El Congreso de Perú aprobó este viernes el informe de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, en el que se recomienda acusar constitucionalmente al presidente del país, Pedro Castillo, por la “presunta comisión de delito de organización criminal”.

El informe fue aprobado con 72 votos a favor y 40 en contra y contó con el apoyo de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. Mientras que los congresistas no agrupados, Flor Pablo, Susel Paredes, Carlos Anderson y Edward Málaga, también votaron a favor.

Luego de la votación hubo varias protestas de congresistas que culminaron con un pedido de reconsiderar la votación, pero que fue rechazado con 42 votos a favor y 70 en contra

Ahora, el informe aprobado por el Congreso pasará a evaluarse por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La Comisión de Fiscalización aprobó el 30 de junio, con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, este informe en el que, además de Castillo, se recomienda acusar a los exministros Juan Silva, de Transporte y Comunicaciones; Juan Carrasco, de Interior; y Walter Ayala, de Defensa.

Según detalló en aquel momento el congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, se concluye que Castillo encabeza "una organización criminal para direccionar obras en diferentes entidades del Estado y otros delitos".

Castillo es investigado por el caso Sarratea. A fines de noviembre, un reportaje periodístico de un programa de televisión mostró al presidente recibiendo personas en una casa ubicada en la localidad de Sarratea, en el distrito limeño de Breña, que usó como "centro de operaciones" durante la campaña electoral.

Según el programa Cuarto Poder, en esas reuniones participaron la empresaria Karelim López Arredondo, (quien asesoró a una de las compañías que se adjudicó la construcción del Puente Tarata III en la región San Martín y también es investigada), el empresario Marco Antonio Villaverde (investigado por presunto lavado de activos) y otras personalidades.

Con base en estas revelaciones, la Comisión de Fiscalización inició una investigación sobre presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño de Castillo y otros funcionarios.

En las conclusiones del documento, divulgado por RPP Noticias, se establece que Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Silva y los empresarios Villaverde y López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se indica que a través de López, Castillo habría recibido dinero de empresarios.

La acusación constitucional que propone la comisión se basa en los artículos 99 y 100 de la Constitución. Este último indica que corresponde al Congreso, “suspender o no al funcionario acusado o inhabilitar para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad”.