El Gobierno relativiza el argumento de la "fiesta de importaciones" afirmando que el incremento en las compras externas se explica por el crecimiento industrial y por las crecientes importaciones de energía. Si ésta explicación permitiera dar cuenta enteramente del fenómeno en cuestión, los datos que brinda el Banco Central mostrarían que el crecimiento en los egresos de dólares por pagos de importaciones se da solo en aquellos segmentos que comprenden la energía. 

Sin embargo, en el segmento de Comercio los pagos por importaciones en el período enero-mayo de 2022 aumentaron 26,5 por ciento interanual y lo hicieron en un 42,1 por ciento respecto del mismo período de 2019. En el segmento Entretenimiento, esas erogaciones avanzaron un 27,1 por ciento respecto de 2021 y 39,8 por ciento contra 2019. En Gastronomía, el avance fue de 47 por ciento interanual y un 27,1 por ciento en relación a 2019; y en Papel, Ediciones e Impresiones, del 27,6 por ciento y 36,2 por ciento, respectivamente. Alimentos, Bebidas y Tabaco aumentó 15,2 por ciento frente a 2021 y 29,3 por ciento con respecto a 2019, al tiempo que Informática lo hizo en un 36 por ciento y 45,9 por ciento, respectivamente. En tanto, Textil y Curtidos subió 31,2 por ciento frente a 2021 y 37,3 por ciento con respecto a 2019. 

Solo estos segmentos mencionados representan un incremento de los egresos por 1363 millones de dólares contra el período enero-mayo 2021. Una economía tan dependiente de las importaciones causa un doble problema. El más obvio es que las importaciones alientan la restricción externa, junto a la fuga de capitales y los pagos de deuda pública y privada. A esto se suma la restricción laboral, es decir la escasez de empleo asalariado formal y estable en rubros que no se producen localmente y que sí se importan.

Dos bibliotecas

Hay un sector de la biblioteca que entiende que el libre mercado triunfó en 1989, que la globalización es irrefutable y que de una manera u otra la restricción externa y laboral se subsana potenciando el perfil exportador, ya sea del sector manufacturero o bien de los servicios y materias primas. 

El "Sector industrial-manufacturero exportador" es el concepto clave que da identidad al proyecto económico de Alberto Fernández mientras que la "exportación de servicios y materias primas con valorización financiera" es el concepto que da identidad a los proyectos neoliberales. La solución parece ser exportar más.

Por otro lado, hay economistas que no niegan que resulte necesario potenciar las exportaciones pero que aún sostienen que la restricción externa y laboral se resuelve estructuralmente con políticas comerciales y cambiarias proteccionistas en el marco de un plan que promueva la sustitución de importaciones.

El primer grupo considera a los segundos como anacrónicos que no entienden las "bondades" de la globalización, afirmando que actualmente los países desarrollados aplican políticas comerciales aperturistas y globalizadas.

Los segundos refutan a los primeros argumentando que la historia económica mundial prueba que la industria manufacturera de los países desarrollados logró insertarse en el comercio internacional solo después de que los gobiernos de esos países restringieran las importaciones aplicando políticas proteccionistas por un tiempo prolongado. 

Es decir, las actuales políticas aperturistas y librecambistas que esos países aplican fueron puestas en vigencia solo después de que las políticas proteccionistas en favor de su respectiva industria nacional posibilitaran que ésta se capitalizara y optimizara su capacidad instalada, sus recursos técnicos y tecnológicos, logrando así condiciones aceptables para una posterior competencia con los bienes importados en el mercado interno y al mismo tiempo una mayor capacidad de inserción en el comercio exterior mediante exportaciones de bienes con mejor calidad, precio y volumen.

Proteccionismo

Esto último se conoce como el "argumento de la industria naciente" y no es ninguna novedad teórica. Fueron los reyes Eduardo III (1327- 1377), Enrique VII (1485-1509) e Isabel I (1558- 1603) los que promovieron la fabricación de lana en Inglaterra instrumentando políticas proteccionistas. Tiempo después, el Primer Ministro Robert Walpole (1721-1742) extendió la política de proteccionismo al resto de los sectores industriales ingleses complementándola con una exigente política de calidad. Fue en este marco proteccionista que Inglaterra encabezó la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII y principios del Siglo XIX.

El primer Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alexander Hamilton (1789- 1795), y el economista alemán, Friedrich List, fueron tras los pasos de Walpole y le dieron mayor sustento argumentativo a estas políticas, que luego fueron aplicadas entre los siglos XIX y XX en gran parte de los países que hoy son desarrollados.

En 1820, la tasa arancelaria media ponderada en Inglaterra era del 45 por ciento y entre 1875 y 1950, Estados Unidos, Alemania, Austria, Francia, Suecia, Dinamarca, Italia y España, entre otros, impusieron tasas arancelarias cuya media ponderada osciló mayormente entre 15 y 20 por ciento y en algunos casos alcanzaron máximos del 50 por ciento. Casos más extremos son los Corea del Sur en la década de 1960, donde directamente se cerraron las importaciones. Todos estos países abandonaron las políticas proteccionistas en favor de las aperturistas librecambistas, pero lo hicieron recién cuando observaron que estaban en condiciones óptimas de competitividad.

Planificación

En los casos en donde las políticas proteccionistas fracasaron fue por falta del elemento más relevante: la planificación. Proteccionismo sin planificación provoca la malformación industrias parasitarias, rentistas y deficientes. No es cuestión de solo restringir el acceso a los dólares o imponer aranceles para desalentar las importaciones, sino de planificar y proyectar ordenadamente el proceso de sustitución de las mismas. 

La planificación posibilita esbozar en qué sectores deben ir aplicándose las políticas pertinentes y cómo deben asignarse en forma eficiente al sector privado los recursos escasos de la economía nacional. A partir de allí el Estado debe proveer protección arancelaria y beneficios en términos subsidios y exenciones impositivas a la industria pero a cambio de una constante fiscalización con exigencias estrictas por parte del Estado en concepto de cumplimiento de metas, objetivos, inversión, modernización, eficiencia, precios y calidad. 

Es relevante a la vez el orden en el criterio sustitutivo. Por ejemplo, si la industria de bienes de consumo se sustituye a un ritmo acelerado pero desfasado en relación a la industria de bienes de capital, inevitablemente se recaerá en la restricción externa. Resulta además conveniente que los recursos y sectores estratégicos como carbón, hierro, petróleo, gas, termoeléctricas y siderúrgicas estén en manos del Estado (o al menos en empresas mixtas) con el objetivo de que el riesgo no recaiga solo en el sector privado y que las empresas públicas asistir en la provisión de insumos.

En un país que persiste en la lógica del "vamos viendo", los errores se suscitan cuando se instrumentan políticas industriales en ausencia de una rigurosa planificación estatal industrial. El problema en gran parte de los economistas es que recaen una y otra vez en la mala costumbre de agotar el debate en la planificación presupuestaria con metas fiscales y monetarias mientras que la industrialización queda en el olvido.

Reinstalar este debate y establecer un plan sistémico de industrialización que trascienda los mandatos presidenciales y que coloque al trabajo asalariado como ordenador de la rutina cotidiana y de la vida social de los argentinos y argentinas debería ser la prioridad de las fuerzas políticas, de este gobierno y de los próximos también.

*Analista económico. Villa María, Provincia Córdoba.