Esta última semana se conocieron los fundamentos del fallo del tribunal que condenó a prisión perpetua a Esteban Alvarado. Son 1.366 páginas que a pedido de Rosario/12 analizó el fiscal Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada. "Es un fallo histórico porque es el primer caso de lavado discutido en un juicio de cuatro meses: Lo distintivo es que las bandas locales pequeñas y medianas gastan su dinero, pero la de Alvarado era una organización que necesitaba blanquear la plata por el fenomenal ingreso que tenía. Desde el 2012 su banda robaba cuatro autos de alta gama por día  y los desguazaban y vendían, después había ingresos por el trafico de estupefacientes y para eso creó un tejido de empresas para lavarlo. Recuerden que decomisamos 40 vehículos y 16 inmuebles. Todo esto fue ratificado por el tribunal", destaca el fiscal quien junto a Luis Schiappa Pietra lograron la condena. Ambos fiscales enviaron el último jueves al Consejo de la Magistratura el resultado del juicio y varios testimonios, para que se analice la actitud del juez federal Marcelo Bailaque, al denegar intervenciones telefónicas a la banda.

Edery le dijo a este diario que "el trabajo de los jueces es un profundo análisis de la evidencia que vuelcan en una pieza de 1.366 páginas. Esta sentencia marca lo que pasó en el juicio, dónde se discutió muchísimo y se llevó adelante mucha evidencia y marcan muchísima pautas sobre lo que nosotros consideramos fundamental en materia de investigación y juzgamiento de delitos complejos vinculado al crimen organizado".

- ¿Qué destacan del fallo?

-La manera de ir hilvanando las presunciones para poder concluir en una condena. Es muy bueno lo que hacen los jueces porque manifiestan en el transcurso de sus fundamentos qué la prueba no se puede tomar aisladamente en este tipo de casos sino sino que hay que mirarla de manera conglobada. Por eso creemos que pudimos de esa manera acreditar todos los delitos que llevamos a juicio. 

-¿Cuáles fueron esos delitos?

-La sentencia trata sobre dos homicidios, el de Lucio Maldonado y el de Cristian Enrique, asi como cuatro ataques a domicilios, uno el de Marina Marsili y una amenaza a ella también con una cabeza de un perro con una nota amenazante, más los atentados y balaceras al Centro de Justicia Penal y al Tribunal provincial en Diciembre de 2019 así como cinco causas de lavado de activos y una asociación ilícita compuesta por 32 personas. También los jueces destacan en su fallo lo que consideran una colosal industria ilícita para cometer delitos y para lavar dinero, con lo cual dan la pauta de lo que fue durante todos estos años la organización de Esteban Alvarado.

-¿Qué analizan sobre la cantida de uniformados miembros de la banda?

-Tambien lo analizan y es muy grave: hay nueve policías condenados, siete de ellos por ser miembros de la asociación ilícita y dos por haber tenido alguna participación en un hecho puntual. Lo destacan muchísimo los jueces al hacer mucho hincapié en el rol en lo que nosotros calificamos como el permiso estatal ara delinquir que tuvo Alvarado. Nosotros consideramos qué la organización de Alvarado funcionó durante tanto tiempo en la provincia de Santa Fe porque tuvo un permiso estatal para hacerlo,  por acciones en algunos casos y por omisión en otros y que Alvarado se aprovechó muchísimo de un montón de grietas del Estado para poder progresar. Los jueces se hacen eco de esto y marcan cómo se probó que Alvarado ya desde el año 2012, cuando fue investigado y detenido por el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari por el robo de autos, utilizó esa serie de permisos estatales.

-¿Cómo valoran los jueces la prueba presentada?

-El tribunal entiende que la prueba es muy profunda en cuanto a la cantidad y que tiene mucha prueba objetiva, qué es una prueba que no es contrastable con otro hecho. Por ejemplo mensajes de teléfonos celulares, antenas de teléfonos celulares, contenidos de pericias que van delineando cómo fueron algunos de los hechos. Además de eso analizaron las declaraciones testimoniales. Y es importante que los jueces valoraran muchísimo el testimonio de Carlos Argüelles, que fue quién declaró como miembro de la organización de Alvarado, quien tuvo la valentía de declarar en contra de esa organización y fue lamentablemente asesinado por ellos. Sin duda los jueces valoraron positivamente su declaración en muchos pasajes, usando incluso parte de esa declaración no solo para explicar cómo funcionaba esta organización sino en hechos muy puntuales como los homicidios de Lucio Maldonado y Cristian Enrique, en la que destacan que el aporte de Carlos Argüelles.

