El 11 de julio, diputados opositores hicieron público un proyecto de ley para derogar el impuesto sobre los Bienes Personales. Empecemos viendo de qué se trata. Es un impuesto nacional que grava el patrimonio de las personas a partir de un mínimo de 6 millones de pesos. Sin embargo, existen muchos mitos acerca de este impuesto, que actualmente recae sólo sobre unas 500 mil personas (el 1,1 por ciento de la población).

En primer lugar, cabe aclarar que no todos los bienes de una persona se encuentran alcanzados. De hecho, los inmuebles rurales están totalmente exentos, mientras que la casa-habitación también se encuentra excluida cuando su valor no supera los 30 millones de pesos. Otras exenciones relevantes son los depósitos bancarios en el país, las obligaciones negociables, los títulos públicos y las acciones que cotizan en la bolsa local. 

Entonces, ¿qué es lo que sí entra en la base imponible? Por un lado, los bienes que se tienen en el país, incluidos los inmuebles que no sean los que la persona habita, automotores, embarcaciones y dinero no depositado en bancos. Y, por otro, los bienes en el exterior, que en ese caso sí abarcan todo tipo de bienes incluidos los depósitos bancarios.

En segundo lugar, es relevante comentar que el contribuyente paga una alícuota de acuerdo al excedente que posee sobre el mínimo no imponible y no sobre la totalidad de su riqueza.

En tercer lugar, la valuación de los inmuebles se realiza a valor fiscal, el cual resulta muy inferior al valor de mercado, lo que también incide en que la carga del impuesto se concentre únicamente en la población más rica.

Según los últimos datos publicados por la AFIP, el 60 por ciento del monto declarado corresponde a activos financieros, de los cuales dos tercios están situados fuera del país. Esto muestra que la mayor parte de la base imponible del impuesto surge del dinero que el 1 por ciento más rico de los argentinos tiene en el exterior. Resulta difícil pensar en un impuesto más progresivo, es decir, que recaiga efectivamente sobre los que más tienen.

Por otra parte, la propuesta de eliminación de este impuesto no es novedosa. Cambiemos intentó hacerlo en 2016. Aunque el debate parlamentario evitó su eliminación, el gobierno de entonces logró una fuerte reducción del impuesto: se triplicó el mínimo no imponible para el año 2016, se eliminaron los tramos (en 2015 había cuatro tramos con alícuotas de 0,5 a 1,25 por ciento) y se estableció una alícuota única de 0,75. Además, se dispuso que el mínimo no imponible seguiría aumentando y la alícuota disminuyendo hasta llegar a 0,25 por ciento a partir de 2018.

La crisis desatada en 2018 y la vuelta del FMI al país paradójicamente forzaron a que, en diciembre de 2018, el gobierno debiera restituir tramos y alícuotas crecientes -aunque más bajas que las vigentes en 2015- entre 0,25 y 0,75 por ciento.

¿Cuál fue el resultado de esta reducción del impuesto? Crisis económica mediante, entre 2015 y 2019 la recaudación cayó de 0,3 a 0,1 por ciento del PIB, sin que ello se tradujera en mayor inversión ni empleo. Por el contrario, tanto la inversión como el nivel de empleo se desplomaron.

Desde el Congreso, el Frente de Todos realizó dos nuevas modificaciones sobre el impuesto de Bienes Personales, que le otorgaron mayor progresividad. Se agregaron nuevos tramos, se incrementó la alícuota máxima a 1,75 por ciento y se establecieron alícuotas más altas para los bienes en el exterior (hasta 2,25). Con todo, la carga del impuesto se concentró en la población más rica dado que hoy lo pagan 200 mil personas menos que en 2019 y la recaudación actual cuadruplica la de 2019.

En este contexto, y en medio de una crisis cambiaria de la cual los propios diputados de la oposición culpabilizan primeramente al déficit fiscal, proponen una medida que lo único que haría es ensancharlo. Y no solo eso, sino que dejaría como saldo una estructura tributaria más injusta que la actual. 

* Economista OCEPP.