El recinto de sesiones del Concejo Municipal se llenó en la mañana de ayer en el marco de la audiencia pública sobre políticas de niñez y adolescencia de la que participaron colegios de profesionales, sindicatos, organizaciones sociales, políticas y trabajadoras estatales. El hecho notable fue la ausencia de autoridades municipales, provinciales y nacionales. Esa actitud fue subrayada por las concejalas Norma López, Marina Magnani y Celeste Lepratti, integrantes del Consejo Municipal de Niñez que impulsó la iniciativa. La ausencia de quienes son encargados de generar y poner en prácticas las mismas políticas públicas que eran el objeto del debate fue objeto de críticas en las más de cuarenta intervenciones que hubo a lo largo de la jornada. La "ineficacia de las políticas estatales", la precarización laboral y el vaciamiento de instituciones fueron otros temas comunes. En términos particulares se reforzó el llamado de atención por las derivaciones a una "comunidad terapéutica" denunciada por malos tratos, sobremedicación y la muerte dudosa de un paciente, como informó Rosario/12 en la edición del domingo.

"Si aquí no hay funcionarios municipales, provinciales, nacionales, y tampoco de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, es por una decisión política y personal de cada uno de estos funcionarios, porque sería una obligación que estuvieran sentados entre nosotros, porque forman parte de los organismos que tienen que llevar adelante las políticas públicas", declaró López al inicio de la audiencia. El reclamo siguió con las otras edilas y demás oradores de la jornada, con mención especial a la defensora Analía Colombo, quien en la edición del domingo Rosario/12 planteó críticas al propio sistema de protección del que forma parte y de quien se esperaba su participación.

La primera oradora fue la psicóloga Marisa Masueco, integrante del Instituto de Infancias del Colegio de Psicólogos, quien leyó un escrito de su par Ana Bloj. La intervención comenzó con la mención de tres de las normativas que atraviesan por completo el tema de la audiencia pública: las leyes 26.061 y 12.967, nacional y provincial respectivamente, de Protección y Promoción Integral de los Derechos de la Niña, Niño y Adolescente, y la nacional 26.657 de Salud Mental. "Todas plantean la salida de la representación de niñas, niños y adolescentes como objetos de derecho y permiten pensarlos como sujetos de derechos. Pero ninguna de ellas tendrá razón de ser si no nos ocupamos de su implementación en el marco de un proyecto acorde a nuestra realidad actual", planteó el documento.

"Una medida excepcional transformada en tiendita del horror", ejemplificó Masueco al mencionar el caso de la chica enviada por la Dirección Provincial de Niñez a la comunidad terapéutica San Camilo, cuya historia contó el domingo este diario. Los directivos de esa institución fueron recientemente imputados por homicidio doloso en la causa que investiga la muerte de un paciente dentro de una habitación del lugar. El ejemplo se repitió en distintas exposiciones, porque -afirmaron- grafica la "crudeza" de una intervención dejada en manos de un organismo privado que sólo tiene una relación monetaria con el estado provincial. Sobremedicación con antipsicóticos y ansiolíticos, encierros en forma de castigo, insultos y manipulaciones para conseguir unos pocos beneficios son algunos de los aspectos conocidos de San Camilo, lugar en el que al momento permanecen otros jóvenes enviados por el Estado provincial.

Estos casos justifican la mención inicial de leyes actuales que en sus supuestos son ideales para la promoción y restitución de derechos pero que en la práctica repiten lógicas no solo conservadoras sino prohibidas por las normativas actuales. En este aspecto, se redobló la crítica a la forma en que la Dirección de Niñez implementa las medidas de protección excepcional, que en teoría deberían aplicarse luego de un largo proceso de intervención pero que en concreto se utilizan como un recurso frecuente que -además- exceden largamente el período de 180 días prescripto por la ley. En parte, se relaciona a esta realidad con la ausencia del Servicio Local, otro incumplimiento de lo que demanda la ley 12.967. El Servicio Local supone la existencia de equipos interdisciplinarios que puedan aplicar medidas de protección integral en la propia comunidad a la que pertenece la niña, niño o adolescente sujeto de esa intervención.

En las más de cuarenta exposiciones en la audiencia, estuvieron las del Colegio de Psicólogos, el Colegio de Trabajo Social, el Colegio de Abogados, el Movimiento de Trabajadores de la Salud Pública por los Derechos de la Niñez, Ate Rosario, Amsafé Rosario y Provincial, Sadop Rosario, la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otras.