Los planes sociales, su control de parte del Estado, y el rol que cumplen las organizaciones sociales en el entramado de su otorgamiento y gestión, sigue siendo un terreno de disputa y debate, mientras la inflación golpea cada vez más fuerte y crece el reclamo por la creación de un Salario Básico Universal (que en principio no reemplazaría completamente a los planes, pero sí los absorbería en parte). Cuando aún resuena la acusación de la vicepresidenta Cristina Kirchner de "tercerización de los planes", y el pedido de que el manejo pase a intendentes y gobernadores, esta semana el Ministerio de Desarrollo anunció la creación de "unidades de evaluación" del Potenciar Trabajo, en las que participarán universidades nacionales. Apuntan a identificar "manejos indebidos" y "verificar actividades y cumplimiento de corresponsabilidades".

La UBA, la UTN, las universidades Nacionales de La Plata, Moreno, La Pampa, Hurlingham, son algunas de las que ya firmaron convenios de cooperación para formar parte de esta auditorías en distintos puntos del país, y en Desarrollo Social aseguran que la intención es "ir sumando a todas las universidades nacionales, en el corto plazo".

Desde Desarrollo Social hablan de "una política de transparencia de los programas sociales y, también, de cuidado y acompañamiento de quienes participan del programa Potenciar Trabajo".

La disputa de fondo que adquirió ribetes estridentes en las semanas anteriores, entre La Cámpora y el Movimiento Evita (con Andrés Larroque y el Chino Navarro como voceros excluyentes), se silenció tras la fumata blanca entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, reuniones incluidas. "Estamos dando forma a un proyecto consensuado para avanzar en el Congreso, no vamos a opinar pero todo lo que sea transparentar desde ya nos parece bien", se limitan a decir en el Camporismo, dejando deslizar la pregunta sobre si "había que esperar tres años y que hablara Cristina" para fortalecer el control. "No estoy en tema", clausura el dirigente del Evita y funcionario Chino Navarro ante la consulta de Página/12.

Desde las organizaciones sociales coinciden en apoyar el control y la transparencia, aunque lamentan que la respuesta encaje con una "campaña de estigmatización" y de "criminalización de los movimientos sociales" que alimentan tanto medios de comunicación como la oposición.

"Estamos muy de acuerdo", sintetizan su postura en el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que lidera Juan Grabois. Esta semana convocaron a un amplio abanico de dirigentes a las asambleas donde reclamaron por el salario básico universal, incluido especialmente Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. Ineditamente, el miércoles próximo se movilizarán juntos.

Qué se va a controlar

La "verificación" (se apela a un término más suave que el de auditoría) incluye la "evaluación y/o validación de la certificación de la contraprestación que realizan los titulares a los proyectos socio-productivos, socio-laborales, socio-comunitarios o de terminalidad educativa que prevén los lineamientos generales del programa".

La falta de datos finos ciertos sobre los planes sociales es uno de los flancos hacia los que apuntan las críticas a la gestión de los planes, y Desarrollo responde mencionando la urgencia de la pandemia como factor que imposibilitó mayores registros. Lo cierto es que esta información es un insumo vital para cualquier planificación de políticas en la materia.

"Es más rol del Estado y más control sobre los programas que tiene el ministerio para acompañar a las y los argentinos que la están pasando mal", declaró el ministro Juan Zabaleta.

¿Y qué pasa con los planes?

Instalada históricamente en la agenda mediática con peso estigmatizante, la discusión sobre los planes sociales parece remitir a una masa uniforme e invariable a lo largo de los años, sobre la que además se explicita poco.

El Potenciar Trabajo es el programa insignia que depende del Ministerio de Desarrollo Social, con el que, al comienzo de esta gestión, el gobierno unificó programas anteriores como el Salario Social Complementario y Hacemos Futuro, que dependía de la Anses (Mario Wainfeld ha analizado en profundidad la historia y la evolución de los planes sociales en la Argentina en su columna en este diario).

