¡Que se resuelva ya! Es el reclamo colectivo que atraviesa todo el país, para que se declare la nulidad de la causa contra la médica Miranda Ruiz, judicializada en Salta por garantizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en el marco de la Ley 27.610. Hoy a las 12 se realizará un pañuelazo frente a la Legislatura provincial, donde Miranda junto con su abogado, Oscar Guillén, darán una conferencia de prensa que reafirme el pedido de nulidad y su sobreseimiento, en una causa que presentó irregularidades jurídicas de origen “y que además no tiene sentido alguno, ya que se imputa por algo que está en el marco de la ley”, expuso la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Miranda Ruiz es médica clínica, residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, que en agosto de 2021 practicó una ILE a una joven de 21 años, con 22 semanas de gestación. Días después, la tía de la joven la denunció por forzarla a abortar, y el fiscal Gonzalo Ariel Vega determinó la imputación penal. “Fue imputada injustamente por la justicia patriarcal salteña, quienes aún no se actualizaron con los alcances de la ley, y pretenden que las personas gestantes que deciden sobre su cuerpo no accedan a su derecho y sigan exponiéndose a abortos inseguros y clandestinos”, sostiene la Red en su cuenta oficial de Twitter. “Decimos ´Garantizar derecho no es delito, basta de criminalizar profesionales y sumamos nuestro apoyo al pedido de #NulidadDeLaCausaMirandaRuiz”.
Antes de practicar la ILE, la médica había realizado una evaluación interdisciplinaria con psicólogas y trabajadoras sociales en la que determinaron causal, y se llevó a cabo el procedimiento. En ese caso, una práctica medicamentosa y autosuministrada. “Muchas veces ocurre que no es solo una situación de aborto, hay otros derechos que están vulnerados y la mayoría de las veces provienen de situaciones de violencias de género, entonces el trabajo de salud integral tiene que ver con ese abordaje”, dijo la médica Julieta Bazán, de la Red, a la agencia Télam, durante el chaquetazo que se realizó el 14 de julio en los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. “Hacerle una denuncia (a Miranda), que cuando se investiga comprueban que todo el procedimiento y la historia clínica estaban bien, y que esa causa siga, es claramente un hostigamiento hacia quienes garantizamos los derechos sexuales y es una persecución política e ideológica hacia todo este sector de salud, y particularmente hacia Miranda. En realidad ella es la excusa de una mirada conservadora sobre la salud sexual y sobre la sociedad.”
En estos diez meses, diferentes sectores políticos, desde legisladores y legisladoras provinciales hasta el Ministerio de Salud de Salta manifestaron su solidaridad y acompañamiento, pero es el peso de grupos locales conservadores, que decidieron avanzar sobre Miranda consolidando un discurso religioso y antiderechos, el que impone en los territorios su propia política obstaculizadora, para caracterizar la salud reproductiva y no reproductiva bajo diferentes figuras delictivas. “Garantizar abortos legales no es delito”, declara la Fundación MxM, un espacio interdisciplinario de activistas feministas de Tucumán, que luchan en el NOA por los derechos de mujeres y disidencias. “No importa bajo cuáles figuras penales el patriarcado judicial quiera cuadrarlo para quitarnos el derecho a decidir.”
El abogado Oscar Guillén volverá a recordar hoy que la ILE estuvo amparada por la Ley Nacional 27.610, vigente desde enero de 2021, y que en la historia clínica se asentó el consentimiento informado, firmado por la joven y la médica, con el respaldo del equipo interdisciplinario y de la dirección del hospital. El juez Mariscal Astigueta ya rechazó dos pedidos de sobreseimiento presentados por Guillén, y pese al amicus curiae presentado por organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y feminismos.
Miranda es la única profesional médica que, junto a un equipo interdisciplinario, garantiza el acceso a ILE e IVE en el departamento de General José de San Martín, con una población de cerca de 190.000 habitantes, detalla un informe de Amnistía Internacional Argentina (AI) una de las organizaciones que firman el amicus curiae y que se pronunciaron contra el impacto negativo de su estigmatización y criminalización en el acceso a la interrupción del embarazo. En una provincia donde mandan las barreras, solo hay 26 profesionales “que garantizan la práctica, debido a que la mayoría son objetores de conciencia”, precisa el relevamiento. El Hospital Provincial Materno Infantil (HPMI), ubicado en la capital, es el centro de salud que absorbe la mayoría de las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) en la provincia, pero su atención colapsa, lo que da cuenta “de demoras de más de un mes en el acceso a la práctica, cuando el plazo legal es de diez días”.
La calidad el acceso al aborto es deficiente en algunos centros de salud, advierte el informe de AI, y se registraron situaciones de violencia y maltrato. “Existen barreras para acceder a la práctica por demanda espontánea, siendo necesario solicitar el turno a través de la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación.” Tampoco hay campañas públicas de información ni cartelería sobre el derecho al aborto, ni los lugares, días y horarios para acceder a una consulta, y existen barreras en el acceso en el sector privado, “lo que deriva en que muchas personas que cuentan con obra social o prepaga sean orientadas sistemáticamente hacia el sistema público, aumentando el nivel de colapso y cuello de botella en los hospitales”.
