El conflicto entre La Pampa y Mendoza tendrá este miércoles una nueva instancia, en una querella que ya lleva años. Desde las 10, representantes de ambas provincias expondrán 40 minutos cada uno ante los integrantes del máximo tribunal, en una audiencia de conciliación derivada del juicio que los pampeanos le entablaron a los cuyanos por la explotación del río Atuel.

El origen del conflicto se remonta a 1947. Ese año, Mendoza inauguró el embalse El Nihuil. La Pampa denunció entonces que se había alterado el curso del río Atuel. El diferendo original recién se solucionó en 1987, cuando un fallo de la Corte Suprema le permitió a Mendoza a regar hasta 75 mil hectáreas antes de liberar el cauce del Atuel hacia La Pampa. Esa sentencia consideró al Atuel un río de carácter interprovincial e instó a las partes a celebrar convenios sobre el uso del río.

La regulación de la Corte se mantuvo hasta que en 2008 la disputa volvió a los tribunales. El convenio firmado entonces entre el gobernador mendocino, Celso Jaque, y su par pampeano, Oscar Jorge, nunca fue ratificado por la legislatura de Mendoza, ante lo cual los pampeanos acusaron a sus vecinos de daño ambiental e incumplimiento del fallo de 1987. La Pampa reclamó su derecho al agua y exigió una indemnización.

Ahora, el ministro de Gobierno de Mendoza, Dalmiro Garay, adelantó que su provincia mañana demostrará que "Mendoza usa muy bien el agua" y solo riega entre 50 y 55 mil hectáreas, "muy lejos del tope de 75 mil hectáreas autorizadas por la sentencia del 87”. Para los abogados de la provincia cuyana, el caso es "cosa juzgada", por la sentencia de la Corte Suprema. Alegarán, además, que la provincia invirtió 117 millones de dólares en mejorar la distribución del agua en el curso del Atuel.

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, quien participará de la audiencia, al igual que su de Mendoza, Alfredo Cornejo, advirtió que solo aceptará la conciliación "si hay agua del Atuel en territorio pampeano". "No me vengan con el cuento de que me van a derivar agua del río Grande”, subrayó.

Como “amicus curiae” se presentará el Centro de Estudios en Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la UBA, que brindará una perspectiva independiente sobre la controversia interprovincial.