En poco más de un mes, los tribunales de Comodoro Py cerraron o hirieron de muerte las causas en las que se veía cómo el gobierno de Mauricio Macri maniobraba en coordinación con sectores del Poder Judicial o cómo usaba a los servicios de inteligencia contra todos aquellos que podían convertirse en un blanco de su atención. El “golpe de suerte” del expresidente, sobreseído recientemente por el espionaje a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, parece ser una muestra de cómo la Justicia baraja sus cartas en la antesala de un año electoral.

Desde el fallo en que la Corte declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura en diciembre del año pasado, una serie de resoluciones adversas al gobierno nacional y favorables a los intereses de Macri y de sus aliados empezaron a conocerse. Esa tendencia se notó con intensidad en las últimas cinco semanas en la Cámara Federal porteña, el tribunal de apelaciones de Comodoro Py y un lugar clave para revisar todas las investigaciones que están en trámite.

Si algo predominó en el primer año de la administración del Frente de Todos en materia judicial fueron las denuncias por el espionaje durante la era Cambiemos y el debate sobre los jueces que el macrismo trasladó sin mediar concurso a la Cámara Federal. La contienda la terminó saldando la Corte Suprema con un fallo en el que dijo que, hasta que no se aprueben los concursos para reemplazarlos, los dos camaristas designados por ese mecanismo por Macri, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, deberían seguir en el cargo. Como si fuera un revival de aquel 2020, el viernes último los dos temas volvieron a la agenda: el Consejo de la Magistratura –ahora bajo la presidencia del supremo Horacio Rosatti– volvió a fracasar en el intento de elegir a quienes deberían ocupar las sillas de Bruglia y de Bertuzzi y esos dos jueces junto con Mariano Llorens –también llegado durante el macrismo al tribunal– hicieron caer la causa que más preocupaba al expresidente en la justicia penal: la del espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

Al inicio de la semana, los otros dos integrantes de la Cámara, Martín Irurzun y Roberto Boico, habían archivado la denuncia contra Llorens por haber visitado en dos oportunidades a Macri mientras uno ejercía la presidencia de la Nación y el otro ocupaba un cargo en el tribunal de apelaciones de Comodoro Py. La denuncia contra Llorens siguió idéntica suerte a la que se inició por los encuentros de los casadores Gustavo Hornos y Mariano Borinsky con el expresidente. En esa causa, el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, había sostenido que mantener abierta la investigación podía profundizar “la ya esmerilada dignidad del Poder Judicial”.

Si hay algo que parece quedar en claro es la escasa vocación de los tribunales de Comodoro Py a investigar a algunos de sus referentes y a los integrantes del gobierno anterior. “Esta querella tiene prueba fehaciente de la existencia real de la mesa judicial macrista, un excelente trabajo que fue denunciado por la propia Elisa Carrió en su momento”, dice con ironía la abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan. “Toda causa en la que el involucrado sea el expresidente Macri tiene destino marcado: archivo o sueño de los justos”, dice Carreras.

Hundir la verdad

La investigación por el espionaje a las familias del ARA San Juan se inició en septiembre de 2020 con una denuncia de la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño. Después de unos meses en la jurisdicción de Mar del Plata –donde la pesquisa estuvo en manos del fiscal Daniel Adler–, fue Martín Bava quien le dio impulso cuando se hizo cargo del juzgado federal de Dolores que dejó vacante Alejo Ramos Padilla para asumir en La Plata.

Según Bava, la AFI espió a los parientes entre diciembre de 2017 y finales de 2018. Lo hizo, a entender del juez, para ayudar a Macri a reducir los daños que podrían causarle reclamos o protestas de las familias en un tema que atraía la atención internacional como era la búsqueda del submarino de la Armada Argentina. Bava procesó al expresidente, a los jerarcas de la AFI y a los agentes que hicieron las tareas de seguimiento desde la base Mar del Plata de la exSIDE. Después del pase forzado a Comodoro Py, la Cámara Federal porteña dijo que las tareas de inteligencia existieron pero que estaban justificadas en la necesidad de preservar la seguridad del entonces presidente.

“El fallo es un absoluto escándalo”, le dice a este diario Germán Martínez, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. “Revela, una vez más, los aceitados vínculos de Mauricio Macri con sectores de la justicia pero, además, es de un enorme cinismo porque coloca a las víctimas del espionaje en un lugar de riesgo hipotético para la seguridad presidencial. Es sumamente peligroso para la democracia argentina porque justifica el espionaje en nombre de la seguridad interior y, de esa forma, abre la puerta a que cualquiera de nosotros sea espiado por participar de una protesta”.

Después de la experiencia de la dictadura –cuando la inteligencia cumplió un rol clave a la hora de marcar quiénes serían las víctimas de la maquinaria represiva–, la democracia se preocupó por separar la defensa nacional, la seguridad interior y la inteligencia nacional. Algo de esa división quedó tambaleando después del fallo de la Cámara del viernes último. “Desde la Comisión Bicameral de Inteligencia vamos a dar una respuesta técnica a la resolución”, anticipó a Página/12 el diputado Rodolfo Tailhade. “El plan del lawfare sigue ejecutándose porque en dos años y medio de gobierno no pudimos desarticular ninguno de los dispositivos que funcionan dentro del Poder Judicial. De esta forma, sus distintos integrantes se sienten libres de profundizar las causas armadas y de beneficiar al macrismo”, agregó el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

¿El fin de las causas?

Natalia Salvo fue quien presentó junto con Pedro Etchebest la denuncia en Dolores que dio pie al inicio de la investigación sobre la banda de Marcelo Sebastián D’Alessio que tenía terminales en distintos sectores del Estado –AFI, Ministerio de Seguridad y Ministerio Público–. Esa causa también pasó a Comodoro Py. D’Alessio está elevado a juicio, pero la situación del fiscal Carlos Stornelli, su compinche, sigue sin resolverse. “La estrategia que vimos fue conjunta: destrozar las causas, no darles una visión integral que permitiera entender el plan sistemático de espionaje y llevarlas a Comodoro Py”, dice Salvo. “Con miras al próximo año electoral, casi nada de las investigaciones de espionaje queda en pie”.

Fuera de Comodoro Py, el único expediente que resiste es el de la llamada “Gestapo” antisindical --que se inició tras el hallazgo de un video en el que se veía cómo espías, funcionarios provinciales y espías concertaban cómo meter preso al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. La causa de los Súper Mario Bros está en trámite junto con otros expedientes en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. La única investigación que podría elevarse a juicio es la que versa sobre cómo la AFI espió a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria.

Pero todo camina con paso cansino y en un escenario particularmente desfavorable. “En pocos días, se terminaron cayendo cuatro causas de espionaje –las de los datos biométricos en la Ciudad, la de Santiago Maldonado, la del ARA San Juan y la del Proyecto AMBA–. Hay que prestar atención porque es una coordinación que va más allá de los jueces macristas”, dice la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. “El fallo del ARA San Juan es darle vía libre a los servicios de inteligencia en un momento en que sectores del Poder Judicial, a lo largo del país, los están usando descaradamente para perseguir a los movimientos sociales. Es un mensaje contra la protesta social”, resaltó.