La Corte de Justicia de Salta confirmó una medida cautelar resuelta por la jueza de Minas, Victoria Mossman, que ordenó a la provincia disponer a través de una persona o dependencia, el enlace necesario para responder a las urgencias de las infancias wichí requirentes del acceso a la salud.

Esta orden, dictada por Mossman en el marco de un recurso de amparo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Nación, había sido apelada por la provincia ante el máximo tribunal salteño. Pero al igual que en el marco de la causa que elevó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Corte de Justicia resolvió enmarcándose en el interés superior de NNyA.

Al momento de resolver, Mossman meritó la situación de urgencia y emergencia sanitaria de las infancias y adolescencias originarias y su vulnerabilidad multicausal e interseccional. Ponderó la existencia de un riesgo para el derecho a una vida digna de NNyA wichís de los departamentos del norte salteño, para justificar una actividad preventiva tendiente a evitar la consumación de cualquier daño irreparable.

Con estas y otras razones, había ordenado “que los titulares de las carteras de Salud y Desarrollo Social comuniquen el nombre de una persona o dependencia que funcione de enlace frente a situaciones de urgencia del colectivo afectado, para evitar faltas de coordinación o pérdida de tiempo en detrimento de los derechos de las personas involucradas”, además de disponer que la provincia lleve a cabo “diversas medidas de información y publicidad para tornar efectivo lo dispuesto”.

Si bien esta disposición implicaba una acción que pareciera bastante sencilla, poner carteles en idiomas originarios en los organismos oficiales cercanos a los lugares donde residen habitantes indígenas con al menos un número de contacto al que se pudiera llamar para informar urgencias, el gobierno de Gustavo Sáenz apeló la resolución.

En los fundamentos de su impugnación la provincia sostuvo que “la orden de indicar una persona o dependencia que gestione las situaciones de emergencia de los niños wichí redunda en una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, implica un gasto y una reestructuración de la administración pública. Por tales razones considera que lo decidido resulta arbitrario y carente de fundamento jurídico”, por lo que solicitó revocar la medida cautelar dictada.

La decisión de la Corte también se tomó el lunes pasado. Desde la Defensoría de NNyA de la Nación se indicó que todavía no habían recibido notificación oficial alguna de esta resolución.

La falta de salud intercultural en un debate

Tras las últimas muertes por desnutrición de niñes wichís en General Mosconi, en el departamento San Martín, y las protestas de las comunidades de la zona, el ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, se reunió el martes último con los referentes originarios.

Por el video que viralizó el canal Mosconi TV, y que captó al menos media hora de esa conversación, se pudo notar con claridad la falta de instrumentación de la Ley de Salud Intercultural sancionada en 2014 y el pedido continuo de las comunidades de contar con personas que entiendan su idiosincrasia para poder tener un real acceso al sistema de salud pública.

Eso fue lo que dijo a Esteban el referente indígena Isaac Medina. Y es que el funcionario había reiterado que pese al trabajo de la cartera de Salud y asociaciones civiles en la zona “el amperímetro (de la desnutrición) jamás se cambió”.

“El problema es que los chicos llegan al Hospital con un cuadro muy grave e importante, que es la septicemia, que es la infección de la sangre. Los caciques son aliados de la comunidad y debe haber otro tipo de alarma entre los originarios”, señaló el ministro. 

Sin retraso, Medina contestó: “Queremos que haya gente de las comunidades trabajando en el Hospital. He visto como viene gente (originaria) que no sabe hablar (el castellano), y es donde hacen falta agentes aborígenes. En un año hubo cerca de 40 agentes sanitarios pero marginaron a los indígenas y acomodaron a los criollos. Dejan a un costado a la gente de pueblos originarios. Las madres no entienden lo que les explican. Tiene que haber un agente sanitario que pueda hacer entender a las madres”, sostuvo. 

El referente contó que también fue agente sanitario por un tiempo. Incluso sostuvo que muchas veces al llegar al Hospital las parturientas y no entender qué tienen que hacer o qué les están haciendo al atenderlas, "tiraron de los piecitos (del niño o niña) para afuera y han fallecido". 

Lo de la contratación de personas de las comunidades indígenas se conecta con otro problema estructural: la falta de finalización de los estudios secundarios entre adolescentes de los pueblos originarios. Este es uno de los requisitos que se imponen para poder acceder a la capacitación de agente sanitario. 

Pero también surge un inconveniente para aquellos que quieran estudiar enfermería. Pues sucede que los integrantes de las comunidades que llegaron a terminar con esfuerzo el secundario, deben pasar exámenes de ingreso (dado que hay cupos) en los que compiten o con otros chicos que no tuvieron la dificultad idiomática y de discriminación estructural en los estudios, o que incluso tienen más estudios que ellos y por lo tanto, mayores posibilidades de ingresar como agente de salud.

Ante este panorama no es extraño que, como dijo el ministro ante los referentes en el debate del martes, “cuando tengo que nombrar enfermeros de las comunidades surgen problemas” por la falta de capacitación.