Es el 20 de julio de 1976. Es de madrugada en Libertador General San Martín, Jujuy. Hace frío y, para colmo, no hay luz. Silvia Evelina Álvarez tiene 10 años y la despiertan los golpes que abren la puerta de su casa: una patota ingresa en penumbras, a los empujones y gritos. Llaman a su padre, Hipólito Álvarez, a quien logran esposar, y se lo llevan. La historia ocurrió hace 46 años exactamente, pero Silvia logró reconstruirla como si hubiera sido ayer en el marco del megajuicio que transcurrió los últimos tres años en la provincia con dos grandes ausentes en el banquillo de los acusados: Carlos Blaquier y Alberto Lemos, dueño y exadministrador de Ingenio Ledesma, la empresa en la que trabajaba Hipólito y otres tantes detenides de manera clandestina durante aquellos días, conocidos como “La Noche del Apagón”, y otros períodos de la última dictadura cívico militar. La propia justicia les aseguró casi una década extra de impunidad, al demorar un enjuiciamiento que hasta el día de hoy no tiene fecha, pero no logró impedir que la verdad se oyera a viva voz. A través de los testimonios que vertieron en aquel debate que transita su etapa de alegatos, algunes sobrevivientes y familiares, como Silvia, describieron la participación de Blaquier, Lemos y otros directivos de la empresa que murieron impunes en esas violaciones a los derechos humanos.

Esos relatos, muchos de ellos vertidos por primera vez ante un tribunal, fueron la base sobre la que las querellas decidieron construir uno de los puntos de sus alegatos elaborado especialmente: el que exigió medidas a la Justicia acciones sobre la responsabilidad de las empresas provinciales en los crímenes en debate a pesar de la ausencia clave de empresarios en el banquillo de los acusados. “Éste es el juicio que debería haber juzgado a Blaquier y a Lemos, pero hubo decisiones judiciales que les garantizaron impunidad”, subrayó Paula Álvarez Carreras, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el sexto juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia, que comenzó en junio de 2018, reunió los hechos de 16 causas, revisó los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones sufridas por un centenar de personas sucedidas en diferentes ciudades de la provincia durante la última dictadura y sentó en el banquillo a 23 acusados, entre militares, policías, gendarmes, penitenciarios y civiles. Entre los sucesos bajo juicio se encuentran los delitos cometidos contra trabajadores del Ingenio Ledesma y de Mina El Aguilar, dos casos en los que la complicidad empresarial queda expuesta. 

Los testimonios

El padre de Silvia, Hipólito, era sindicalista y obrero de Ledesma. Fue el primer trabajador secuestrado de Calilegüa que recuperó su libertad, recordó ella durante su testimonio. También contó que el hombre renunció “porque estaba seguro que los jerárquicos del lugar habían entregado listas con los nombres” de trabajadores. Hipólito logró contar ante la justicia lo que sufrió y supo décadas después, pero no llegó al debate, falleció antes.

Norma Beatríz Narváez era un poquito más grande que Silvia cuando le tocó atravesar una situación similar: en la noche del 21 de julio una patota irrumpió en su casa y se llevó a su papá, Héctor Narváez, El mismo día fue detenido el hermano de Norma. Ambos trabajaban en Ledesma, ambos fueron llevados al centro clandestino que montaron los represores en Guerrero. Contó que aquel día constantemente pasaban camionetas de la empresa Ledesma por la calle de su casa y que al momento de ser liberados, su padre y hermano estaban muy lastimados por la tortura.

En junio de 2019 declaró ante el Tribunal Oral Federal René Orlando Rodríguez, que fabricaba soda cáustica en el ingenio de Blaquier y fue secuestrado durante la Noche del Apagón: se lo llevaron de su casa, vendado y maniatado, lo tuvieron unos días en la comisaría de Ledesma, en cuya puerta vio una camioneta de Ledesma con el número 79. Lo llevaron a un lugar dentro del ingenio y luego lo devolvieron a la comisaría. Contó que fue torturado física y psicológicamente, que oyó como otras personas secuestradas en los mismos lugares en donde estuvo él fueron abusadas. Y que cuando fue liberado, quiso recuperar su trabajo y no pudo, pues había sido despedido.

