En las últimas horas, dos proyectos ingresaron a la Cámara alta para dar marcha atrás con la decisión de la ministra Carolina Stanley de anular el otorgamiento de pensiones no contributivas a personas con discapacidad. La iniciativa presentada por la senadora del Frente para la Victoria María de los Ángeles Sacnun propone derogar dos incisos del decreto 432/1997, sobre el que la cartera de Desarrollo Social avanzó para dar de baja 170 mil pensiones desde la asunción de Mauricio Macri. Por su parte, el senador del GEN Jaime Linares redactó un proyecto en el que solicita que sea el Gobierno el que avance en la derogación del decreto.  

"En los últimos meses ha sido alarmante la cantidad de argentinos que cobraban pensiones no contributivas, cuyos beneficios han sido dados de baja, debido a una interpretación exagerada del Ministerio de Desarrollo Social", advierte la senadora santafesina en su proyecto. Sacnun agrega que la "decisión del gobierno nacional tiene una incidencia altamente negativa en la población, no solo porque se le quitan ingresos genuinos que poseían, sino porque también se les impide la posibilidad de contar con la afiliación ante el PAMI".

La iniciativa del senadora del FpV cuenta con las firmas de los senadores Marcelo Fuentes, Ana Claudia Almiron, Liliana Fellner, Hilda Aguirre de Soria, María Inés Pilatti Vergara y Anabel Fernández Sagasti. Sacnun precisa que se deben derogar los "incisos f) y h) del Anexo I, artículo 1° del decreto 432/1997", los cuales fueron utilizados por el ministerio encabezado por Stanley para dar de baja pensiones por discapacidad.

En ese sentido, la senadora exige al Poder Ejecutivo que ajuste "el dictado de la normativa para la tramitación de pensiones no contributivas a las normas establecidas en la Convención de los Personas con Discapacidad, que cuenta con jerarquía constitucional" y señaló que de esta manera se evitará "recursos administrativos y acciones judiciales que ralenticen el otorgamiento de los derechos".

Por su parte, Linares presentó un proyecto de resolución por el que solicita al Poder Ejecutivo que "proceda a la derogación del Decreto 432/97, por el cual se establecen condiciones de indigencia como requisito a ser beneficiario de las pensiones por invalidez" que en su opinión contradice "lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 26.378".