Mientras que el obispo emérito Gustavo Zanchetta, condenado a 4 años y seis meses de prisión por abuso sexual, cumple la pena con modalidad domiciliaria en la casa de un monasterio de monjas, los dos exseminaristas que lo denunciaron continúan en el desamparo.
Uno de ellos, G.G., dijo que esto demuestra el poder que tiene el religioso y sostuvo que las autoridades de la Iglesia Católica lo encubren. Organizaciones de izquierda volvieron a demandar la separación de la iglesia del Estado, señalando los fuertes vínculos ideológicos y políticos que inciden, en este caso, en el Poder Judicial.
“Me sorprendí mucho al ver dónde estará (Zanchetta). No es justo, pero eso habla del poder que tiene”, dijo G.G. a Salta/12.
La Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, integrada por María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos, que condenó al obispo emérito, le concedió la domiciliaria por pedido de sus abogados Darío Palmier y Juan José Valdez Aguilar. El diagnóstico que tuvieron en cuenta para conceder este beneficio es "severa hipertensión agravada por aneurisma en arterias renales".
La domiciliaria se concedió en el inicio de la feria judicial, por lo que la fiscala de la causa, María Soledad Filtrín Cuezzo, y el Tribunal que concedió el beneficio están de licencia. La única que podría haber realizado alguna presentación en el proceso oponiéndose a la medida era Filtrín Cuezzo pero se desconoce si la hizo. El Ministerio Público Fiscal respondió a Salta/12 que no tiene novedades para comunicar sobre este tema.
Las víctimas no pudieron constituirse en querellantes, porque no les informaron que podían hacerlo y por la falta de recursos económicos para pagar abogadxs particulares. “Después del juicio y del veredicto (la Fiscalía) no nos contactó”, sostuvo G.G.
Además, subrayó que Zanchetta cumplirá su condena en “una casa donde se encuentran monjas que sí sirven a Dios”. “Zanchetta es y seguirá siendo una persona que dañó a todos los fieles y al pueblo de Dios. Una persona no grata a la iglesia. Es un abusador”, expresó.
El que tampoco dice nada a los propios feligreses de la Iglesia Católica que le están exigiendo explicaciones es el actual obispo de Orán, Luis Scozzina. Una de las fieles, Stella Maris Corbacho, le escribió una nota formal el martes último y que continúa sin respuesta. "Fuimos personalmente al Obispado (el miércoles), no nos atendieron. Ayer (jueves) le escribí un Whatsapp a Scozzina, no respondió”, dijo Corbacho a Salta/12.
“Estamos muy preocupados, queremos saber si se va a expresar al respecto o va a seguir en silencio. Esperemos se pronuncie ante esta vergonzosa situación de tener a Zanchetta en el convento donde estuvo nuestro querido padre Diego Calvisi. La Diócesis y la Sociedad salteña necesita respuesta”, es parte del texto del mensaje de Whatsapp que le envió Corbacho a Scozzina. Calvisi ya falleció, fue uno de los cinco curas que denunció al obispo emérito en el Vaticano.
“Lo están cubriendo. Para la Iglesia, sobre todo un obispo, no debería estar encerrado en la cárcel. Yo no estoy de acuerdo en cómo están actuando las autoridades eclesiásticas. Ya no sé si creer en la Iglesia. Porque una persona, Zanchetta, me dañó y me hizo ver la otra parte de la Iglesia”, manifestó G.G.
Además, dijo que ha pensado en accionar contra la domiciliaria del obispo emérito, “pero no tengo el poder para hacer que Zanchetta esté entre las rejas”.
Convocatoria en Salta
El martes, Juntas a la Izquierda y Libre Diversidad, organizaciones del MST, se manifestaron frente a la Catedral y ayer nuevamente hicieron una convocatoria para seguir visibilizando el caso.
“Esta pelea nos lleva a más, a organizarnos para lograr que caiga este fallo de la Justicia, por eso es que el sábado convocamos a las organizaciones de mujeres y disidencias, organizaciones sociales, partidos políticos, activistas independientes, a (conformar) una unidad fuerte para poder encarar un plan de lucha para poder llevar adelante una nueva convocatoria el lunes que tenga mayor fuerza, porque estamos convencidas de que se puede lograr que retroceda ese fallo, que Zanchetta vuelva a la cárcel”, dijo a Salta/12 la referenta del MST, Andrea Villegas.
