Hay consenso en el Concejo municipal para que mañana surja una declaración de repudio contra el recorte de pensiones graciables ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En simultáneo, allí preparan una serie de casos concretos de familias damnificadas por dicho ajuste para presentar ante la Justicia un recurso de amparo por la restitución del beneficio asistencial sustraído. "La atención estatal para las personas discapacitadas ya es un derecho inalienable con rango constitucional. Lo que hace el gobierno es un retroceso muy grande, de una torpeza conceptual inédita", fustigó la presidenta del Concejo, Daniela León.
El contexto lo dan las 83.133 pensiones eliminadas en lo que va del año, según registró el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), en base a datos de la cartera que dirige Carolina Stanley, y que el gobierno no desmintió. "Lo que la ministra no tiene en cuenta al aplicar el decreto de Menem, es que esa norma ya es violatoria de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que Argentina incorporó en 2008 y que en 2014 asumió rango constitucional", señaló la titular del Concejo en alusión a la re aplicación del decreto 432, del año 1997, por el cual el gobierno de Cambiemos se valió para justificar varios recortes a los derechos de pensión por invalidez o de madres de 7 o más hijos. "Pero en ese momento, el paradigma era otro: la discapacidad se la consideraba una enfermedad y, por lo tanto, era una problemática abordable desde la salud. Hoy no, hoy un discapacitado es un sujeto de derecho, no un objeto de asistencialismo, y su abordaje se da desde los Derechos Humanos. Lo que hace el gobierno implica un retroceso profundo. En nombre del ajuste, consideran un gasto lo que es un derecho consagrado por tratados internacionales", se escandalizó León, en alusión a la intención del gobierno de achicar el gasto hasta cumplir la meta del 4,2 por ciento de déficit fiscal.
La edila consensuó con la mayoría de los bloques un proyecto de declaración que expresa a nivel institucional "enérgico repudio" al recorte aplicado, "un claro perjuicio de garantías constitucionales por parte de un colectivo vulnerable como lo es el de las personas con discapacidad".
El decreto en cuestión, que estuvo fuera de aplicación en la última década, reinstala ahora restricciones que el Ministerio está aplicando a mansalva. "No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna", dice uno de los considerandos, por lo que de esta manera han eliminado pensiones porque alguien en la familia del pensionado es jubilado. "No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia", postula otro inciso, y con eso como excusa el gobierno eliminó -en el colmo del asunto- pensiones a discapacitados cuya familia posee un auto, o tiene como ingresos mensuales unos tres salarios mínimos, o sea, 21.000 pesos.
"La realidad es que ninguna pensión alcanza porque el sistema genera una doble desventaja: por ejemplo, quien usa una silla de ruedas sin dudas necesita a menudo de un taxi para movilizarse y eso ya representa un gasto extra, y por lo tanto, 4.000 pesos no cubre las necesidades de esa persona", marcó León.
En el Palacio Vasallo están preparando casos distintos de pensionados rosarinos que han sufrido la caída de la asistencia estatal. Y León los llevará a Tribunales como recurso de amparo o medida cautelar, con el propósito de sentar un antecedente y forzar desde la Justicia al gobierno a restaurar los subsidios interrumpidos.
