El presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), Gustavo Idígoras, denunció este lunes que cerca de 1,5 millones de toneladas de soja son contrabandeados a Bolivia y Paraguay generándole al país pérdidas por hasta 400 millones de dólares. “Están pasando más de 3000 camiones por mes por la frontera”, sostuvo el ejecutivo. De ese modo, buscó dejar en evidencia que no es un contrabando hormiga capaz de pasar desapercibido sino una maniobra a gran escala que cuenta con la complicidad de múltiples actores, públicos y privados.

El empresario explicó que esa maniobra es consecuencia del diferencial de precios que existe en la actualidad entre lo que percibe el productor en la Argentina y lo que le pagan en los países limítrofes. “Hoy en Argentina la soja vale 47.000 pesos promedio y en Paraguay y en Bolivia se paga 80.000 u 85.000 pesos y en algunos casos un poco más. Eso genera la tentación para mucha gente de contrabandear en esa zona fronteriza”, aseguró. “Se nos están yendo grandes volúmenes. Se calcula que 750.000 toneladas de grano de soja a Bolivia y un número similar a Paraguay. Estamos hablando de 300 o 400 millones de dólares”, agregó Idígoras en declaraciones a Radio 10.

Incluso aclaró que el contrabando no solo es de soja sino también de otros cultivos y sus subproductos. “Nos está pasando también con el aceite de girasol. Hoy Argentina tiene un precio interno subsidiado por los fideicomisos. Entonces ves las marcas argentinas de contrabando en los países limítrofes”, sostuvo.

El representante de Ciara dejó en claro que la escala de la defraudación es de tal magnitud que involucra a unos 3000 camiones por mes. “Son miles de camiones que deberían haber transitado hacia los puertos de la zona de Santa Fe que todos conocemos, ese gran cluster exportador que tiene la Argentina con 19 puertos. Sin embargo, el contrabando reduce la cantidad de camiones que llegan a los puertos. Son dólares que se le están escapando a la Argentina”, insistió.

Reacción oficial

Al ser consultado sobre si Ciara había hecho la denuncia, Idígoras remarcó que vienen trabajando en el tema desde hace varios meses y ya han hecho varias presentaciones ante el Ministerio de Seguridad. Además, remarcó que el nuevo director general de Aduanas está trabajando en el tema. “No puedo anticipar lo que está haciendo la Aduana porque hay una especie de secreto de sumario y capaz que estoy dando alguna información que puede generar algún ruido o perjudicar la investigación, pero hoy tenés comunidades casi completas que están trabajando en materia de recepción, acopio, acondicionamiento y exportación ilegal. Y del otro lado de la frontera, hay recepción, distribución y venta”, remarcó.

Este mismo lunes la AFIP, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Seguridad anunciaron la extensión de la utilización de la carta de porte electrónica, implementada en septiembre, al transporte de productos derivados de granos mediante el transporte automotor, ferroviario u otro medio terrestre. “Con la medida sumamos unos noventa y cuatro subproductos de origen granario dando mayor fortaleza a la trazabilidad y a la comercialización de esos productos y a su vez reduciendo las posibilidades de evasión y de comercialización en negro de todo lo que tiene que ver la cadena de productos granarios”, aseguró el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

“El trabajo articulado con las distintas áreas del Estado potencia las acciones de fiscalización y control sobre el sector. La digitalización de la documentación utilizada para trasladar granos y derivados nos permite atacar maniobras de evasión y garantizar el financiamiento genuino para las políticas públicas”, agregó la titular de AFIP Mercedes Marcó del Pont.

Operativos

En el gobierno destacan también que han venido llevando adelante operativos para combatir el transporte de granos, aunque por montos muy menores comparados con la denuncia de Idígoras. Fuentes de AFIP destacaron que las acciones realizadas por distintas dependencias del organismo entre noviembre y junio permitieron desarticular maniobras fraudulentas con el comercio de granos por 42.200 toneladas. Los procedimientos se llevaron a cabo en forma articulada por la DGI, Aduana y las áreas especializadas de fiscalización de la AFIP en distintas provincias productoras de materias primas como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Tucumán y Mendoza.

En el organismo destacan también que a partir de 2020 se fortalecieron y recuperaron herramientas de fiscalización y control de la producción y exportación de granos. El trabajo coordinado desde la AFIP se focaliza en desarticular maniobras de evasión y elusión fiscal, el contrabando, los abusos en materia de subfacturación del comercio exterior, la comercialización de mercadería no declarada, y frenar operaciones de empresas truchas.