El equipo de defensa de las cuatro activistas feministas criminalizadas en San Juan por participar de la marcha del 8 de marzo presentó la semana pasada, antes del inicio de la feria judicial, el primer pedido de sobreseimiento. Las cuatro fueron citadas a declarar, por lo que técnicamente están imputadas del delito de daño grave contra un monumento público, aunque todavía no ha sido definida su situación procesal. Es decir, la jueza Mabel Irene Moya todavía no decidió si las procesa, les dicta la falta de mérito o decide -como pide la defensa- el sobreseimiento.

El mecanismo disciplinador comienza en los medios de comunicación, que levantan sus voces indignadas por las pintadas que se realizan al paso de la marcha feminista. “Morite chongo” es una de las inscripciones que puede leerse en la pared, y los diarios de San Juan exhiben las fotos del frente de la escuela con los calificativos de “indignación” y “repudio”. Al mismo tiempo, la directora de la Escuela Normal Superior Sarmiento, Karla Analí Almonacid lleva hace la denuncia en la comisaría Tercera. Dos días después, el 10 de marzo, el director de Patrimonio Cultural de la provincia, Jorge Martín, hace la presentación causa ante la fiscal Claudia Yanina Galante y el 25 de abril, el fiscal de Estado Enrique Sánchez Pombo se presenta como querellante.

La denuncia de Martín exhibe el verdadero sustrato de la imputación, ya que acusa a las activistas de atentar contra un Monumento Histórico Nacional y Provincial “estampando escrituras de contenido sexista, feminista, con frases apologéticas del delito de homicidio y alegóricas a la pretensa lucha contra la figura masculina que enarbola cierto grupo social”. Lo que es notorio en las fotos que circularon después de la marcha es que las paredes de la escuela ya estaban llenas de consignas y pintadas de otro tipo.

En las paredes -y a simple vista de fotos de diarios- pueden apreciarse pintadas previas, como leyendas sobre River y dibujos de corazones, entre otros. De las cuatro personas llamadas a indagatoria, hay tres que no pintaron nada, sólo fueron señaladas por su militancia en colectivos feministas.

Persecución y censura denuncia Conrado Suárez Jofré, que integra el equipo de defensa junto a Milenko García Seminga y Alejandra Rojo Sanz. “La investigación ha sido sumamente rudimentaria, ni siquiera tienen individualizadas a quiénes pintan y quiénes no. Por eso, hemos pedido sobreseimiento sobre una persona de la que está absolutamente probado que fue individualizada por ser una luchadora social, por lo publicado en sus redes sociales y por su actividad académica. Es algo sumamente grave, porque la policía informa que el resultado de la identificación de las personas es negativo pero que a través de una elemental búsqueda en Facebook e Instagram, por la pertenencia a un colectivo feminista la presumen culpable”, desarrolló Suárez Jofré.

Como no habían identificado a quienes realizaron las pintadas, la fiscal le pidió a la policía que busque en las redes sociales. “La policía se pone a ver grupos feministas y dicen ‘acá vemos una persona’ en concreto que es ‘una cabecilla’ -así lo mencionan- de una organización socorrista. Bueno, listo, ergo, debe haber pintado. No tienen una prueba de los hechos, sino de la persona. Eso es delirante, en término de los derechos humanos en juego”, señala el abogado. Es decir, se las persigue por su activismo.

La causa es por daño agravado (por tratarse de un monumento histórico), que prevé una pena de tres meses a cuatro años de prisión, según los artículos 183 y 184 del Código Penal. “Aquí no hay delito, fundamentalmente porque hay un ejercicio del derecho a la libertad de expresión y petición a autoridades, que compone el derecho humano a la protesta pública y eso está demostrando una finalidad divergente con la finalidad de daño que exige el tipo penal del daño”, plantea el profesional.

Claro que las cuatro activistas que desde hace meses están sometidas a causa penal estuvieron en la marcha. Fueron indagadas, la jueza tiene pendiente definir su situación procesal. “Obviamente, esa persona estuvo en la marcha. Pero ni siquiera tienen capacidad de identificarla allí, la imputan por tener una actividad pública y publicada en las redes, donde ella exhibe su lucha social. Esto es muy grave”, señala el abogado.

En las horas de grabación de las cámaras de seguridad fijas y en las bodycam que lleva la policía, no hay imágenes donde se vea a esta imputada pintando. Por eso, la estrategia defensiva fue dividir los pedidos de sobreseimiento “de menor a mayor”. “En uno planteamos la gravedad de estar imputando a alguien por su labor académica y social, en orden al feminismo que profesa y milita”, cuenta Suárez Jofré.

El abogado plantea que hablar de “una investigación tosca” es “una forma prolija de decir que es al boleo. Se está cayendo en una violación de principios elementales de nuestro sistema, que exige que la pretensión punitiva del estado se ejerza en función de hechos y no de personas. Yo diría que, en tres casos de cuatro, la imputación es por la obvia, pública, publicada, difundida y sumamente conocida actividad o pertenencia a una militancia, a una lucha social”, subraya.

De hecho, las otras dos activistas que fueron indagadas, estuvieron en la cabecera de la manifestación y por eso, debieron estar “en contacto con las mujeres policías, con las oficiales, hay diálogo antes de iniciar la marcha, donde ellas le transmiten por dónde van a participar, les anticiparon el itinerario. Terminan siendo imputadas sin ningún elemento directamente vinculados a los hechos”.

La cuestión central en la defensa de la única que sí fue vista pintando las paredes es que su acción “no constituye daño sino un ejercicio de la libertad de expresión, escribiendo un reclamo”. Está claro que no es un delito. “El problema es poder incriminar a estas personas, aleccionar y amedrentar, hay un enfoque defensivo sobre la autocensura que se intenta provocar: miren lo que les va a pasar, si se les ocurre plasmar cualquier tipo de consigna que tenga que ver con el patriarcado”, señalada el abogado, quien remarca que “la pintada no pasa de eso, una pintada sobre un muro recontra repintado. Todos los sanjuaninos vimos esto, es muy visible, es una de las famosas escuelas normales, que están declaradas monumento público, pero nadie se preocupa hasta que leen inscripciones que interpelan ciertas cuestiones”. Y corola con una ironía: “Estos súbitos conservadores del patrimonio salen a proteger este monumento que está totalmente desprotegido, no solo minutos antes de que llegue la marcha, sino desde hace años”.