Un grupo de treinta organizaciones de usuarios y consumidores le enviaron una carta al secretario de Energía, Darío Martínez, solicitándole que se extienda hasta el 30 de septiembre el plazo de inscripción al registro de acceso a los subsidios a la electricidad y el gas y se postergue hasta octubre la puesta en marcha de la segmentación. Además, solicitaron que se informe fehacientemente cuál será el valor que deberán pagar aquellos usuarios de mayores recursos que dejen de percibir los subsidios. Energía anticipó que su objetivo es tener listos los nuevos cuatros tarifarios en agosto. Fuentes oficiales informaron a PáginaI12 que hasta este domingo por la tarde se inscribieron 4,8 millones de usuarios.

La carta está firmada por todas las asociaciones que integran las comisiones de usuarios del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), entre las que se encuentran Adecua, Cepis, Consumidores Libres, Deuco y Unión de Usuarios y Consumidores.

Las entidades sostienen que los 12 días que se dieron de plazo para la inscripción resultarán insuficientes si se toman en cuenta que los hogares con electricidad son unos 16,5 millones y los hogares con gas por redes 9,7 millones. 

Incluso remarcan que a muchos de los que han querido inscribirse personalmente en Anses o en las distribuidoras, por no tener acceso a internet, les han dado turno “para fechas posteriores a las incluidas en el cronograma de fechas estipulado por la Secretaría de Energía”. 

También cuestionan que no hayan sido incluidos en esos canales de inscripción alternativos el Enargas, el ENRE y los entes reguladores provinciales de la energía eléctrica. “Esta situación presupone una falta de coordinación imprescindible entre la Secretaría de Energía y los organismos de control y regulación que fueron designados por el artículo 9° del Decreto 332/2022 como Unidades Operativas de Implementación de los Servicios que regulan”, remarcan.

A raíz de esto piden que se extienda la inscripción hasta el 30 de septiembre y se postergue la fecha de inicio de la quita de subsidios hasta el 1 de octubre.

También piden que “se exceptúe de la presentación de la Declaración Jurada a los beneficiarios de la Tarifa Social del gas y de la electricidad, de la Tarjeta Alimentar, de la Asignación Universal por Hijo y de todo poseedor de un plan social cuyo otorgamiento esté basado en la condición de pobreza o indigencia del beneficiario, incluyéndolos en forma automática al Nivel 2 de Menores Ingresos”.

Las asociaciones reclaman también que “se informe fehacientemente cuál será el valor del costo pleno de la energía y potencia de la electricidad y el pago del costo promedio ponderado del gas que se utiliza para abastecer a la demanda prioritaria a pagar por los usuarios que dejen de percibir el subsidio del Estado nacional”. Sobre este punto, el gobierno no ha dado precisiones. 

El secretario de Energía, Darío Martinez, afirmó la semana pasada que en el caso de la electricidad la quita del subsidio supondrá un aumento para los hogares de unos 1200 pesos por bimestre durante los próximos seis meses hasta acumular un adicional de 3600 pesos. Sin embargo, el incremento en términos absolutos no va a ser para todos igual, pues si así fuera los menores consumos pagarían  mucho más en términos porcentuales. Por ejemplo, siguiendo la lógica del funcionario, si un hogar paga 3600 pesos de electricidad por bimestre debería enfrentar un aumento de 100 por ciento, pero si paga 500 pesos la suba sería del 600 por ciento.

Otro dato que llama la atención es que hasta el momento la Secretaría de Energía no publicó los precios mayoristas de la energía que deberán afrontar los usuarios que pierdan los subsidios, como para que las distribuidoras puedan empezar a trabajar en el diseño de los nuevos cuadros tarifarios junto con los entes reguladores.