El fiscal de Perú José Domingo Pérez presentó este martes la acusación final y definitiva contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien además de ser la hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), fue primera dama entre 1994 y 2000, y congresista por Lima Metropolitana de 2006 a 2011.

El documento final de 4.600 páginas denominado “Caso Cócteles” expone la financiación irregular en las campañas electorales de Fujimori y otros políticos en 2011 y 2016.

Durante la audiencia virtual, el fiscal cumplió con el plazo que le había indicado el juez, Víctor Zúñiga, y presentó una sola acusación que contiene todas las observaciones sucedidas a lo largo del proceso por el magistrado y los abogados de las más de 40 personas que están implicadas en el caso.

No es la primera vez que Pérez presenta un documento contra Fujimori. En marzo de 2021 había solicitado una pena de más de 30 años, sin embargo, el juez entendió que había “imprecisiones” y le pidió que las “subsanara”.

Investigación

La investigación contra Fujimori comenzó en 2016, después de su segunda candidatura presidencial. Esta indagación se centró en los aportes que recibió el partido que lidera, Fuerza Popular, y en particular, en lo recaudado en los seis cócteles celebrados para reunir fondos.

Fuerza Popular declaró que reunió unos 1,2 millones de dólares con la venta de tickets con precios que variaban entre los 250 y los 500 dólares. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía de Lavado de Activos reveló que la formación solo pudo justificar una tercera parte de esa recaudación con la venta de tickets.

"Estas actividades proselitistas, si bien podrían haberse realizado, no habrían podido recaudar tan importantes sumas de dinero", indicó el informe citado por el diario peruano La República.

Con el avance de la investigación y la detección de otras inconsistencias, la Fiscalía concluyó que los cócteles fueron parte de un esquema montado por Fuerza Popular para ocultar aportes irregulares de empresas. Para esto fue fundamental que dos exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht —su expresidente Marcelo Odebrecht y su exrepresentante en Perú Jorge Barata— confirmaran que la empresa aportó de forma irregular al menos un millón de dólares a Fuerza Popular en la campaña de 2011, específicamente para la primera candidatura presidencial de Fujimori.

Ese hallazgo llevó a que la investigación se trasladara de la Fiscalía de Lavado de Activos al Equipo Especial del caso Lava Jato, en el que recaen todos los pagos de soborno de Odebrecht. En 2018, el equipo de Pérez pidió la prisión preventiva de Fujimori como líder de una presunta organización criminal que tenía como objetivo la captación de aportes irregulares en la campaña de 2011. El juez de la causa, Concepción Carhuancho, aceptó las solicitudes y ordenó la detención de la lideresa y otras 17 personas por el delito de lavado de activos.

Entradas y salidas de prisión

Fujimori fue liberada solo una semana después, cuando un tribunal de apelaciones anuló la orden de detención al considerar que no estaba debidamente sustentada. Unos diez días después, en octubre de 2018, Pérez formalizó la investigación preparatoria y volvió a solicitar la prisión preventiva de la política y otras 11 personas, que nuevamente fue concedida por Carhuancho.

Durante los 13 meses que Fujimori pasó en prisión preventiva en un penal de mujeres, la investigación de Pérez continuó avanzando, lo que le derivó en que la acusara de un nuevo delito: obstrucción a la justicia. Desde la cárcel, la política buscó impedir que los testigos de la causa declararan ante la justicia, incluso recurriendo a amenazas. Además, Fujimori y Fuerza Popular han utilizado su bancada en el Congreso para intentar protegerse del avance de la justicia, buscando ocupar espacios en organismos de control del Poder Judicial y promoviendo reformas en el sistema.

En noviembre de 2019 el Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus y Fujimori fue liberada, pero solo dos meses después regresó a prisión a pedido de Pérez. Entre otras cosas, el fiscal argumentó que existía riesgo de fuga y que la hija de Alberto Fujimori seguía intentando obstruir la actuación judicial.

En junio pasado, la Corte Suprema peruana rechazó un recurso presentado por la Fiscalía para que se ordenara el regreso a prisión preventiva de Fujimori, quien por este caso ya cumplió un primer período de prisión preventiva desde noviembre de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional ordenó su liberación en noviembre de 2019.

En enero de 2020, el Poder Judicial dictó otros 15 meses adicionales de prisión preventiva en su contra, que cumplió hasta mayo. Luego, un tribunal de apelaciones ordenó su excarcelación tras el pago de una fianza de unos 20.500 dólares.

Acusaciones

Pérez acusó a Fujimori por los delitos de delincuencia organizada, lavado de activos, obstrucción a la justicia, fraude en procedimientos administrativos y falso testimonio. Otras 40 personas vinculadas a Fuerza Popular fueron acusadas por delitos similares.