Con el reclamo de que se juzgue a los responsables del ingenio Ledesma, cientos de personas marcharon por Jujuy al cumplirse 46 años de los secuestros de las Noches del Apagón, cuando las fuerzas de seguridad y militares salieron de cacería amparadas por la oscuridad que daba un corte de suministro eléctrico. El dueño de Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, fue dejado afuera del juicio por el tribunal oral federal que debe llevar adelante el proceso, aunque se le deberán practicar nuevos estudios. Para el próximo lunes, se prepara una marcha con linternas hacia la casona de San Isidro donde pasa sus días el empresario.
Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, las fuerzas armadas y de seguridad secuestraron a cientos de personas en las localidades jujeñas de Calilegua, El Talar y Libertador General San Martín –lo que era la zona del ingenio Ledesma, que dirigía Blaquier y administraba Alberto Lemos–. Las personas que eran secuestradas eran subidas a camionetas que había proveído la empresa azucarera. En todos los casos fueron llevadas al centro clandestino de detención que funcionó en la hostería de Guerrero. Algunos fueron después trasladados a cárceles a cientos de kilómetros de distancia, como la Unidad 9 de La Plata o Villa Devoto. Se calcula que 30 personas aún siguen desaparecidas.
La impunidad de Ledesma se extendió durante décadas, pese al reclamo de organismos de derechos humanos. Un emblema de esa denuncia fue Olga Márquez de Arédez. Recién en 2012, la justicia avanzó contra Blaquier. Debió ser un juez de otra jurisdicción, Fernando Poviña, quien lo llamó a indagatoria y después lo procesó en dos causas: en una por los secuestros de las Noches del Apagón y en otra por los secuestros que se sucedieron en los primeros días del golpe de Estado –entre los que se contaban el del médico e intendente de Libertador General San Martín Luis Arédez, esposo de Olga.
En 2013, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos de Blaquier y Lemos, pero, al tiempo, hicieron su entrada en escena los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. En marzo de 2015, los camaristas Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi les dictaron una falta de mérito a los dos empresarios. Para hacerlo, dijeron que Blaquier podría no haber sabido para qué les dieron los camiones a las fuerzas represivas.
El caso fue a la Corte. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó dictaminó a favor de que se hiciera el juicio contra Blaquier, pero el expediente juntó polvo durante casi seis años en el Palacio de Justicia. Después de pedidos de HIJOS Jujuy y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) para que los supremos dejaran de aplicarle el tratamiento de cronoterapia a la causa que involucra a uno de los empresarios más poderosos del país, en julio del año pasado los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton revocaron la decisión de Casación, a la que acusaron de haber obstaculizado indebidamente el trámite de la investigación.
Cuando la posibilidad de sentarse en el banquillo se materializó, la defensa de Blaquier –que la encabeza el excamarista del Juicio a las Juntas Jorge Valerga Aráoz– planteó que el abogado no estaba en condiciones. El Cuerpo Médico Forense (CMF) le dio la razón: dijo que Blaquier, a sus 94 años, presentaba un deterioro cognitivo que hacía imposible que afrontara un juicio. Los peritos de la SDHN entendieron que el diagnóstico era correcto. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy votó por mayoría separarlo del proceso y continuar con Lemos.
Sin embargo, la fiscalía y otras querellas apelaron. La Sala IV de Casación –con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo– anuló la resolución del TOF jujeño y ordenó que se le practiquen nuevos estudios a Blaquier --como había reclamado la jueza que quedó en minoría en Jujuy--. Sin embargo, no se pronunciaron sobre el fondo de la discusión. Es probable que haya novedades acerca de los análisis a Blaquier recién después de la feria judicial.
“A 46 años de estos crímenes, las víctimas y sus familias no recibieron justicia ni reparación”, dijo la SDHN desde sus redes sociales. “Nuestra prioridad es que el caso no quede impune, que se avance, que se pueda condenar aunque sea a Lemos si Blaquier no está en condiciones de salud para poder afrontar un juicio”, le dijo a Página/12 el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti. “Tiene que quedar comprobado por un fallo judicial que el ingenio fue cómplice de la dictadura militar”, agregó el funcionario en un nuevo reclamo para que la justicia federal de Jujuy lleve adelante el juicio.
“Relacionamos la persecución de Milagro Sala con el acompañamiento que le dio a los organismos de derechos humanos con el reclamo de justicia y la visibilización de Blaquier”, añadió Pietragalla Corti en relación a la situación de la dirigente social que está en prisión domiciliaria en su casa. “Qué paradójico que hoy Milagro Sala esté presa por causas políticas y que los responsables de la complicidad civil con la dictadura no sean condenados”, completó.
Para el lunes a las 18, organizaciones sociales y de derechos humanos convocaron a una marcha con linternas hacia la casona de Blaquier en San Isidro. El punto de concentración es la intersección de Avenida Márquez y Panamericana.
