Desde Tegucigalpa

Las y los hondureños amanecieron el jueves pasado semana con la noticia de que durante la madrugada había sido asesinado a la salida de una discoteca Said Lobo Bonilla, hijo de ex presidente nacionalista Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, quien gobernó al país centroamericano entre 2010 y 2014, justo después de que se diera el Golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales en 2009. Hasta el momento hay seis detenidos por el crimen cometido en el estacionamiento de la Torre Morazán contra el joven de 23 años, dos amigos suyos y el chofer que los conducía, y según la Policía Nacional, la emboscada habría sido realizada por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) disfrazados con indumentaria de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) y pagados para cometer la masacre.

Con el asesinato de su hijo, se abre un nuevo capítulo en la serie de tragedias que ha sufrido la familia Lobo Sosa desde que “Pepe” le entregara la presidencia a su correligionario Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y quien hoy se encuentra detenido en Estados Unidos a la espera del juicio donde se lo acusa de haber conspirado para traficar más de 500 toneladas de cocaína.

El primero de los Lobo en caer en desgracia fue Fabio -el hijo mayor de Porfirio-, quien fue detenido en Haití en 2015 por la DEA y condenado en Estados Unidos a 24 años de cárcel más cinco en libertad condicional luego de declararse culpable, también por conspirar para importar y distribuir cocaína.

Según la declaración de Devis Leonel Rivera Maradiana, ex líder del cartel de “Los Cachiros” y testigo clave en el juicio, estos habrían aportado medio millón de dólares para financiar la campaña electoral de Lobo, y a cambio Fabio les ayudaba con protección oficial para mover sus cargamentos por el territorio hondureño y con conexiones dentro del Estado para que empresas de los narcotraficantes fueran seleccionadas en licitaciones que les permitieran blanquear las ganancias de sus negocios ilícitos.

En 2017, falleció en el departamento de Olancho -de donde son oriundos los Lobo- su hijo Cristian Javier por una supuesta intoxicación alcohólica. Ya había detenido en numerosas ocasiones por violencia doméstica, por violar las medidas sustitutivas que tenía, por uso indebido de nombre y por conducción en estado de ebriedad.

En 2018 fue detenida su esposa Rosa Elena Bonilla de Lobo por una investigación conocida como “La caja chica de la (primera) dama”, donde se reveló la red de corrupción que había montado para el desvío de fondos públicos a una cuenta personal, cinco días antes de que su marido dejara la presidencia. Plata que originalmente estaba destinada a la compra de indumentaria escolar y zapatos para niños carenciados, pero que terminó usándose para fines personales como la compra de joyas y el pago de la escuela de sus hijos.

En 2019 fue sentenciada a 58 años de prisión por malversación de fondos públicos, asociación ilícita y lavado de activos. Un año después, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio por errores de forma, pero en marzo de este año volvió a ser condenada, esta vez por apropiación indebida y fraude. Detenida en la cárcel de Támara, a Rosa Elena le concedieron un permiso provisional de 24 horas para ir a la velación de su hijo recién asesinado, donde declaró entre lágrimas que le habían quitado “parte de su vida” y que ellos no le hacían “mal a nadie”.

La pareja había aumentado su prontuario el año pasado cuando se publicaron los Pandora Papers, donde figuraban -junto a otro hijo y ex diputado llamado Jorge Dimitrov Lobo-, como propietarios de varias empresas y sociedades offshore registradas en paraísos fiscales. Meses antes, ambos habían sido incluidos en la Lista Engels que el Departamento de Estado de Estados Unidos publica con los nombres personas que han participado en actos significativos de corrupción, a los que les prohíbe la entada al país. En su momento, Portifio Lobo Sosa había protestado por haber sido incluido él y no “el mayor corrupto de la historia de Honduras”, haciendo referencia al entonces presidente de la Nación Juan Orlando Hernández, de su mismo Partido Nacional, y quien era el presidente del Congreso mientras Lobo comandaba el ejecutivo en el período comprendido entre 2010 y 2014.

A pesar de que ambos eran de la misma bandera política y que eran las dos figuras de mayor poder político posterior al Golpe de Estado, la relación comenzó a desgastarse cuando tanto la justicia norteamericana como la hondureña comenzaron a cercar a los familares de Lobo, que se sintió abandonado y traicionado por Hernández, quien acrecentaba su poder en el Estado y en las redes de narcotráfico a la vez que Lobo quedaba cada vez más acorralado.

Con el reciente asesinato de su hijo Said, algunas de las hipótesis que se manejan es que sea algún ajuste de cuentas o una forma de influir en posibles testigos para el juicio que el capo narco Hernández enfrentará en Nueva York, donde su hermano Tony -también ex diputado- ya ha sido condenado a cadena perpetua más treinta años.

Extraditado el ex presidente en abril pasado, Honduras atraviesa con el flamante gobierno de Xiomara Castro -quien aseguró que en el país operan escuadrones de la muerte- una transición donde debe depurarse un Estado completamente corrompido por el crimen organizado y donde, con la detención de Juan Orlando Hernández, se ha generado un vacío de poder y una reconfiguración de los distintos actores que producen o distribuyen la cocaína que, mientras siga existiendo demanda en el norte, jamás dejarán de buscar la forma de satisfacer ese consumo que a ellos les genera millonarias ganancias.