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Mauricio Macri convirtió su ataque contra la Justicia laboral en una meta de política exterior. El mismo día en que este diario puso la imagen de Macri junto al título “Trabajo sucio”, el Presidente habló contra los jueces mientras ponía en funciones al nuevo canciller, Jorge Faurie (ver aparte).
Macri omitió explicar si el deseo de licuar el fuero laboral es una nueva forma de atraer inversiones. De momento los embajadores extranjeros acreditados aquí escucharon cómo cargaba contra abogados que “convencen a los trabajadores de hacer un juicio indebido y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos”.
“Este grupo de estudios laboralistas, que por suerte son una minoría, con un grupo de jueces, minoritario, laboralistas, conducido por Recalde, le han hecho mucho daño a la Argentina”, dijo Macri.
PáginaI12 quiso consultar a Héctor Recalde, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria y veterano laboralista. “Las declaraciones de Macri lo tomaron cuando ya estaba embarcando desde Ginebra hacia Buenos Aires”, informaron sus asesores. “Viajó para la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo.”
La agresión contra el fuero laboral fue uno de los temas que llevaron varios delegados argentinos a la OIT. Lo hicieron, entre otros, el propio Recalde y los dirigentes del sector de la Central de los Trabajadores Argentinos que encabeza Juan Micheli.
Macri dijo que los juicios laborales “dejan a un montón de gente sin acceder a un trabajo porque el que tiene que tomar decisiones tiene miedo de que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos”.
Ni el Presidente ni el nuevo canciller aportaron datos duros sobre la relación entre la litigiosidad laboral, ya sea por incumplimiento o por accidentes, y el nivel de empleo.
Los expertos y camaristas consultados por este diario para la nota de ayer más bien dieron otra interpretación. Explicaron que los litigios crecen cuando la situación económica es mejor y no al revés. Dijeron que en una situación de desempleo o de miedo al desempleo los trabajadores soportan más las injusticias porque, al margen de su grado de razón, no pueden arriesgarse a perder el puesto y entablar una demanda cuando no ven otro empleo en el horizonte.
En cuanto a los juicios por accidentes, afirmaron los jueces y los estudiosos que comienzan por vulneraciones graves de derechos o cuando el empleado perdió toda posibilidad de trabajar porque el accidente lo dejó incapacitado.
La ofensiva del Gobierno se concentra en los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, creada por Juan Perón. El ataque comenzó cuando los camaristas Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino dieron por válido un acuerdo de la Asociación Bancaria con la patronal financiera a contramano de los deseos del ministro de Trabajo Jorge Triaca. Se intensificó luego cuando otros camaristas, Luis Raffagheli y Diana Cañal, repusieron en su puesto a trabajadores echados de la hoy disuelta AFSCA, el órgano regulador de los servicios de comunicación audiovisual.
En medio del ataque los jueces, que ya habían expresado su solidaridad con los primeros agredidos, hicieron público justo ayer su apoyo a Raffagheli y Cañal.
“Los jueces que integran la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno, ante la denuncia y pedido de remoción presentado ante el Consejo de la Magistratura contra la doctora Diana Cañal y el doctor Luis A. Raffagheli, manifiestan que tal acto constituye una grave e inaceptable injerencia en la jurisdicción judicial”, dice el documento al que tuvo acceso PáginaI12. Sigue: “Ningún juez puede ser atacado por el contenido de sus sentencias, como es el caso de los vocales integrantes de la Sala III y VI, respectivamente, a quienes expresamos la solidaridad del Cuerpo”. Y concluye: “La independencia del Poder Judicial ha sido puesta en riesgo y, con ello, la vigencia plena de la Constitución Nacional”.
Tanto Raffagheli como el camarista Roberto Pompa, el juez nacional de La Matanza Alejandro Segura y el profesor universitario Álvaro Ruiz señalaron al ser consultados para la nota publicada ayer su asombro por el hecho, que consideraron sin precedentes en el fuero laboral, de que Cambiemos respondiera con el pedido de juicio político a fallos judiciales.
Agustín Rossi, que ocupó la presidencia del bloque del FpV antes que Recalde y Juliana Di Tullio, dijo en Twitter que conocía “la integridad moral y política de Recalde”, y se preguntó: “¿Cuántos se animan a denunciar intentos de soborno como lo hizo Héctor en 2007?”. Se refería a la denuncia formulada por Recalde contra empresas proveedoras de tickets canasta para que frenase un proyecto de ley que se proponía cambiar el régimen vigente para que vales y tickets se adquiriesen progresivamente “carácter remuneratorio”. Uno de los directivos de la cámara de servicios de vales fue filmado mientras intentaba sobornar a su hijo, que entonces trabajaba en el estudio familiar, Mariano Recalde.
Rossi tuiteó que “es una vergüenza que el Presidente Macri hable así del presidente de uno de los bloques más importantes de la Cámara de Diputados”. En otro tuit puso: “También sabemos que vienen x los derechos d l@s trabajador@s”.
