La política migratoria de Donald Trump sufrió un nuevo traspié judicial. La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco confirmó ayer la suspensión del decreto antiinmigración del presidente de Estados Unidos por parte de una Corte Federal de Hawai, en otro revés para el líder republicano que impulsa una medida discriminatoria contra los musulmanes. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que el mandatario “excedió el alcance de su autoridad” al firmar el 6 de marzo su orden ejecutiva sobre migración y, por ello, decidió mantener bloqueadas las partes más importantes del decreto. “La inmigración, incluso para el presidente, no es resorte de una sola persona”, señala el escrito judicial. Aunque fallaron en contra del veto de Trump, los jueces del Noveno Circuito decidieron mantener bloqueadas algunas partes de la orden y determinaron que el juez de Hawai, que suspendió previamente la orden ejecutiva, actuó de manera incorrecta al fallar en contra de toda la iniciativa. El bloqueo a la ley migratoria fue ratificado por otro tribunal, que rechazó la apelación del gobierno. La Corte de Apelaciones de Seattle fue la segunda en ratificar un dictamen de una instancia inferior para frenar la entrada en vigor de la orden ejecutiva de Trump, que impide el ingreso al país de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. A principios de este mes, el gobierno estadounidense llevó el caso a la Corte Suprema, que debe decidir sobre la orden ejecutiva.

Los dimes y diretes judiciales comenzaron cuando la administración Trump apeló el dictamen de una Corte en Hawaii, que había bloqueado el veto migratorio. La aplicación del decreto antiinmigración fue suspendida el 3 de febrero por un juez federal en Seattle, Washington. La segunda versión del decreto –que redujo la lista de países prohibidos a seis, sin Irak– también fue bloqueada por la Justicia. El veto migratorio de Trump ya se encuentra en el Tribunal Supremo después de que el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, fallara en su contra el 25 de mayo.

En su resolución de ayer, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco mantuvo en gran parte el bloqueo impuesto a la iniciativa por un tribunal de Hawai, de menor jerarquía, aunque expresó que el gobierno tiene el derecho de revisar el proceso para impedir la entrada de viajeros al país. “Confirmamos la decisión que bloquea un decreto presidencial prohibiendo la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de seis países por 90 días”, determinó en su resolución el Tribunal californiano. “El tribunal de primera instancia no abusó de su poder al establecer una suspensión preliminar nacional”, agregó el documento. El fallo del tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito refuerza los argumentos de los opositores a la medida y pone una mayor presión sobre el Tribunal Supremo, que aún no decidió si admite a tramite el caso.

Asimismo, la Corte de San Francisco cita un informe del Departamento de Seguridad Nacional donde se señala que la nacionalidad no es indicador fiable para determinar una potencial actividad terrorista y que los ciudadanos de los países cubiertos por el decreto (Irán, Somalia, Libia, Siria, Sudán y Yemen) “raramente están implicados en actividades terroristas en Estados Unidos”. El Tribunal considera, en particular, que el presidente no pudo demostrar suficientemente que la entrada de los ciudadanos de los seis países mencionados, de población musulmana en su mayoría, “perjudicaría los intereses de Estados Unidos”.

La semana pasada, Trump defendió su política migratoria en una serie de mensajes escritos en Twitter y aseguró que su admnistración debería haber mantenido la prohibición de viaje original, en lugar de hacerle cambios, además de amenazar con implementar medidas aún más duras. En su argumentación, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito se valió de esos tuits y recordó además que el presidente Trump, en un tuit que escribió el 5 de junio, manifestó: “Necesitamos una prohibición de viaje (a Estados Unidos) para algunos países peligrosos”, sin dar mayores detalles o explicaciones sobre por qué o cómo sus ciudadanos podrían amenazar a Estados Unidos. 

En una conferencia de prensa, el portavoz del gobierno, Sean Spicer, señaló ayer que el presidente estaba estudiando el fallo del tribunal de San Francisco, al que criticó repetidas ocasiones, y que el gobierno sigue creyendo que el decreto presidencial es legal y será enviado a la Corte Suprema. El propio Trump presentó la medida como necesaria para luchar contra el terrorismo y apeló a principios de junio al Supremo. 

El ministro de Justicia del estado de Washington, Bob Ferguson, al frente de la lucha contra la criticada medida, saludó “la suspensión del decreto anticonstitucional”, según calificó. A fines de enero, la primera versión del decreto, por el que Trump quería cerrar las fronteras de Estados Unidos a todos los refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana por 90 días, provocó un fuerte rechazo en el mundo y un caos en los aeropuertos estadounidenses.

Ayer, el ministro de Justicia de Hawai también llamó a los nueve jueces de la Corte Suprema a mantener el bloqueo del decreto, que “carga en forma desproporcionada contra los estadounidenses musulmanes y denigra el Islam”, mientras erosiona la libertad religiosa.