a minutos de enterarse que la Cámara Federal porteña sobreseyó a Mauricio Macri y a todos los otros integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que siguieron y fotografiaron a los parientes de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017 y del que no se tuvo noticias por más de un año.

Al filo de la feria de invierno, la Sala I de la Cámara Federal porteña –integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– dijo que no había delito que investigar sobre las tareas que la AFI desplegó sobre los familiares. El argumento de los camaristas es que los espías estaban haciendo tareas tendientes a preservar la seguridad del entonces presidente –en línea con lo que la defensa del líder del PRO venía planteando–. En diciembre pasado, Llorens y Bertuzzi ya habían convalidado la teoría del cuentapropismo cuando revocaron más de 20 procesamientos en la causa de los espías conocidos como Súper Mario Bros.

“A pesar de haberlo vivido en carne propia, a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos víctimas, la justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo eso”, sostuvo Carreras, que representa a la querella mayoritaria en la causa que se inició en septiembre de 2020 tras una denuncia de la entonces interventora en la AFI Cristina Caamaño.

“Luego de ser el objetivo de una cámara de fotos disparada por el Estado-AFI como si fuéramos ‘una amenaza para la seguridad nacional’, el golpe judicial de hoy nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales, cada falsa promesa”, añadió la abogada que representa a madres y viudas de los submarinistas.

Carreras le anticipó a este diario que recurrirá la sentencia ante la Cámara Federal de Casación. La abogada también prepara presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, que ya había anunciado que reactivaría la investigación sobre el ARA San Juan semanas atrás.

En la causa estaban procesados Macri, los exjerarcas de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste asi como el exdirector de Reunión Eduardo Winkler. El juez Martín Bava también había dictado el procesamiento del jefe de la base de la AFI Mar del Plata desde donde se hicieron los seguimientos, Nicolás Iuspa Benítez, y de cinco agentes.

"Lo salvan sus amigos"

"Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él. Cuando no son los camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada. No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos", tuiteó el ministro de Justicia Martín Soria después de que se conociera la resolución de la Cámara Federal porteña.

Sin nombrarlos, Soria alude a Bertuzzi y Bruglia, que fueron trasladados sin concurso al tribunal de apelaciones de Comodoro Py durante el gobierno de Macri. Su situación sigue sin resolverse en el Consejo de la Magistratura y este viernes volvió a fracasar un nuevo intento para aprobar las ternas con candidatos y candidatas para ocupar sus lugares. 

El ministro también hace una velada referencia a Llorens al hablar de los "jueces que entraban a escondidas a la Rosada" porque el camarista fue denunciado por haber ido a la Casa de Gobierno y a la Quinta de Olivos durante la presidencia de Macri. La investigación por esos encuentros se terminó cerrando esta semana.