Además la militanta de izquierda señaló que, la domiciliaria “es un privilegio” para el obispo condenado por el abuso a dos exseminaristas. “Sabemos que hay más víctimas” y que la condena “se logró con la fuerza de los sobrevivientes, de sus familias y con el avance de la lucha feminista”. También enfatizó que esa condena “es un avance” frente a causas por abuso sexual contra los curas Emilio Lamas y José Aguilera, que fueron prescriptas.
“La gente que vive en Orán sabe que él (Zanchetta) está bien de salud y encima lo va a hacer en un convento donde tiene acceso a futuras víctimas, niños, adolescentes, que hacen la catequesis, son seminaristas. Ponen a un abusador que accedió a sus víctimas en lugares como este de nuevo, entonces no hubo ningún comunicado de la iglesia oponiéndose a eso, lo resguardan”, señaló Villegas.
Impunidad
“Repudiamos este beneficio de la prisión domiciliaria al cura abusador Gustavo Zanchetta porque marca una impunidad, las víctimas denuncian que no existen estos problemas de salud.
Igualmente en prisión se puede garantizar también la salud de un detenido que está cumpliendo condena”, manifestó la exsenadora provincial y militanta el Partido Obrero, Gabriela Cerrano a Salta/12.
La referenta también señaló que “además fue pedido por la propia iglesia como lugar para cumplir la prisión domiciliaria un convento donde asisten niños, monaguillos porque es un lugar donde se celebran misas, va a tener contacto con gente. Es muy grave porque la justicia está exponiendo a niños y a otras personas a un abusador. Hay monjas de clausura también en ese lugar y no hay dudas de que es un abusador, justamente está cumpliendo una condena”.
Iglesia y Estado: asuntos separados
Para Cerrano, la exigencia de la separación de iglesia y Estado es pertinente y “una necesidad para marcar en primer lugar una independencia del Estado en lo que refiere a la justicia, en la salud, en la educación, en todo”.
Cerrano señaló que en Salta hay una influencia muy fuerte de parte de la iglesia en fallos que se emiten en la justicia local, “tanto en fallos generales, lo vemos muy seguido en casos que tienen que ver con la violencia de género y sobre todo en cómo actúa la justicia para los crímenes que cometen miembros de la iglesia, peor aún, porque tenemos antecedentes gravísimos como el de Lamas y Aguilera, en donde el máximo tribunal de la Provincia que es la Corte (de Justicia de Salta) le otorgó la prescripción, incluso tomando como antecedente, un caso que no es de abuso eclesiástico sino que es de abuso intrafamiliar como es el caso Chinque” sostuvo.
Cerrano dijo además que entre Iglesia y Estado hay un vínculo ideológico y político, porque la iglesia cumple un rol del control social. “De hecho Zanchetta era un actor político en la provincia de Salta. Cuando se llevaron adelante las últimas luchas en el ingenio El Tabacal para imponer el cuarto turno que implicaba que iban a perder derechos laborales, iban a pasar a cobrar menos los trabajadores, las reuniones paritarias se hacían en el arzobispado con Zanchetta presente. No era cualquier sacerdote que impartía el conocimiento del dogma cristiano, cumplía un rol social, que es un rol social que cumple la iglesia que es un pilar de la oligarquía salteña”, consideró.
Cerrano recordó que cuando surgieron las primeras denuncias contra Zanchetta en el ámbito eclesiástico, “fue prácticamente protegido por el Vaticano”, y “mintió que por razones de salud se iba” de la diócesis de Orán.
“Tenemos que ponernos al hombro esta lucha, de la separación de la iglesia del Estado para poder avanzar, el juzgar y condenar los crímenes que comete la iglesia,”, añadió además la dirigenta, y agregó que a raíz de esas influencias de la iglesia en Salta, es que hay una persecusión a la médica Miranda Ruíz, por garantizar el aborto legal, pese a que ya hay una ley de orden pública.
“Un estado laico implicará reformas en el Estado porque no se dicta en la universidad pública derecho, psicología, ni trabajo social, eso está preservado para la universidad católica, que es la que termina poniendo el personal en el Poder Judicial y los tribunales de Salta”, señaló.
