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El Vaticano anunció esta semana que, a partir del próximo 1 de septiembre, se comenzará a implementar “una nueva política unificada para las inversiones financieras de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”, según se consignó en un comunicado emitido por la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. De esta manera la Iglesia Católica a su máximo nivel pretende optimizar la gestión económica, dar respuesta a la crisis financiera que atraviesa y, al mismo tiempo, "garantizar la naturaleza ética de las inversiones inmobiliarias de la Santa Sede", según se expresó en la resolución oficial. La medida fue adoptada por decisión del papa Francisco siguiendo la propuesta elaborada por el Consejo de Economía junto a un grupo de especialistas y luego de la aprobación de los varios de los dicasterios (ministerios) involucrados en el manejo de las finanzas de la Iglesia. El encargado de la puesta en marcha de la nueva política es el sacerdote Juan Antonio Guerrero Alves, prefecto (ministro) de la Secretaría de Economía.
En la argumentación que sirve de base a la medida se anuncia que "la nueva política de inversión pretende garantizar que las inversiones estén orientadas a contribuir a un mundo más justo y sostenible; protejan el valor real del patrimonio de la Santa Sede, generando un rendimiento suficiente para contribuir de forma sostenible a la financiación de sus actividades; y estén alineadas con las enseñanzas de la Iglesia católica, con exclusiones específicas de inversiones financieras que contradigan sus principios fundamentales, como la santidad de la vida o la dignidad del ser humano o el bien común".
En relación a ello se dice también que la decisión se encuadra dentro de los lineamientos creados por el Papa en su reciente documento Praedicate Evangelium sobre la organización institucional de la Iglesia, y es es una forma de reacción institucional frente a desmanejos económicos y financieros que se investigan en el Vaticano y en el que están comprometidos algunos cardenales.
La política de inversión –informó la Secretaría para la Economía- fue aprobada ad experimentum (de manera provisoria) por cinco años y entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, con un período de moratoria para adaptarse a los criterios propuestos.
Si bien históricamente las finanzas del Vaticano se manejaron con reserva y poca transparencia, en 2019 un escándalo se hizo público porque fiscales de la Santa Sede dieron inicio a una investigación relacionada con una inversión de 350 millones de euros en una propiedad de Londres, que le costó al Vaticano decenas de millones de dólares en comisiones y pérdidas. Diez personas, entre ellas un cardenal, intermediarios italianos y exfuncionarios del Vaticano, llevan un sometidos a juicio por acusaciones de malversación financiera. La evidencia recogida hasta el momento indica que el sarcerdote Alberto Perlasca actuaba como consejero de un fondo de 600 millones de euros recomendando inversiones de fondos eclesiásticos. Entre otras situaciones que se investiga el dinero del Vaticano que habría sido destinado a convertir un almacén de la tienda Harrod’s en Londres en un lujoso conjunto residencial en esa misma ciudad.
Siguiendo los nuevos lineamientos ahora la Secretaría Económica señala que es importante que las inversiones "se dirijan a actividades financieras de carácter productivo, excluyendo las de carácter especulativo y, sobre todo, se guíen por el principio de que la elección de invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo y no en otro, es siempre una elección moral y cultural".
Por ese motivo, se agrega en el comunicado oficial, "las instituciones curiales deberán confiar sus inversiones financieras a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) transfiriendo su propia liquidez para ser invertida – o sus propios valores depositados- en bancos extranjeros o en el propio Instituto para las Obras de Religión, IOR (el banco vaticano) a la cuenta de la APSA habilitada en el IOR a tal efecto".
De esta manera la APSA centralizará las operaciones económico financieras del Vaticano determinando estrategias de inversión y evaluando “la idoneidad de las opciones, con especial atención a la conformidad de las inversiones realizadas con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, así como los parámetros de rentabilidad y riesgo según la política de inversión". Las agencias de la Santa Sede tienen un año para elaborar una estrategia de desinversión en caso de que algunas de sus inversiones caigan dentro de las categorías prohibidas.
