A 24 horas de una movilización con más 50 puntos de concentración en las principales rutas del país por la implementación urgente del salario básico universal y aguinaldo para los beneficiarios de los planes sociales y con las agrupaciones de izquierda que marcharán al Obelisco, el Gobierno nacional volvió a cerrar las puertas de la negociación por los planes sociales.

El ministro de Bienestar Social, Juan Zabaleta, ratificó la decisión de no ampliar el cupo del Potenciar Trabajo en medio de la creciente conflictividad social. Y aseguró que se están "tomando decisiones para cuidar a los (actuales) beneficiarios" afectados por la crisis económica. Lo hizo tras una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien luego aseguró que el Ejecutivo seguirá “abierto al diálogo”.

"No va a haber más altas del Plan Potenciar Trabajo y decidimos cuidar al beneficiario del plan", sentenció Zabaleta. Aseguró que desde su ministerio se están "tomando decisiones para cuidar a los beneficiarios que, sin generalizar, están sufriendo" los efectos de la crisis económica. El ministro insistió en que el modo de “cuidar” a esos sectores populares será avanzar hacia la creación de fuentes genuinas de trabajo. "Tenemos una mesa de trabajo con los dirigentes sociales opositores. A todos nos conviene que Argentina se recupere y tenga futuro. Hay una fuerte inversión en obra pública y seguiremos invirtiendo en políticas sociales. El Estado va a seguir invirtiendo en cada argentino que lo necesite", afirmó.

En ese contexto, también recordó la implementación de un programa de auditorías. “Junto a las universidades públicas vamos a preguntarle a cada uno qué está haciendo y que pueda elegir en qué unidad productiva quiere trabajar". La semana pasada Zabaleta avanzó con las universidades en establecer una Carta de Obligaciones y Derechos con lineamientos para prevenir "manejos indebidos" en la ejecución del Potenciar Trabajo por parte de las organizaciones sociales.

Tras el encuentro, Manzur también se refirió a las masivas movilizaciones recientes en reclamo de mayor ayuda social. "Somos muy respetuosos de todas las expresiones populares y en ese sentido vamos a seguir abiertos al diálogo como siempre lo estuvimos, acordando, acercando posiciones y haciendo todo el esfuerzo del Estado para que toda la ayuda esté presente", dijo el jefe de ministros a la prensa.

En las calles

La semana pasada las organizaciones territoriales nucleadas en Unidad Piquetera volvieron a movilizarse a Plaza de Mayo con el mismo reclamo que hace tiempo vienen discutiendo con Zabaleta: la reapertura de los Planes Potenciar Trabajo y la regularización de la ayuda alimentaria para comedores y merenderos populares, ante la situación económica que genera la especulación financiera y la escalada de precios de las grandes compañías productoras de alimentos.

Pero ayer el ministró volvió a cerrarle la puerta a la reapertura de los planes sociales. Como respuesta, una de las organizaciones de Unidad Piquetera, el Polo Obrero, realizará este miércoles por la mañana una jornada frente al Obelisco en rechazo al "ajuste del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional". "Seguimos reclamando un refuerzo de ingreso de 20.000 para precarizados, monotributistas A y B, jubilados y Potenciar Trabajo. La universalización de los Potenciar Trabajo. El aumento del salario mínimo, vital y móvil a 100 mil pesos. Y la atención integral a los comedores populares", expresaron en un comunicado.

Por Salario Universal

En tanto, otras organizaciones sociales saldrán a las calles en distintas rutas y ciudades del país en reclamo de la implementación del Salario Básico Universal para los sectores de la economía popular, un aumento para empleados públicos y privados y un aguinaldo para beneficiarios del Potenciar Trabajo. Un petitorio que suscriben las organizaciones que participarán de la jornada de lucha: la CTA Autónoma, La Poderosa, Organización Los Pibes (OLP), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Frente Popular Darío Santillán, la UTEP, Nuestra América y el Partido Piquetero, entre otras.

"Es imprescindible el inmediato establecimiento de un salario básico universal para terminar con el hambre en Argentina y garantizar un piso de dignidad para la vida de nuestro pueblo", dijo el secretario general de ATE y adjunto de la CTAA, Hugo 'Cachorro' Godoy, en una conferencia de prensa. El dirigente del Partido Piquetero Juan Marino sostuvo que el SBU "es viable fiscalmente" ya que, según indicó, implica "un costo fiscal del 0,7 por ciento del PBI" y se puede financiar "reordenando partidas presupuestarias".

"En Argentina el 50 por ciento de niños y niñas viven en situación de pobreza. Hay millones de familias que hoy no pueden garantizar un plato de comida en sus mesas. Por eso reclamamos un derecho humano básico: que ninguna persona sea indigente en Argentina", explicó la secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez. El dirigente social Juan Grabois convocó desde sus redes sociales: "Puede ser que perdamos, puede ser que ganemos; pero sabemos qué intereses defendemos y no nos entregamos... ni por una sonrisa, un banquete o unas monedas como diría Evita. Mañana a la ruta. Por las y los jubilados, asalariados y trabajadores de la economía popular".

Las marchas y concentraciones tendrán epicentro en el Obelisco porteño, los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires como el Puente Pueyrredón, en el Cruce de Varela (Florencio Varela y Berazategui) y Puente La Noria (Lomas de Zamora). Además se extenderá a rutas y ciudades de distintas provincias.

Contra la criminalización

La masividad de la protesta se expuso también este martes Jujuy (ver aparte), donde una marcha multitudinaria recorrió las calles de San Salvador para manifestarse contra el espionaje que dispuso el gobernador radical Gerardo Morales a las organizaciones sociales y la criminalización de la protesta social.

Una movilización que unificó posturas de los movimientos territoriales de izquierda y los más cercanos al Gobierno Nacional, junto a las CTAs de los Trabajadores y Autónoma. Una decisión que asumieron a nivel a nacional para denunciar los violentos allanamientos a militantes y comedores populares que se realizaron en Jujuy, pero que casi en simultáneo se extendieron a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires. Todos ordenados por la justicia, que reactivó denuncias realizadas durante el gobierno macrista.