El Gobierno volverá a la carga en el Congreso con su proyecto de reforma al Régimen Penal Juvenil, que propone la baja en la edad de imputabilidad para adolescentes y que propone la punibilidad a partir de los de 14 años para casos de homicidio y de 15 años para los casos de delitos graves, entre los que se incluye robo calificado con arma de fuego, violación, y secuestro extorsivo. Desde el Ministerio de Justicia de la Nación afirman que enviarán este año al Parlamento el proyecto que elaboraron junto a ONGs, jueces, fiscales y de la que participó Unicef, aunque el organismo de la Naciones Unidas se manifestó en contra de la baja de la edad para castigar penalmente a los menores de 14. “Bienvenido el debate, estamos dispuestos a darlo”, afirmaron desde la bancada kirchnerista de la Cámara baja, donde las diferencias –incluso dentro de Cambiemos– frenaron otras embestidas del oficialismo de bajar la edad para punir a adolescentes.
“El proyecto está a días de finalizarse para ponerlo a disposición del ministro (de Justicia, Germán) Garavano para su análisis y consultas correspondientes”, reveló el subsecretario de Política Criminal de esa cartera, Juan José Benítez, integrante de la Comisión que desde hace seis meses elabora el proyecto. Para el jefe de Gabinete de ese ministerio, Martín Casares, el Gobierno impulsa una baja de la edad de punibilidad con el fin de “cortar la cadena del delito cometido por el adolescente, cada vez más grave y más violento”. Un tema que el propio gobierno reflotó a partir de la detención de un chico de 16 años por el crimen de un niño de 3 en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
En entrevistas periodísticas, Benítez dio algunos trazos gruesos del proyecto aun en revisión. Explicó que la baja en la edad de punibilidad implica que el joven “pueda ser sometido a proceso, es decir que se pueda investigar para determinar su responsabilidad en el delito cometido”, pero también que pueda “recibir una respuesta del Estado, acorde a la edad y el delito”, a través de “sanciones” o de “medidas restaurativas” para su reinserción social, luego del cumplimiento de su pena.
“El encierro es la última instancia”, afirmó el subsecretario respecto de la pena que pueda recibir un menor de 24 años que cometió homicidio, si finalmente se descartan otras sanciones menores: privación de la libertad por períodos, por ejemplo los fines de semana, en los que el joven deberá concurrir al instituto, o prisión domiciliaria con monitoreo electrónico o a través de la supervisión de una institución o un referente. En todos los casos, según el anteproyecto, cada adolescente tendrá un supervisor que será el que proponga las diferentes estrategias de abordaje para su caso.
“La posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político”, dijo el propio Garavano semanas atrás y reveló que la idea es comenzar “una discusión seria” este año pero recomendó que el tratamiento legislativo “se dé recién en 2018, lejos de las elecciones”.
“Cada vez que se acerca una campaña electoral, los representantes del conservadurismo político aprovechan para reinstalar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad”, replicó el legislador porteño Pablo Ferreyra (FpV-PP) y presidente de la comisión Contra la Violencia Institucional.
“Bienvenido el debate, estamos dispuestos a darlo”, dijo a PáginaI12 la diputada nacional Diana Conti (FpV-PJ). “Esperamos que el trabajo que el Ejecutivo envíe al Congreso contemple la defensa en juicio de los menores”, completó la integrante de la comisión de Legislación Penal de Diputados.
Las diferencias políticas en la Cámara de Diputados sobre la baja en la edad de la punibilidad de adolescentes –que cruza transversalmente a bloques y alianzas parlamentarias–, fue el principal escollo para cualquier proyecto en esa dirección. Incluso, cuando en 2009 el Senado dio media sanción a un proyecto para bajar la imputabilidad que nunca prosperó en la Cámara baja.
Al menos 6 proyectos sobre Régimen Penal Juvenil tienen estado parlamentario en Diputados, aunque sólo tres proponen bajar la edad de punibilidad a los 14 años: uno de Elisa Carrió, y los otros del salteño Alberto Olmedo y a la puntana Ivana Bianchi.
