La Justicia ordenó la detención inmediata de una integrante de la Policía de la Ciudad acusada de encubrir a otros policías por el crimen de Lucas González, el adolescente baleado en Barracas en noviembre de 2021, y de torturar a a tres amigos del joven.

La policía, Teresa María Luján Scorza, revista en la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comuna 4 de la Policía porteña, y fue reconocida por una de las víctimas durante un procedimiento de reconocimiento fotográfico que se llevó a cabo a principios de julio.

El arresto de Scorza fue ordenado por la jueza de Instrucción Paula González, quien avaló el requerimiento elevado por el fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella. Fuentes judiciales estimaron que la policía sería indagada este miércoles.

En diciembre del año pasado, Gómez Barbella ya había solicitado la detención de Scorza y otros dos policías, Santos Ochoa y Damián Ezequiel Lobos. En esa ocasión, el juez de instrucción Martín del Viso no hizo lugar al pedido al considerar que, "más allá de sus posibles permanencias físicas en el sitio donde se detuvo a las víctimas", no había elementos que hagan suponer "la eventual participación" de esos policías en el crimen.

Sin embargo, a principios de este mes, uno de los amigos de Lucas,  Joaquín Zuñiga Gómez, identificó a Scorza en un reconocimiento fotográfico. El joven explicó que fue ella quien, "cuando tenía los brazos esposados por detrás me agarró el dedo para desbloquear el teléfono” y le revisó el celular. “Me decía dónde tenía la droga, que era un chorro, que a su amigo le tiraron porque hizo las cosas mal. Todo el relato era con ironía”, detalló.

Por ello, en su dictamen el fiscal consideró acreditado que Scorza “fue una de las mujeres policías que le produjo sufrimientos psíquicos a Joaquín Zuñiga Gómez mientras se encontraba ilegítimamente detenido". Para Gómez Barbella, la policía incurrió en "encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el ilícito precedente especialmente grave en concurso real con privación ilegal de la libertad calificada al tratarse de un funcionario público que actuara con abuso de sus funciones y por haber cometido torturas impediría una eventual condena en suspenso”.

Para el fiscal, existe riesgo de que las víctimas, sus familiares y los testigos del crimen sean presionados por Scorza, quien como integrante de la Policía podría rastrear a las víctimas y dar con ellas. En la causa, recordó el fiscal, ya se denunciaron en más de una ocasión intimidaciones a víctimas y sus familiares.