Según el registro del Ministerio de Desarrollo, hasta mayo pasado había 1.271.215 beneficiarios de este programa, de los cuales 954.651 realizan contraprestaciones en el sector no gubernamental (cooperativas, organizaciones sociales, iglesias), y 218.604 en el gubernamental (realizan contraprestaciones en municipios, generalmente). Quedan unos cien mil beneficiarios cuya "unidad de gestión" permanece sin identificar. La explicación que dan desde Desarrollo es que, dado que el Potenciar Trabajo se puso en vigencia justo al comienzo de la pandemia y lo importante era avanzar en la asistencia, la urgencia postergó esa identificación.

Transparencia

El ministerio tampoco da información ante la consulta de este diario sobre cuántos beneficiarios responden a cada organización social como unidad ejecutora. Es otro de los reclamos vigentes entre las críticas de falta de control y transparencia.

El ingreso que recibe cada beneficiario es siempre la mitad del salario mínimo vital y móvil, a cambio de cuatro horas de trabajo. Es decir que hasta mayo era de 19.470 pesos; a partir del 1 de junio, 22.770 pesos; y desde agosto subirá a 23.925 pesos.

La provincia de Buenos Aires es la que más beneficiarios registra, 649.008. La siguen Tucumán, con 69.516; la Ciudad de Buenos Aires, con 57.179; Salta con 48.349; Chaco con 47.413; Misiones con 43.470; Córdoba con 42.901.

La mayoría de los beneficiarios son varones: un 67 por ciento, y sólo un 33 por ciento de mujeres.

A fines del año pasado se habilitó la opción de cambio de unidad ejecutora, esto es, de lugar en el que los beneficiarios trabajan y de cooperativa y organización a la que responden. Según los registros de Desarrollo Social, 180 mil beneficiarios de planes sociales optaron por hacer el cambio de cooperativas. Los mayores cambios fueron del rubro albañil al textil, o por mudanza. Y unas 7.500 personas denunciaron estar en una situación irregular, haber recibido amenazas o tener que dejar una parte de lo que cobran a las organizaciones sociales, todas situaciones que "se están investigando para ver si se constituyen denuncias", dicen en Desarrollo Social.

Vagos y planeros

Un primer gran equívoco en la instalación mediática de la muletilla de "planeros" es la idea de que quienes reciben un plan social, no trabajan. La idea entra en colisión con el espíritu mismo del actual plan insignia, el Potenciar Trabajo,

Lo que suele quedar invisibilizado en este debate es la incidencia de la economía popular, que representa una sorprendente proporción del empleo en la Argentina, y va en aumento. Según datos del Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), de hecho, en nueve provincias ya hay más trabajadores de la economía popular que empleo privado. Un año atrás, eran siete. Ahora Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán y La Rioja son los distritos donde existen más trabajadores de la economía popular que empleados privados.

Hay entonces otra discusión implícita, que reclama una definición sobre el trabajo, el empleo, la economía popular. Dentro de los movimientos sociales, de hecho, son varios los que dicen que la idea de "cambiar planes por empleo formal" es no solo impracticable --por fuera de la escala de un municipio o de avances limitados en algunos rubros-- sino injusta (al no valorizar la incidencia de economía popular) y errada en su "nostalgia del pleno empleo".

"Lo que hay es una incapacidad de este sistema de seguir generando empleo tal como lo conocíamos, por eso son tantas las personas que se dieron estrategias para poder sobrevivir. Sí que trabajan, pero su trabajo no es reconocido. Ahí hay un circuito económico productivo que hay que reconocer, fortalecer, y al que hay que dotar de derechos", sintetiza el planteo Sonia Lombardo, directora del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, implementado por esta gestión de gobierno. En él hay hasta ahora unas 3 millones y medio de personas registradas, pero se calcula que la cifra real es de al menos el doble. Y entre ellas sólo el 21 por ciento cobra un plan social.