Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espió, siguió, fotografió y revisó las redes sociales de familiares que buscaban saber qué había pasado con el submarino San Juan de la Armada Argentina y sus 44 tripulantes. Para eso, se movilizaron, pidieron reuniones con el presidente, buscaron entregarle cartas, organizaron misas o fueron al Concejo Deliberante para hacer oír su reclamo. La Cámara Federal porteña sostuvo que las tareas de espionaje que desplegó la exSIDE desde su base en Mar del Plata se justificaron porque lo que estaba en riesgo era la seguridad del entonces presidente o razones de seguridad interior. Sin embargo, abogados y referentes de derechos humanos denuncian que el Poder Judicial está abriendo la puerta a una actividad discrecional de los servicios de inteligencia.

“El fallo demuestra que no hay ninguna voluntad de poner límites a las actividades de inteligencia”, le dijo a Página/12 Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “El Poder Judicial o el Ministerio Público podrían fácilmente fijar estándares de lo que es posible o no, pero no muestran interés en hacerlo”, dice.

“La resolución de la Cámara solo se dedica a decir que la AFI podía abocarse a la seguridad presidencial, pero eso no está controvertido. La clave está en saber sobre qué riesgos trabajan y cuál es la legitimidad de ese análisis. Una protesta no puede ser considerada un riesgo para la seguridad nacional o para la presidencia salvo excepciones que deben estar totalmente documentadas, y menos la actividad de familiares que reclaman al Estado conocer la verdad”, explica Litvachky.

“¿Cuándo las mujeres dieron una sola muestra de ser un peligro para la integridad física del presidente o para la seguridad interior?” se pregunta Valeria Carreras, la abogada que representa a madres, viudas y hermanas de los submarinistas. “La respuesta está en los juzgados de Comodoro Py, que cada vez más se parecen a los nueve círculos del infierno de Dante”, añade.

En el fallo del viernes, los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia abren la puerta a que la AFI reporte casos de conflictividad social, manifestaciones o cortes de rutas. Una línea similar desarrollaron al revocar todos los procesamientos que habían dictado los jueces Alejo Ramos Padilla y Martín Bava en la causa conocida como “Proyecto AMBA”. Sin embargo, remarca Litvachky que esa actividad está prohibida.

“Del fallo queda claro que las actividades que detectaron Ramos Padilla y Bava fueron actos de espionaje”, opina Claudio Pandolfi, abogado y docente de Legislación en Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). “Es una resolución teórica en la que quienes la firman no logran desarrollar un solo hecho que justifique la intervención de la AFI”.

Los camaristas, por ejemplo, toman parte de la declaración indagatoria que dio el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra que mencionó que Macri había sido agredido en una visita al sur o que había sufrido un escrache en Mar del Plata más de un año antes de que se hundiera el submarino para justificar la intervención de la AFI ante esos potenciales riesgos. “¿Que hayan tirado una piedra en Villa Traful o que lo hayan escrachado antes en Mar del Plata es un atentado al orden constitucional?” –se pregunta Pandolfi–. Decir eso es peligrosísimo y da una idea de qué piensan estos jueces sobre la democracia. Es una democracia de baja intensidad y sin tolerancia a las protestas”.

En la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) comparten el diagnóstico. “Estamos en una encrucijada que se deberá resolver de alguna manera porque hasta pone en riesgo la democracia”, dice la diputada del Frente de Todos Blanca Osuna, que integra la subcomisión a cargo de la investigación sobre el espionaje a las familias del ARA San Juan. “Estamos hablando de un fallo dictado por jueces que están sospechados de actuar en connivencia con la persona a la que ahora sobreseen, pero lo más trágico es que otras personas que estén reclamando por un familiar desaparecido podrían ser consideradas un riesgo por reclamarle a un jefe de Estado y eso habilitaría la intervención de la AFI. Es ridículo”.

En la Bicameral, está previsto que la subcomisión reanude la investigación sobre el espionaje a las familias del ARA San Juan y que los expertos que conocen la legislación y la doctrina de inteligencia desmenucen el fallo de la Cámara Federa, así lo adelantó a Página/12 el diputado Rodolfo Tailhade. 

La abogada Carreras ya le anticipó a este diario que recurrirá el fallo e intentará que la Cámara de Casación lo revierta, aunque probablemente el escenario no sea favorable. La querellante tiene previsto llevar el tema ante organismos internacionales ante la imposibilidad de que la justicia argentina brinde respuestas a un colectivo que perdió a sus seres queridos en un submarino que se hundió y que, ante el reclamo de saber qué había pasado, le mandaron a la AFI para controlarlo.