En su exposición, la sobreviviente Hilda del Valle Figueroa, que fue secuestrada en la madrugada del 21 de julio camino a su casa en Calilegua, pidió que Blaquier y Lemos sean juzgados y “no queden impunes”. “Facilitaron listas, direcciones y vehículos. Ellos son responsables, dieron órdenes”, aseguró. Por su parte, el sobreviviente Luis Alfaro Vasco sostuvo que “Ledesma fue uno de los lugares donde más gente se ha detenido y torturado, ¿A quién beneficiaba, quién mandó? Agarraron a toda la comisión directiva del sindicato que no le convenía” durante el testimonio que ofreció ante el Tribunal, cuando también aseguró: “Yo vine aquí porque hay que hacer justicia y meter presos a los que realmente cargan armas cuando hay golpes, que son los que mandan, y son los dueños del poder real, que no son los gobiernos, sino los Magnetto, los Pérez Companc, los Roca, ellos son los que mandan a reprimir, eso lo sabe todo el mundo”. Luis fue secuestrado en uno de los operativos de la noche del Apagón, en Libertador General San Martín.

Su hermano, Oscar, vio como lo cargaban esa noche en una camioneta doble cabina de la empresa Ledesma. Oscar también fue secuestrado y mantenido cautivo en el centro clandestino de Guerrero, como muchas otras víctimas, y también fue testigo en el juicio. Quiso declarar con una venda en los ojos, “tabicado” con el objetivo de “contar el horror” que había vivido. No lo dejaron.

El ex trabajador del ingenio Juan Carlos Lescano cayó en octubre del 76. “Creo que el motivo de mi detención fue porque fui al sindicato a pedir asesoramiento a Melitón Vázquez, secretario gremial, yo tenía anotado en el conforme todas las horas extra que hacía de las que no me salía el pago”, testimonió en 2019 ante el tribunal a cuyo juez se dirigió: “Sr juez, lo que hicieron con la gente fue totalmente inhumano, pienso con cuánto dinero de los trabajadores se quedó Ledesma”.

La verdad

Blaquier y Lemos fueron procesados en 2012 por haber participado en el secuestro de 29 personas entre marzo y julio de 1976. Algunas, como el entonces intendente de Libertador General San Martín –en donde está emplazado el Ingenio Ledesma–, fueron detenidas clandestinamente el día del golpe, el 24 de marzo; la mayoría, en lo que se conoce como la Noche del Apagón, un conjunto de operativos que se llevaron a cabo en ese pueblo y en otros cercanos, como Calilegua, entre el 20 y el 27 de julio del mismo año. Aquellas patotas actuaron con vehículos y otros recursos aportados por Ledesma, en la oscuridad de cortes masivos de luz. Sus procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal de Salta, pero revertidos “de manera irregular”, aclaró Álvarez Carreras, por la Cámara de Casación Penal que en 2015 les dictó la falta de mérito. Un recurso extraordinario llevó a discusión a la Corte Suprema, que se demoró seis años en decir que lo que habían hecho los casadores era arbitrario.

“Fue tarde, la posibilidad de juzgarlos con todas las garantías ante un Tribunal como están siendo juzgados los otros 20 acusados se perdió”, apuntó la querellante en representación del Ejecutivo nacional. Sin embargo, los testimonios que sostuvieron una década atrás el procesamiento del empresario y sus empleados jerárquicos como partícipes del terrorismo de Estado salieron a la luz durante el debate y, de algún modo, sirvieron para “despejar de dudas el nivel de responsabilidad de Blaquier y Lemos”.

Así, algunos de los testimonios mencionados junto a los relatos emblemáticos de Olga Aredez y de sus hijos Ricardo, Adriana, Lios y Olga, familia del intendente desaparecido desde mayo de 1977, o del trabajador de Ledesma, secuestrado y sobreviviente Ernesto Samán, por ejemplo, las querellas construyeron en su alegato un apartado que “diera cuenta de la participación de la empresa en los crímenes bajo juicio, no solo con el aporte de insumos, sino también desde la motivación de los hechos. Muchos de los secuestrados eran delegados sindicales o trabajadores del Ingenio y los fueron a buscar para perseguirlos, para estigmatizarlos, para amedrentar y asustar a la población toda”, remarcó Álvarez Carreras. Algunos luego fueron desaparecidos, otros sobrevivieron, pero fueron despedidos sin motivo, sin pago de indemnización, bajo amenaza.

Tras el fallo de la Corte Suprema, en octubre pasado el Juzgado federal número 2 de Jujuy elevó a juicio oral la causas que los tenían a Blaquier y a Lemos como imputados. Aún se espera que el Tribunal fije fecha de ese debate que no tiene confirmada la presencia de Blaquier en el banquillo: luego de que dos informes periciales determinaran que no está en condiciones de afrontar un debate oral, la Casación ordenó realizar nuevas pruebas.