Organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas marcharon ayer por las calles de Jujuy contra la criminalización de la protesta. “Organizarse no es delito”, fue la consigna de la protesta que también se replicó en la Ciudad de Buenos Aires. Todas las organizaciones de la provincia -incluso las que mantienen diferencias históricas entre sí- se unieron en el reclamo: la UTEP, la Tupac Amaru, Unidad Piquetera, la Coordinadora de Organizaciones Populares. Repudiaron así los 16 allanamientos a comedores merenderos que sufrieron a principios de mes, a raíz de una causa armada por la justicia del gobernador Gerardo Morales para perseguir y espiar a los movimientos opositores.

En la capital de la provincia, una multitudinaria columna de manifestantes recorrió el centro hasta llegar a la Plaza Belgrano, donde hicieron un abrazo simbólico al Cabildo. Ivonne Aparicio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, señaló que en la jornada de lucha “participaron más de 30 organizaciones sociales”. Y añadió: “No vamos a permitir que en Jujuy se implementen los sistemas de la dictadura”.

Como publicó Página/12, la causa incluyó el espionaje ilegal a las organizaciones territoriales. Fue abierta en marzo pasado, cuando el fiscal Diego Funes --especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública-- ordenó infiltrar a las organizaciones que se movilizaron a la Legislatura, para el acto de apertura de sesiones de la Cámara de Diputados que encabezó el gobernador Morales.

En base a ese trabajo ilegal de inteligencia, el 6 dejulio, la policía hizo 16 allanamientos a comedores populares, merenderos y domicilios de referentes barriales, bajo la hipótesis de que formaban parte de una “asociación ilícita”. Durante esos operativos se secuestró documentación, celulares y elementos informáticos. El supuesto delito a investigar sería que en los comedores y merenderos se dedican a quedarse con dinero de los beneficiarios de planes sociales y los presionan para que vayan a las marchas. Es el mismo tipo de discurso que sectores políticos de la derecha, e incluso del peronismo, vienen desplegando en estos días de claro aumento del conflicto social, muy impulsado por la suba de los precios de los alimentos.

Desde San Salvador de Jujuy, en el arranque de la marcha, Sebastián Fernández, del Frente de Organizaciones en Lucha, señaló que “la investigación contra los movimientos fue tan ilegal que en la causa no hay ningún imputado. No se basa en una denuncia, sino que es por ‘averiguación de delito’. Es un armado para perseguirnos, al punto que la policía nos sigue hostigando, en estos días pasan con la sirena encendida por la puerta de los lugares que allanaron, quieren meter miedo entre los compañeros”.

Durante la protesta, los manifestantes reclamaron la anulación de las causas judiciales contra los referentes barriales y la derogación del código contravencional, que viene siendo utilizado por la provincia para impedir los cortes y manifestaciones opositoras. En su largo recorrido, los manifestantes intentaron llegar hasta el Sitio de la Memoria donde funcionó el Comando Radioeléctrico en época de la dictadura militar, pero personal policial impidió que se realizara un abrazo simbólico en la sede.

"Nuestra intención era recordar, a días de la Noche del Apagón y del día de los derechos humanos en la provincia (que es hoy), que cuando se sacan derechos a unos a otros les están dando privilegios", remarcó el dirigente Oscar Alfaro miembro de organismos de Derechos Humanos de madres y familiares de detenidos-desaparecidos de Jujuy y expreso político.

En la Ciudad de Buenos Aires también hubo una marcha en unidad desde el Obelisco a la Casa de la provincia de Jujuy. “Es una forma de acompañar la gran movilización que se está haciendo allá”, dijo el titular de la UTEP, Esteban Castro. “Necesitamos dar una luz de esperanza a muchos compañeros que están atravesando un momento muy difícil. Los comedores y merenderos son el núcleo de nuestras organizaciones; eso es lo que está atacando hoy el poder fáctico, el poder financiero, el poder político: se han puesto de acuerdo en avasallar a los pobres”.

Por su parte, desde la Unidad Piquetera apoyaron “la iniciativa unitaria en Jujuy y la hacemos extensiva a la criminalización que recorre el país, en Mendoza, en Neuquén, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, se estigmatiza y persigue a los luchadores sociales para impedir que sigamos luchando", según señalaron en un comunicado de prensa.

En la concentración se expresó también el pedido por la libertad de Milagro Sala, presa hace siete años por el Poder Judicial que controla el gobernador. Sobre este punto los dirigentes de la UTEP y los de la Unidad Piquetera vienen hablando sobre la realización de una campaña que sostenga en el tiempo un reclamo unificado de los movimientos.