-¿Qué ha analizado el tribunal sobre los casos de lavado?

-Se destaca todo el trabajo que se hizo desde la parte económica sobre el análisis que se hizo de las empresas y de la contabilidad que tenía Alvarado, y se hace mucho hincapié en cómo se fue colectando toda la prueba para ir mostrando de qué manera se lava el dinero. Hoy hay que decirlo, las organizaciones delictivas pequeñas y medianas que operan en Rosario no lavan dinero sino que lo gastan, pero en el caso de Alvarado tenemos una organización que supera la media, en tanto el volumen de dinero les exigía poderlo blanquear. Aquí en este fallo vemos cómo lo probamos a través de escrituras, de testaferros, de declaraciones de los expertos contables así como de la incorporación de la documentación. Mostramos la manera en que se fueron acreditando esos bienes, cómo era este paso desde la ilicitud hasta la apariencia de licitud , todo esto quedó acreditado en el juicio. 

-¿Por qué lo destaca?

- Es muy importante porque es la primera sentencia de lavado que hay en la provincia de Santa Fe. En otros casos hubo juicios y en procedimientos abreviados se acordaron penas, pero nunca se había discutido en un juicio ( provincial) el lavado, y por primera vez lo fue. Aquí se consideran probadas cinco maniobras de lavado, como siempre decimos inmuebles de muchísimo valor y eso es lo que es importante.

-¿Qué fue lo enviado al Consejo de la Magistratura?

-Todo el material necesario para analizar al juez federal Bailaque, a quien se le pidieron intervenciones telefónicas sobre parte del clan y las denegó. Esto lo confesó quien fuera jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Lencina en el juicio, quien entre 2013 y 2016 le solicitó al juez federal que interviniera el teléfono de Gustavo Ramos, el hermano de Alvarado que ya en ese momento estaba condenado por traer estupefacientes en aviones a la provincia de Córdoba y a la provincia de Santa Fe . También se pidió intervenir el de Daniela Ungaro, la pareja de Luis Medina -una persona muy vinculada con el tráfico estupefacientes- , quien era hermana de René Ungaro y del Lelio Ungaro, dos pesos pesados. Nosotros entendemos que esas dos intervenciones no había motivos dentro de ese marco de investigación para negarlas porque eran personas vinculadas al narcotráfico.

Cabe recordar que Alvarado, había sido condenado a prisión perpetua el segundo día del mes de Junio de este año, responsabilizado por un crimen, por balaceras y por una asociación ilícita dedicada, entre otros delitos, a maniobras de lavado de dinero. Además, se le impuso una multa de 316 millones de pesos que deberá pagar en el término de 90 días. La resolución por unanimidad estuvo a cargo del Tribunal Penal de primera instancia integrado por los jueces Alejandro Negroni, María Isabel Más Varela y Patricia Bilotta, mientras que la acusación fue de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada.

El juicio contra Alvarado y su organización comenzó el 21 de febrero en el Centro de Justicia Penal después de una investigación de más de tres años. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery llevaron a esa instancia doce causas por las que acusaron a siete personas: Alvarado mismo, Mauricio Jesús Laferrara, Facundo “Lapo” Almada, Matías Ávila, Germán Facundo Fernández, Miguel Grecci Hazzi, y Damiana Ghirardi.

Los delitos en la imputación enmarcados bajo una asociación ilícita incluyeron los crímenes del prestamista Lucio Maldonado y Cristian Enrique cometidos en noviembre de 2018, un ataque a tiros a los Tribunales provinciales y otro al Centro de Justicia Penal. En otro hecho, la cabeza de un perro muerto fue arrojada la casa de una empleada de Fiscalía en enero de 2019. Luego, esa casa fue baleada. También se sumaron cinco investigaciones por maniobras de lavado de activos.

La estructura criminal, según la investigación, estaba conformada por un grupo violento liderado por Alvarado. Luego, existió una parte de la organización dedicada a darle apariencia legal al dinero clandestino y una parte policial que según los fiscales daba “un permiso estatal ilegal” para operar.