La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil entregó a los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una denuncia contra el gobierno de Jair Bolsonaro ante la violencia política en el país y el asesinato de Marcelo Arruda, un dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva, que fue baleado la semana pasada, informó este sábado el portal de noticias UOL.
Funcionarios de la ONU señalaron a UOL que el regreso del debate sobre la violencia política en Brasil, en la dimensión que ha tomado en los últimos meses, no tiene precedentes en democracia y se remonta al escenario de discusión que existía sobre el país en las comisiones de las Naciones Unidas durante la dictadura militar (1964-1985).
La denuncia fue entregada a Clement Nyaletsossi Voule, relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad que estuvo en Brasil en marzo, y ya expresó su preocupación por posibles actos de violencia durante la campaña para las elecciones presidenciales de octubre.
"La mayor preocupación es que se produzcan actos de violencia durante el proceso electoral y que algunos (actores políticos) desconozcan la legitimidad de los resultados de los comicios", afirmó Voule en una rueda de prensa.
También expresó su temor al saber que Brasil había adoptado recientemente una legislación para facilitar el acceso a las armas. "Lamentablemente, las peores preocupaciones ya se confirmaron", dice la denuncia, en referencia a la muerte de Arruda.
El hecho ocurrió el pasado sábado en Foz de Iguaçú, en la frontera con Paraguay y Argentina, cuando Arruda celebraba su cumpleaños con una fiesta "temática" dedicada a Lula y el agente penitenciario José da Rocha Guaranho, simpatizante de Bolsonaro, se presentó en el lugar y le disparó.
"El hecho causó una conmoción nacional, por un lado. Pero ante él se mostraron indiferentes el presidente de la República, que negó que fomentara la violencia y no se solidarizó con la familia, y el vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que dijo que se trataba de una pelea de fin de semana", dice la demanda de la Comisión de la Cámara.
Según la denuncia, existe hoy en Brasil "un grave ambiente de hostilidad y violencia". "El ambiente social y político es de extrema gravedad, no solo en el sentido de amenazar las próximas elecciones y el régimen democrático, sino también por el riesgo concreto que corren los activistas y candidatos que de alguna manera se oponen al actual gobierno".
A mediados de junio, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la chilena Michelle Bachelet, expresó su inquietud sobre la situación de las libertades fundamentales en Brasil, donde los "casos de violencia policial y racismo estructural son preocupantes".
