Esta semana  la justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retomar las tareas pendientes desde hace cuatro años para brindar un servicio  de provisión de energía eléctrica adecuado a los vecinos del Barrio Padre Ricciardelli (Villa 21-24) y que fueron detenidas por la pandemia. Tras darle lugar al pedido que hicieron desde  la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que se intime al Gobierno porteño, la justicia otorgó un plazo máximo de 5 días para reactivar las obras de las 300 viviendas que presentan riesgos eléctricos críticos o altos y así subsanar la situación. Ordenó además la presentación de un plan de trabajo para las viviendas que presentan situaciones de riesgo medio y bajo en el sector.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la CABA ordenó que en un plazo máximo de 30 días sean finalizadas las tareas que incluyen la revisión de los tendidos eléctricos, y las conexiones domiciliarias y del alumbrado público que garanticen condiciones de seguridad para sus habitantes.

“Es histórico, pasa todos los años”, dijo Flavia R, vecina del Barrio en relación a los cortes de energía reiterados que sufren en el lugar por la falta de urbanización. "La solución nunca la dan. Vivimos de parche, acá en el barrio”, comentó la mujer que presenció tres incendios en lo que va de 2022.

En febrero de 2011, la Justicia ya había ordenado a la administración local que revirtiera el riesgo eléctrico al que están expuestas decenas de miles de personas y que llegó a generar víctimas mortales.

En ese momento, la medida judicial impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) dispuso que se implemente un protocolo para responder a emergencias eléctricas y que se elabore un plan de obras, según informó la organización.

En 2018, producto de esta causa, el Gobierno de la Ciudad hizo un relevamiento en Tierra Amarilla y concluyeron  que de las 706 viviendas visitadas, más de 300 tenían un riesgo eléctrico crítico o alto. 

Un año después, la justicia le ordenó al Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta revertir la situación eléctrica de todo el barrio. De acuerdo al fallo, el Gobierno debía elaborar un “proyecto eléctrico” para “solucionar las falencias y peligros del deficiente servicio de electricidad en el Barrio 21-24 de Barracas” en un plazo de 105 días hábiles administrativos.

“Hace cuatro años la Ciudad se comprometió a realizar obras eléctricas, pero cuando arrancó la pandemia se pararon las obras y nunca las retomaron”, afirmó  Guillermina Greco, abogada de ACIJ, que exigió y solicitó en el expediente judicial que se retomen con urgencia las obras, teniendo en cuenta que esta es la época más fría del año y la necesidad de calefacción vuelve mucho más peligrosa la situación de los vecinos que dependen mayormente del suministro eléctrico. 

“Tienen que presentar un plan integral para adecuar las condiciones del tendido eléctrico de todo el barrio y eso se ha incumplido sistemáticamente”, dijo Greco. Y añadió: “No hacen lo que tienen que hacer para asegurar los derechos de las personas que viven ahí”. 

La precarización del barrio tiene larga data y está a los ojos de todos. Hay postes que están en cualquier lugar, otros que se vienen abajo y se apoyan sobre casas o que están atados a otros postes con un cable para que no se caigan.  Dentro de las casas faltan disyuntores y protecciones básicas, cuentan desde el barrio. 

“Hay vecinos a los que se les han quemado equipos y otros que quedaron con daños irreversibles en su salud”, subraya Greco. Una de las vecinas tiene toda la pared de su casa electrificada y cuando llueve para entrar necesita subir por una escalera ya que la pared tiene contacto con cables pelados y da golpes de electricidad. "Las historias se repiten porque la situación es crítica en todo el barrio", afirmó la letrada.

Informe: Mercedes Chamli.