La Corte de Justicia de Salta rechazó el pedido de nulidad que presentó el gobierno de Gustavo Sáenz y confirmó la orden judicial de designar facilitadores culturales y acondicionar albergues transitorios para comunidades originarias, que habían sido decididas por el juez de Impugnación Eduardo Barrionuevo.

La confirmación de esta decisión fue notificada el lunes pasado a las partes, entre las cuáles se encuentra la demandante representada por la Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ) -integrante de Infancia en Deuda- y la comunidad indígena Misión La Loma, de Embarcación.

“La realidad informa que el estado salteño no ha tomado ninguna medida concreta para el cumplimiento de la medida cautelar”, dijo ayer a Salta/12 el coordinador del programa de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ, Francisco Rodríguez. La medida cautelar dictada por Barrionuevo estaba vigente pese a la apelación y pedido de nulidad elevado por la provincia.

La resolución de Barrionuevo en enero pasado intimaba al Ejecutivo a designar facilitadores culturales en los hospitales de referencia, o cabecera, de los departamentos Orán, Rivadavia y San Martín (consignados como zona de emergencia sanitaria desde 2020 por las muertes evitables de infancias originarias), así como en Salta Capital. También había dispuesto el establecimiento y manutención de albergues en las cercanías de los centros sanitarios de referencia de los tres departamentos y el Hospital Público Materno Infantil (en Salta Capital) con el fin de dar contención de niños, niñas y adolescentes indígenas y a sus familias. 

Ambas cuestiones se encuentran incorporadas en la Ley de Salud Intercultural que fue sancionada hace 8 años en la provincia, pero aún está sin reglamentar y sin aplicar.

En su fallo, la Corte indicó que al momento de resolver, Barrionuevo había ponderado “la falta de conocimiento por parte del Director de Atención Primaria de la Salud y del Jefe de Programa de Atención Primaria sobre la existencia de fondos para el Programa de Relaciones Interculturales para el período 2020 o 2021”. Ese Programa desapareció de la estructura del gobierno provincial al iniciar la gestión de Saénz, quien dio mayor entidad a un programa de Bienestar Animal.

Interés superior de NNyA

En lugar de dar una respuesta concreta a las resoluciones de Barrionuevo, la provincia decidió seguir el camino de la apelación de la medida y el pedido de la nulidad asegurando que el magistrado era incompetente para decidir sobre el tema.

En respuesta a ello el máximo tribunal salteño afirmó en su reciente fallo que “en anteriores oportunidades, esta Corte ha decretado la nulidad de las actuaciones desplegadas por los jueces ante quienes se interpusieron las respectivas acciones, por razones de incompetencia material”. No obstante, indicó que “se advierte que las particulares circunstancias que rodean el presente caso y que involucran derechos de la mayor jerarquía de un grupo con preferente tutela -niñas, niños y adolescentes-, desaconsejan seguir tal temperamento”. Ante ello dispuso confirmar la decisión de Barrionuevo.

Incumplimientos y falta de información

Hasta el lunes pasado y con datos propios de los casos que se lograron conocer solamente en dos de los municipios de la zona de emergencia sanitaria (General Mosconi, en San Martín, y Santa Victoria Este, en Rivadavia), se contabilizaron cuatro niñes fallecides en una quincena. En al menos dos de estos últimos casos, cuando el sistema sanitario se enteró de su situación, las muertes ya habían acontecido.

Aunque Salta/12 solicitó desde hace más de una semana los datos respecto a la cantidad de fallecimientos de infancias de hasta 5 años en la zona de emergencia sanitaria, hasta el momento no se obtuvieron respuestas.

Pero la imposibilidad de acceder a la información no es solo de este medio. Rodríguez manifestó que se hicieron pedidos de información de manera oficial obteniendo como respuestas solamente evasivas desde la cartera sanitaria provincial.

Recordó que durante los primeros tres meses del año habían fallecido 44 niñas y niños, al menos 5 en el segundo trimestre y 4 en los últimos quince días. Afirmó que junto con la comunidad que representan se elevaron tres pedidos de oficio para que el Estado responda qué acciones se tomaron desde el momento en que la cautelar de Barrionuevo (ahora confirmada por la Corte) se encuentra vigente. El gobierno salteño nunca respondió a los oficios que en su momento fueron enviados por el máximo tribunal.

También se hicieron dos denuncias por los incumplimientos a la orden judicial pero hasta ahora no prosperaron. “Lo que debiera ocurrir de ahora en adelante es que frente a los pedidos de la parte actora la Corte de Justicia de Salta, se haga cargo del fallo y a partir de eso le empiece a exigir al Estado salteño el cumplimiento de la cautelar”, evaluó el referente de ACIJ respecto del futuro de las actuaciones en curso.