Desde Río de Janeiro
El ultraderechista presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pasó este lunes por uno de los más palpables bochornos de su carrera: la tan anunciada reunión con “embajadores de todo el mundo” acreditados en Brasil se transformó en un fracaso de dimensiones olímpicas.
Países esenciales para las relaciones comerciales brasileñas, empezando por China y Argentina, ni siquiera fueron invitados bajo el argumento de que no hay embajadores sino encargados de negocios. Ocurre que lo mismo pasa con Estados Unidos, cuyo encargado de negocios sí fue invitado.
El embajador de otro país de profundos vínculos comerciales con Brasil, Japón, se excusó alegando un “compromiso anterior” asumido en San Pablo. Chile y Colombia tampoco anunciaron representantes. Reino Unido y Alemania, igual.
Son dos los objetivos que llevaron Bolsonaro a convocar la insólita reunión. El primero: responder, en tono de venganza, a la iniciativa del integrante tanto del Supremo Tribunal Federal como del Tribunal Superior Electoral, Luis Fachin, quien se reunió con diplomáticos (en ese caso con la presencia de los más importantes países con representación en Brasil) para defender el proceso electoral tan criticado y atacado por Bolsonaro -a base a premisas falsas-. El segundo: advertir que hubo fraude electoral y, por lo tanto, los resultados no deben ser reconocidos por sus países. Prometió, una vez más, presentar pruebas de que tanto en 2014 como en 2018, cuando fue elegido, hubo irregularidades.
Inicialmente, el ultraderechista anunció que contaría con la presencia de “unos 150” representantes extranjeros. Luego, bajó para “poco menos de cien”. En los últimos días, mencionó a “por lo menos 50”. Y faltando pocas horas para el encuentro, “unos 40”. Fiasco total.
Aunque a esta altura ya casi nada de lo que dice y hace el presidente brasileño sorprenda tanto a analistas locales como internacionales, lo que incluye a consultores de inversiones, la iniciativa de intentar desacreditar no solo el sistema de votación (que funciona desde hace 28 años sin que jamás se haya detectado ningún tipo de fraude) sino las autoridades máximas tanto de Justicia como del tribunal electoral causó fuerte impacto negativo.
Frente a ese cuadro, los embajadores y representantes que comparecieron al encuentro con Bolsonaro fueron previamente advertidos por sus gobiernos a no corroborar, bajo ninguna circunstancia, las tesis golpistas del mandatario brasileño. Las orientaciones recibidas fueron en el sentido de relatar el tono de las declaraciones presidenciales. Y esa era precisamente la preocupación de asesores de Bolsonaro más cercanos a la racionalidad: que tales relatos expongan el desequilibrio del mandatario.
En resumen: aún antes de empezar, el encuentro ya era considerado tanto por analistas como por asesores menos radicalizados de Bolsonaro como un desastre de proporciones siderales. A excepción de sus seguidores más radicalizados, el mensaje presidencial se perdería entre las tinieblas y el ridículo más contundente.
Bolsonaro volvió a acusar violentamente a los integrantes de la Corte Suprema de haber “liberado a Lula de la cárcel”, indicando que sería el candidato de ellos.
Una vez más denunció la acción de un “hacker” en 2018, quien alega que logró entrar en el sistema y adulterar datos de los mismos integrantes del Tribunal Superior Electoral. Olvidó decir que la Policía Federal investigó la denuncia y llegó a la conclusión de que carece de fundamento.
Por milésima vez, reiteró que en 2018 no hubo transparencia en el conteo de los votos. Y mencionando a los países que ya anticiparon que enviarán observadores en 2022, preguntó “qué irán a observar”.
La semana ya había empezado con una noticia desagradable para Bolsonaro: Alexandre de Moraes, uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal (y blanco favorito de sus violentos y groseros ataques a integrantes de la Corte Suprema) que también actúa en el Tribunal Superior Electoral (TSE) determinó el domingo la inmediata remoción de las redes sociales de una serie de evidentes mentiras enviadas por seguidores más radicales del mandatario.
En caso de incumplimiento de su determinación, impuso una multa de poco menos de dos mil dólares diarios a los infractores.
Entre los que recibieron la decisión de Moraes aparece el senador Flavio Bolsonaro, hijo presidencial y uno de los coordinadores de su atribulada campaña a la reelección.
Además, entre las prohibiciones explícitas y vigorosas están las noticias falsas vinculando al Partido de los Trabajadores – el PT de Lula – al Primer Comando de la Capital, el PCC originado en San Pablo, una de las más organizadas, poderosas y violentas pandillas de criminales que actúan en Brasil. Tres otros diputados ultra-bolsonaristas también fueron sancionados con la inmediata suspensión de sus redes sociales.
Bolsonaro es un ardoroso defensor de la “plena libertad de expresión”, incentivando que sean esparcidas mentiras contra los adversarios en las redes sociales y también contra el sistema electoral vigente en el país.
La dura medida anunciada por Alexandre de Moraes indica, de manera clara, que tal acción no será permitida de ahora en adelante.
La amplia diseminación de mentiras y manipulación de noticias es parte esencial de la estrategia de Bolsonaro para una reelección que parece cada vez más alejada en el horizonte. Sin la reelección, y como consecuencia sin mantener la inmunidad presidencial, Bolsonaro sabe que su destino directo serán los tribunales. Por eso su desesperación por aferrarse a como sea en el sillón presidencial.